El 4 de diciembre los medios brasileños e internacionales divulgaron en un tono alto y fuerte lo que sería el inicio de la salvación de la Amazonia, la constitución por decreto del gobernador del Estado de Pará (Amazonia, Brasil) de la “mayor área ambiental protegida por ley en todo el planeta” o incluso “la mayor área de selva tropical protegida por ley y monitoreada por satélite” . Sin embargo, ¿en qué medida lo que alardean los medios corresponde a las reales intenciones gubernamentales y a las expectativas de la población local? ¿Cuál es la efectividad de las medidas en relación a la protección ambiental de áreas amenazadas? ¿Cuáles son las repercusiones sociales para las comunidades locales?

Para situarnos, se presentan abajo algunos datos y conceptos:

• Florestas Estaduais (FLOTAS) son áreas públicas (pertenecen al gobierno) que pueden ser cedidas para la explotación sustentable. Como esas áreas no pueden ser vendidas, las poblaciones tradicionales continúan ocupándolas, sin un título de posesión. El gobierno estadual decretó la creación de la flota PARU (con 3.612.914,02 hectáreas), la flota TROMBETAS (con 3.172.978 hectáreas), la flota FARO con (635.954,72 hectáreas) y la flota IRIRI (con 440.493,70).
 

• Estación Ecológica y Reserva Biológica son áreas con gran valor biológico y poco alteradas, siendo permitidas apenas actividades de turismo e investigación. Se creó la Estación Ecológica Gran Pará (con 4.245.819 hectáreas) y la Reserva Biológica Maicuru (con 1.151.761 hectáreas).
 

• Área de Protección Ambiental (APA), formada por áreas privadas que continuarán en esta condición y por tierras que pasarán al patrimonio del Estado. Por ser áreas más impactadas por la acción humana, el decreto autoriza regular su uso. Se creó el área protegida Triunfo de Xingu (con 1.679,52 hectáreas).

Un rápido análisis de los números muestra que la mayoría está formada por “áreas protegidas” que posibilitan la explotación de madera, agricultura y ganado, una vez que la noción legal de floresta nacional, estadual y municipal ven como las áreas de protección ambiental son cambiadas, sobre todo para un uso sustentable de los recursos naturales, sin imponer limitaciones administrativas para la protección del medio de vida y la cultura de las poblaciones tradicionales. En el caso específico del Estado de Pará, el decreto del gobernador Simón Jatene favoreció a la industria maderera que podrá explorar 7,8 millones de hectáreas de florestas ricas en especies de alto valor comercial.

La lógica que rigió la creación de las flotas pareció no considerar o minimizar la presencia de comunidades tradicionales en las áreas, una vez que las flotas sean concedidas para la explotación de madera y otros productos forestales, dando a entender que le cabría a la región el papel de producir madera de alto valor comercial en el mercado interno y externo, una especie de “vocación natural” de la región a ser perseguida y materializada en el mediano y largo plazo.

De esta forma, el gobierno del Estado de Pará parece privilegiar el desarrollo bajo el costo de la anulación de los actores locales y comunitarios como agentes de desarrollo con justicia ambiental y social, reproduciendo la marca centenaria de los ciclos de exportación de la Amazonia, en el que las poblaciones locales no cuentan como sujetos políticos y la naturaleza es apenas un recurso a ser explorado.

Esta misma lógica se expresa en la ansiedad del sector maderero en entrar en las “áreas protegidas”, esta vez no de forma ilegal sino sobre un manto de legalidad, como bien expresó Justiano Neto, director de la Asociación de Industrias Exportadoras de Madera del Estado de Pará (AIMEX): “La clase productiva ve esa medida con buenos ojos. Esos decretos permiten la explotación forestal, pero dentro del manejo forestal. Tenemos empresas certificadas y nos estamos preparando para las licitaciones”.

La argumentación del sector maderero y del gobierno estadual gira en torno a la noción de sustentabilidad en la explotación de la selva, lo que sería garantizado por los planes de manejo sustentado que vayan a ser desarrollados por las empresas. Sin embargo, lo que demuestra la realidad es que la amplia mayoría de este sector es refractaria a la noción de manejo sustentado y los órganos de fiscalización y control no han tenido condiciones presupuestarias, técnicas y de personal para un control efectivo y eficaz de la actividad, lo que torna a la flota mas que en una solución, en un desafío a ser enfrentado por el sector público en cuanto a su eficacia.

Este proceso de separación de las comunidades tradicionales en cuanto a la discusión de la gestión de recursos naturales en el Estado de Pará se materializó en un movimiento de resistencia de catorce comunidades que serían atendidas por la creación de la Flota Amazonia y la APA Santa María da Prainha. Las comunidades consiguieron movilizar al Ministerio Público Federal para conseguir una resolución judicial para impedir la creación de estas “áreas protegidas”. Los habitantes de estas comunidades reivindican que las áreas en cuestión sean transformadas en reserva extractivista, un modelo de preservación bien diferente al propuesto por el gobierno de Pará, ya que permite la titulación de posesión a los habitantes tradicionales, así como impide la explotación de recursos naturales sin la gerencia de los comunitarios.

Con los decretos del gobernador, el Estado de Pará fue colocado en los medios nacionales e internacionales, sin embargo, el gerenciamiento de la cuestión ambiental en una unidad de la federación brasilera está marcada por la ausencia de políticas públicas eficaces en garantizar los derechos y por una acción reguladora inexistente del Estado durante los conflictos en torno de la tierra y de los recursos naturales, exige mucho más que acciones de impacto mediático.

Se necesita implementar mecanismos que garantizan la efectiva protección de las áreas definidas por los decretos gubernamentales, esto significa establecer inversiones presupuestarias en personal e infraestructura de control y fiscalización. Se exigen mejorías en el actual estado de monitoreo y control ambiental ejecutados por los órganos gestores ambientales. Al mismo tiempo hay que considerar que la gran mayoría del empresariado ligado al sector de exploración de los recursos naturales en el Estado de Pará todavía ejecutan sus actividades sin preocuparse por el manejo sustentado y además sin cumplir con las exigencias y condiciones de regulación del trabajo, como por ejemplo a lo relativo al trabajo esclavo.

Finalmente, no hay como establecer procesos de preservación o uso sustentado de los recursos naturales en la Amazonia sin un diálogo con las poblaciones locales directamente involucradas en la cuestión ambiental, en vista de construir acciones concretas de gobernanza y procesos de desarrollo que coloquen al ser humano como centro sobre los principios de la justicia y la equidad. En el caso del Estado de Pará muy poco fue hecho, lo que apunta a la emergencia de nuevas movilizaciones de las comunidades tradicionales en torno a la cuestión.

Notas:

(1) Jornal O Liberal (Brasil, Pará) del 5/12/2006.

(2) Jornal The Independent (Inglaterra, Londres) del 4/12/2006.

(3) Entrevista en el Jornal O Liberal del 5/12/2006.

Publicado en el semanario Peripecias Nº 27 el 13 de diciembre 2006. Se permite la reproducción del artículo siempre que se cite la fuente. Licencia de Creative Commons con algunas restricciones.