El complejo Hidroeléctrico del Río Madeira consta de dos represas. La usina de Santo Antonio, ubicada a 10 kilómetros de Porto Velho con capacidad para generar 3.150 MW de electricidad que tendrá un lago de 271,3 km2 y Jirau, la segunda usina, que está planificada para ser construida a 136 km de la capital de Rondônia y a 50 km la frontera con Bolivia, con un potencial de generación de 3.300 MW y un reservorio de 258 km2. Según la empresa, los reservorios son relativamente pequeños y no ocasionarán impactos ya que –a diferencia de las represas convencionales- las turbinas bulbo que serán utilizadas no trabajan tanto con la velocidad que provoca la caída del agua, sino con la velocidad propia del río.

Sin embargo para muchos académicos, incluso de la propia IBAMA (órgano encargado de las autorizaciones ambientales en Brasil), este río carga con la mitad de los sedimentos de toda la cuenca amazónica y su acumulación generará inundaciones en territorio boliviano, con consecuencias para la economía de las poblaciones ribereñas, particularmente la pesca. Según investigadores bolivianos, la expansión del lago podría inundar la región de Riberalta y Guayaramerin, donde viven más de 100.000 personas. "Los mismos estudios realizados hasta ahora por el consorcio brasileño que desea construir las usinas muestran que, desde 1990, se ha incrementado en dos por ciento el nivel de sedimentos en el lecho del río", declaró Pablo Villegas del Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade) uno de los agrupamientos ambientalistas más importantes del país. “Ellos mismos estiman que en 50 años el fondo del río se habrá elevado hasta en 20 metros, ampliando el lago que será formado por las centrales de San Antonio y Jirau", agregó.

También se teme por las toneladas de mercurio uitilizadas por los “garimpeiros” durante más de una década, depositadas en el fondo del río Madeira y el aumento de la malaria al crear un medio ambiente favorable para la proliferación del mosquito transmisor. Otro de los factores que para los técnicos tendrá impactos irreversibles es la imposibilidad para los grandes bagres de remontar las represas en sus ciclos de migraciones lo que tendría consecuencias en los recursos pesqueros de Bolivia y Perú.

Bolivia preocupada

Durante noviembre y lo que va de diciembre, se sucedieron pedidos de informes de parte del gobierno boliviano y encuentros entre los cancilleres de Bolivia y Brasil, David Choquehuanca y Celso Amorín respectivamente. En carta fechada el 7 de noviembre, el ministro boliviano había dado a conocer a su par brasileño la preocupación del gobierno sobre estas obras. Amorín dijo que era legítima la preocupación de Bolivia pero que no había motivos para ello y lo invitó a visitar Brasil y enterarse de primera mano de los planes de las obras. "No nos oponemos y hasta queremos ser parte, si el complejo sobre el río Madeira no afecta la soberanía boliviana ni al pueblo de esa región", declaró el viceministro de Electricidad de Bolivia, Jerjes Mercado.

A raíz de todas las dudas y cuestionamientos que ha levantado el proyecto, el Ministerio Público Federal resolvió cancelar las últimas dos audiencias públicas previstas mientras el IBAMA termina de hacer los análisis correspondientes. Este retraso impedirá que la central pueda participar en la próxima licitación para la compra de energía prevista por la Agencia Nacional (ANEEL) para fin de diciembre.

Interna complicada

Las demoras en el otorgamiento de las licencias ambientales han sido frecuentemente criticadas por autoridades del gobierno brasileño, particularmente las vinculadas al área energética. El presidente Luis Ignacio “Lula” Da Silva dijo el pasado 21 de noviembre -mientras inauguraba una planta de biodiesel- que no sabía cuales eran las soluciones para el crecimiento pero prometió dedicarse a encontrar las formas de “destrabar el país”. “A ver si quito todas las trabas que tengo con el medio ambiente, con el Ministerio Público, todas las trabas con la cuestión de los quilombolas (afro-descendientes) con la cuestión de los indios brasileños…”.

La andanada de críticas por responsabilizar a los ambientalistas, los negros y los indios por el retraso económico brasileño no se hizo esperar. Una declaración de repudio a los dichos del presidente firmada pocos días después por la Asociación Brasileña de ONGs y otras 50 organizaciones ambientalistas de Brasil lleva por título: “Desenvolvimento, sim. De qualquer jeito, não”. Pero también le salió al cruce su propia ministra de ambiente Marina Da Silva que acompañó un manifiesto emanado del CONAMA (Consejo Nacional de Medio Ambiente) que expresa su “preocupación” e “indignación” con los dichos del Presidente y resalta que el problema con el atraso de los licenciamientos es la mala calidad de los proyectos presentados.

“El medio ambiente no es el villano del desarrollo. Si no es sustentable, no es desarrollo; es la repetición de las catástrofes que hemos estado viendo y combatiendo” declaró la ministra a Folha de Sao Paulo. Según Marina Da Silva (que no sabe si seguirá en el cargo después de fin de año) los problemas con las autorizaciones ambientales están limitados a unos pocos emprendimientos como la hidroeléctrica de Belo Monte y la transposición del Río San Francisco.

En el medio de esta polémica, la filial en Rondonia de la poderosa CUT, la central de trabajadores brasileña, emitió un comunicado el pasado 29 de noviembre en el que, reconoce que “las preocupaciones y cuestionamientos presentados por los ambientalistas en su mayoría son relevantes” y que “es necesario establecer con claridad las acciones e inversiones necesarias para minimizar los problemas que serán generados”. Sin embargo la CUT termina apoyando las represas, ya que considerando que “las alternativas para la generación de energía que Brasil necesita para los próximos años son limitadas, la CUT manifiesta, su posicionamiento favorable al prosiguimiento del proceso de licenciamiento del conjunto hidroeléctrico del Río Madeira”.

Por su parte la Agencia Nacional de Energía Eléctrica negó que las represas fueran a causar inundaciones del lado boliviano. Su director Jerson Kelman dijo a O Estado de Sao Paulo que las críticas vienen de gente que quiere causar “falsos problemas, sea porque prefieren que Brasil genere energía por termoeléctricas o porque no quieren que el Brasil se desarrolle o porque tienen alguna objeción estética en relación a las usinas”.

Sin embargo el informe realizado por el Ministerio Público Estadual de Rondonia resalta más de una decena de fallas en el Estudio de Impacto Ambiental y exige mayores análisis en dos niveles: que se realicen estudios más detallados de los impactos de las obras en la cuenca amazónica y que se analicen los impactos sobre la margen boliviana. Esto va para largo.

La gracia legislativa

Para agilizar los trámites ambientales, Lula se apresta a enviar al Congreso el polémico proyecto de ley que crea las Reservas Estratégicas de los Potenciales de Energía Hidráulica. Las áreas que sean declaradas reservas bajo esta ley serán destinadas prioritariamente a la generación de electricidad y recibirán un tratamiento especial que acelerará los trámites para la obtención de las licencias ambientales. Vale la pena recodar que casi todo el potencial hidroeléctrico brasileño se encuentra en medio de los frágiles ecosistemas amazónicos incluyendo el problemático complejo del Río Madeira. La medida también alcanzaría a los trabajos que fueran necesarios para el tendido de las redes de transmisión que tengan que cruzar reservas ambientales o indígenas. Según el programa del Ministerio de Minas y Energía, el gobierno quiere invertir 140 mil millones de reales en los próximos 10 años en infraestructura energética.

Versión revisada de un artículo publicado originalmente en el suplemento Energía de La Diaria (Montevideo), el 29 de diciembre 2006. Reproducido en el semanario Peripecias Nº 30 el 10 de enero de 2007. Se reproduce en nuestro sitio con el consentimiento del autor.