Alberto Acosta, el flamante nuevo Ministro de Energía y Minas del Ecuador, es un economistas bien arraigado en su país. Ha sido muy influyente en el triunfo electoral del presidente Rafael Correa. La formación académica de Alberto Acosta fue en la Universidad de Colonia y sus inclinaciones políticas son cercanas a la socialdemocracia alemana. Ha trabajado toda su vida profesional en ILDIS, la sede de la Fundación Friedrich Ebert en Quito. El ha propuesto el reingreso de Ecuador en la OPEP, aunque como un socio menor.

Acosta acaba de proponer un giro sin precedentes en la política petrolera, a saber, dejar en tierra los mil o mil quinientos de barriles de petróleo pesado de los yacimientos (llamados ITT) del Parque Nacional Yasuní en la Amazonía ecuatoriana, un territorio con indígenas Huaorani, con algunos grupo apenas contactados. Un lugar muy poco apropiado para sacar petróleo, un parque nacional con increible biodiversidad. La moratoria sería posible, si gobiernos del Norte (ya sean acreedores o no de deuda externa del Ecuador), o los bancos y las ricas organizaciones ecologistas internacionales como el WWF o Nature Conservancy, ayudados por un movimiento internacional de ciudadanos, entregan como compensación al Ecuador el cincuenta por ciento de lo que producirían esos campos en los próximos diez años, en caso de ser explotados. Se trata de 200 o 300 millones de dólares al año. Hace tiempo que las activistas de Acción Ecológica y de Oilwatch señalan, en Ecuador y en Nigeria y otros países, que el petróleo que no se extrae contribuye a aminorar la producción de dióxido de carbono. Cada pozo tapado, merecería un premio.

Desde el Ecuador se preguntan: ¿es un sueño? ¿Una fantasía ingenua que llega desde la mitad del mundo? No necesariamente, si se tiene en cuenta el enorme valor simbólico que podría tener un paso de esta naturaleza, en plena conciencia mundial de la amenaza del cambio climático a raíz del film de Al Gore y de las realidades que se están dando. Podríamos preguntarnos, ¿por qué ha demorado tanto que el público se entere del aumento del efecto invernadero? ¿Qué intereses económicos, qué controles políticos han retrasado durante cien años este debate desde Tyndall y Arrhenius? Pero son preguntas ahora ya casi superfluas. Los diques de contención se han roto. La conciencia del cambio climático es universal. El mecanismo consistiría en la emisión de bonos puestos a la venta y en los que el Ecuador se compromete a respetar la zona del Parque Nacional Yasuní en cuestión. El petróleo se queda en el suelo. Es una moratoria, un aplazamiento sine die. Si algún día hubiera métodos social y ambientalmente perfectos de extracción y consumo de petróleo (sin deforestación, sin pérdida de culturas y de vidas humanas, sin contaminación del agua y el aire, sin producción de dióxido de carbono), entonces podría extraerse. De momento, la pérdida, o costo de oportunidad, es el valor económico actual del petróleo en el mercado menos los costos de extracción y transporte, menos los costos locales y globales de las externalidades producidas. Sería una medida concreta, para que las sociedades del Norte que se llenan la boca con la retórica de la sostenibilidad reconozcan el esfuerzo de un país amazónico por conservar un espacio de biodiversidad. De cumplirse, se sembraría un ejemplo de lo que puede ser una concepción distinta del desarrollo que no esté sustentada en la voraz liquidación del patrimonio natural. Es erróneo contar como ingreso lo que es pérdida de patrimonio, y ese es el caso de la extracción de petróleo.

Se da el caso en el Ecuador que el juicio contra Texaco (y Chevron que compró Texaco) iniciado en 1993, por los daños ocasionados en la extracción de petróleo desde 1970 en la región de Sucumbios, sigue avanzando. En ese juicio puede ser que finalmente se valoren los verdaderos costos locales del petróleo (en la medida que la pérdida de biodiversidad, las muertes de cáncer, o puedan y deban ser valoradas en dinero) para calcular las indemnizaciones. A eso habría que añadir los daños globales por de la producción de gases de efecto invernadero, que alguien debería pagar, aunque no fuera la Texaco. Existen grandes pasivos ambientales en la economía actual. La propuesta de moratoria es un grito para que no aumente más esa Deuda Ecológica. Como se ha dicho en el Ecuador, la Amazonía ecuatoriana reúne dos catástrofes: la catástrofe humana que viven sus poblaciones, con nacionalidades en vías de desaparición y una pobreza que afectaba a inicios de la década al setenta por ciento de la población; y la catástrofe ambiental, con un treinta por ciento del bosque original totalmente devastado. La ambición por controlar la riqueza amazónica tiene una larga historia, que incluye los años sangrientos del caucho . Por eso, una decisión que representa la voluntad política de definir el futuro de la Amazonía, es un hecho inédito y valiente.

En la pared del municipio de Quito una placa recuerda el viaje de Orellana a la Amazonía, "descubridor" europeo de un territorio que ya estaba poblado por otros humanos. Ojalá otra placa, algún día, recuerde que en Quito se inició en el 2007 una nueva política hacia la Amazonía y sus pueblos originarios. El actual gobierno de Ecuador, que es un gobierno de profesores (intelectuales poco prácticos, alguien podría pensar, tal vez demasiado ingenuos), tiene la oportunidad de pasar a la historia del cambio de paradigma desde la economía depredadora a la economía ecológica.

Reproducido en el semanario Peripecias Nº 52 el 13 de junio de 2007. Se reproduce en nuestro sitio únicamente con fines informativos y educativos.