Lo que en la actualidad sucede en territorio tarijeño es la confirmación de que el gas natural no es una bendición ni una ventaja, sino que está en tránsito a convertirse en una maldición.

Es decir, en la conocida “maldición de los recursos naturales”, que se puede definir como la profundización de la pobreza en un país que dispone de un abundante recurso natural no renovable, pero cuya explotación no logra el advenimiento de un bienestar con oportunidades para todos, sino, por el contrario, de una lucha fratricida acicateada por el espejismo de acceder a una “tajada” de ese dinero caído del cielo, como un maná en pleno siglo XXI, que puede ser, según un aplaudido concepto escuchado en el Palacio Quemado, el “sueldo de los próximos 30 años”.

Es la disputa rentista. En realidad, se trata de la segunda “guerra del gas”. La primera dejó 67 muertos y más de un centenar de heridos en el altiplano; esta última tiene como escenario el candente Chaco, donde ya hay dos muertos y casi 40 heridos. Es una guerra, como señala el columnista Iván Arias, en la que se mata por dinero.

Mientras la dirigencia cívica y política de la provincia tarijeña del Gran Chaco ha resuelto no asistir a la reunión conciliatoria convocada por el Gobierno en La Paz, porque toda negociación, aseguran, tiene que realizarse en Villamontes, el otro polo de esta contienda, la provincia O’Connor, ha anticipado que estará presente.

Aunque el Gobierno se ha empeñado en demostrar que el conflicto en Villamontes y Yacuiba se debe a la negligencia de la Prefectura de Tarija, finalmente el Ministerio de la Presidencia ha resuelto una recusación contra ese gobierno intermedio, por lo cual ahora el diferendo limítrofe entre las provincias O´Connor y Gran Chaco tiene que ser resuelto en Potosí.

El prefecto de Tarija, Mario Cossío, participará el viernes en la reunión de Villamontes, en tanto que el secretario General de esa institución, Mauricio Lea Plaza, se hará presente en la que fue convocada por el Gobierno en La Paz.

El presidente Evo Morales, desde San Julián, Santa Cruz, ha condenado el jueves 19 las acciones vandálicas registradas en Yacuiba y Villamontes y las ha interpretado como opositoras a la denominada “nacionalización” de los hidrocarburos. “En Yacuiba hay gente infiltrada”, ha señalado en un despacho de la red televisiva ATB. No estará en la reunión de la ciudad benemérita del Gran Chaco.

Por si fuera poco, 50 efectivos policiales han sido capturados y posteriormente liberados en Yacuiba y Caraparí ha tomado “pacíficamente” el campo San Alberto.

¿Cómo se ha llegado a estos extremos? Para encontrar las causas del conflicto, hay que seguir la pista del dinero.

Un 45 por ciento de todas las regalías

La dirigencia cívica y política del Gran Chaco ha comenzado a ejercer una poderosa presión tanto sobre la Prefectura de Tarija como sobre el Gobierno central.

Y ha logrado concesiones cada vez mayores, porque en esa jurisdicción están situadas las plantas de bombeo con las respectivas válvulas de los gasoductos que transportan gas natural a Santa Cruz y Tarija.

Si se paraliza el bombeo, mediante la toma de esas estaciones, se interrumpe el suministro a Brasil, Argentina y a Tarija; en el primer caso, se corre el riesgo de incumplir los contratos internacionales firmados con las dos naciones vecinas, mientras que el efecto sobre la capital valluna es un inmediato corte de energía eléctrica y del extendido servicio de gas domiciliario.

Hace poco, el Gran Chaco logró que se aprobara, en el Poder Legislativo, la ley 3038, en la cual se prescribía que un 20 por ciento de los ingresos por regalías tenía que destinarse a la salud y a la educación. Tarija recibe como regalía un 11 por ciento de la producción hidrocarburífera regional.

No obstante, se incluyó, en el artículo 5º de esa ley, y no precisamente por un error de redacción, que el Gran Chaco debía recibir un 45 por ciento del total de las regalías departamentales, es decir, de la remuneración que reciben todas las regiones petroleras de Tarija, que son tres: Gran Chaco, O’Connor y Arce.

En Bermejo, en la provincia Arce, aún opera el primer pozo productor descubierto por YPFB; O`Connor también es una zona petrolera. Por efecto del artículo 5º de la Ley 3038, el Gran Chaco ahora no sólo debe recibir el 45 por ciento de la producción de los reservorios ubicados en su territorio, sino también un porcentaje de las que les corresponden a las otras dos provincias petroleras tarijeñas.

La regalía consiste en una retribución que se paga al territorio donde se explota un recurso natural no renovable. Sin embargo, el mencionado artículo, en contra de la lógica espacial de la regalía, determina que O’Connor y Arce tienen que ceder un porcentaje de sus ingresos por la explotación de sus reservorios al Gran Chaco.

En la actualidad, Tarija percibe 13.5 millones de dólares mensuales por concepto de regalías; casi un 90 por ciento corresponde a la producción del Gran Chaco, que recibe un 45 por ciento de ese monto, en tanto que el 55 por ciento es para el resto del departamento.

Antes, cuando operaba la Corporación de Desarrollo de Tarija, CODETAR, el Gran Chaco recibía ese 45 por ciento en proyectos centralizados en la capital; pero ahora se abona ese porcentaje automáticamente a una cuenta, de tal modo que esas regiones productoras tienen plena autonomía para definir el destino de sus ingresos; es decir, financian proyectos de pre inversión, de inversión y los ejecutan.

Se presentó inmediatamente, en Tarija, un serio problema derivado de la aprobación de la ley 3038, puesto que O’Connor solicitó también un 45 por ciento y Arce un 15 por ciento del total de las regalías; para satisfacer las pretensiones de las tres provincias, se tendría que disponer de un 110 por ciento de ingresos por regalías.

Con el fin de corregir el exceso incluido en la ley 3038, el senador tarijeño Carlos D’Arlach, elegido por la provincia O’Connor, presentó un proyecto normativo que inmediatamente fue tendenciosamente interpretado por la dirigencia política y cívica chaqueña como un intento por arrebatar ese 45 por ciento del total de las regalías departamentales, cuando el propósito era restablecer una distribución equilibrada.

El diputado chaqueño Willman Cardozo, quien fue el promotor del artículo 5º de la ley 3038, ingresó en huelga de hambre en las instalaciones del Congreso. Finalmente, se postergó el tratamiento de la normativa planteada por D’Arlach hasta que en Tarija, por consenso, se defina un reparto de esos ingresos en consenso.

Cardozo levantó el ayuno, pero cuando el Gran Chaco protesta suelen resucitar otros temas pendientes, como el diferendo limítrofe con la provincia O’Connor por el cantón Chimeo, en el que está localizado uno de los campos más grandes del país, Margarita, o demandas como la instalación de plantas separadoras de gas licuado de petróleo (GLP) en la región, el traslado de una de las vicepresidencias de YPFB o los recurrentes problemas fronterizos en Yacuiba, entre otras.

Cardozo ha culpado a los senadores D’Arlach y Roberto Ruiz Bass Werner de un intento de “sacar del marco jurídico, legal y constitucional los beneficios que recibimos por el gas y el petróleo”, según la agencia ABI.

“El diputado Cardozo presentó un proyecto que afectaba a los ingresos potenciales y reales de las otras provincias, apoderándose del 45 por ciento que le correspondería a O'connor y Arce. Él presentó esto aprovechándose de la aprobación de leyes regionales a la carrera y a las patadas, lamentablemente es así; con una enorme presión se introdujeron estas picardías de contrabando, pues en el artículo 5° aparece el criterio de que se trataría del total departamental, cuando la distribución interna de regalías departamentales merecería una ley expresa producto del consenso departamental y no que entre de contrabando”, explicó Ruiz.

Y cuando en el Gran Chaco surgen protestas, la dirigencia política y cívica las centraliza en el objetivo de cerrar las válvulas de los gasoductos en las estaciones de bombeo.

Provincias enfrentadas

En la actualidad, el campo Margarita operado por Repsol YPF produce, en promedio, no más de 50 millones de pies cúbicos por día de gas natural (MMPCD), frente a los 360 MMPCD de San Alberto y los 440 MMPCD de Sábalo (San Antonio). No obstante, es uno de los reservorios más importantes, al igual que Itaú de la francesa Total.

Pero ese modesto volumen de producción aumentará considerablemente con la firma del contrato con la Argentina, por lo cual el campo Margarita se ha convertido en el núcleo de la disputa limítrofe entre las provincias O’Connor y Gran Chaco.

El proceso administrativo para la delimitación territorial comenzó en mayo de 2005, a pedido de O’Connor, que dispone de más de 1.300 fojas de lo que considera pruebas sobre la propiedad del cantón Chimeo, mientras que el Gran Chaco posee, como se ha señalado, una gran capacidad de movilización.

El prefecto Cossío, quien conoció el proceso en enero de 2006, se excusó de ser la autoridad jurisdiccional que resolviera este caso porque es pariente, argumentó, del Alcalde de Yacuiba, por lo cual delegó esa función al secretario General de la Prefectura, Mauricio Lea Plaza, quien promovió numerosas reuniones conciliatorias que no tuvieron éxito.

También se propuso que el 45 por ciento de las regalías correspondientes al campo Margarita se dividiera en partes iguales entre las dos provincias en litigio –22.5 por ciento para cada una–; aunque Gran Chaco estaba inicialmente de acuerdo, según una fuente consultada por PULSO que pidió el anonimato, dio un paso atrás cuando O’Connor rechazó esa posibilidad y apostó a todo o nada.

Sin embargo, el Gran Chaco sospechaba que la Prefectura tarijeña estaba parcializada con O’Connor, debido a lo presentó una recusación que, de acuerdo con el reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, debía ser definida mediante una resolución por la autoridad jerárquicamente superior o por el órgano de tuición prefectural, que en este caso es el Ministerio de la Presidencia, en un plazo no mayor de 10 días; ahora se sabe que el ministro Quintana recibió el expediente el 8 de febrero de este año, pero lo rechazó hasta tres veces, hasta que finalmente resolvió el miércoles 18 de abril que el diferendo fuera dirimido por el Prefecto de Potosí.

El fallo de este proceso administrativo se fue dilatando porque, entre otros factores, el Gran Chaco no logró producir las suficientes pruebas, por lo cual interpuso numerosos recursos legales; el Gobierno y la dirigencia política y cívica chaqueña han coincidido numerosas veces en fustigar la gestión de Cossío, pero el Presidente, ahora, ha censurado los sucesos vandálicos de Yacuiba y Villamontes, con lo cual ha marcado cierta distancia con el Gran Chaco.

Los cada vez más numerosos conflictos en territorio chaqueño y, recientemente, los bloqueos de campesinos masistas en las inmediaciones de la capital han impedido que la Prefectura de Tarija se aboque plenamente a la gestión de un plan estratégico con cinco pilares, entre los cuales están la integración vial y el impulso al sector productivo. El fuego es cruzado y viene tanto del interior como del exterior de esa región.

En O’Connor, están seguros de obtener un fallo favorable a su pretensión hasta en “una corte celestial”, pero, por si acaso, presentarán un amparo constitucional contra la resolución del Ministerio de la Presidencia, que responde a las exigencias chaqueñas.

Lo cierto es que mientras haya gas no desaparecerán quienes están dispuestos a cosechar réditos políticos, a profundizar la pobreza y la “maldición de los recursos naturales”. Tomando en cuenta que la disputa rentista ya ha causado tantas muertes, ¿no sería mejor que ese combustible permanezca bajo tierra y nos ganemos el sueldo, por los próximos 30 años, con inventiva y esfuerzo?

Publicado en el semanario Pulso (La Paz, Bolivia), 20 de abril 2007. Reproducido en el semanario Peripecias Nº 45 el 25 de abril de 2007. Se reproduce en nuestro sitio únicamente con fines informativos y educativos.