"Tengo un dilema de conciencia sobre la explotación de un campo con las mayores reservas de petróleo de mi país que se encuentra en el Parque Nacional Yasuní, un área amazónica de gran biodiversidad y donde existen dos pueblos no contactados. Por eso, vamos a presentar al mundo la propuesta de no explotar el campo de Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT) si es que, a cambio, recibimos una retribución de la comunidad internacional por no recibir los US$ 700 millones anuales que representa la venta de petróleo. Ecuador prefiere que se le compense con recursos por no tocar el campo ITT" (Reuters, 19 de abril del 2007).

Eso dijo hace 2 semanas el presidente Rafael Correa, afirmando que la primera opción es la no explotación de ese yacimiento de 950 millones de barriles de reserva porque "la Amazonía es el pulmón del planeta". El mecanismo de retribución consistiría en la emisión de bonos que serían adquiridos por países del Norte, ONG, organismos y grupos filantrópicos internacionales quienes, de esa manera, tendrían la oportunidad de pasar del dicho al hecho en sus campañas contra el creciente calentamiento global.

Uno de los impulsores de esta propuesta es el ministro de Energía y Minas, Alberto Acosta, quien no la ha tenido nada fácil. En efecto, el presidente de Petroecuador Carlos Pareja la ha calificado de "inconcebible" y firmó Memorandos para la explotación del campo ITT con las estatales Petrobrás, ENAP de Chile, Sinopec de China, a los cuales se unió recientemente PDVSA de Venezuela.

El mes pasado, las tensiones entre el ministro y el presidente de Petroecuador casi terminan en la renuncia del primero, lo que fue zanjado por el presidente Correa con las declaraciones arriba citadas. Para Correa, si no se concreta la no explotación, entonces ITT sería explotada por un consorcio donde participen, únicamente, estatales petroleras de América Latina. Agregó Acosta que si se explota el crudo ITT, este deberá ser procesado en la refinería de Manabí, para que Ecuador venda derivados y no solo crudo.

No cabe duda que estamos frente a lo que el economista catalán, Joan Martínez Alier ha llamado "un giro sin precedentes en la política petrolera para enfrentar los intereses económicos y políticos que han retrasado este debate durante 100 años. Pero ahora los diques de contención se han roto. La conciencia del cambio climático es universal" ("La moratoria petrolera en el Parque Yasuni del Ecuador", www.maippa.org, 27/4/07).

Esta nueva conciencia no parece haber llegado a las autoridades de nuestro país. Hace 3 semanas, la Defensoría del Pueblo (DP) publicó un informe que decía que había superposición de los 18 lotes petroleros en la Amazonía (que se van a subastar en julio próximo) con las Areas Naturales Protegidas y que, por tanto, Perupetro debía solucionar este problema.

La respuesta de su presidente, Daniel Saba, fue decir que este informe de la DP era el primero que destacaba la influencia de grupos de interés generadores de conflictos o que dificultan su solución, "lo que preocupa a Perupetro porque estos mensajes se encubren tras una supuesta protección de los derechos indígenas" (presentación en la Comisión de Energía y Minas del Congreso). Y sobre las denuncias de la existencia de indígenas "no contactados" en algunos de esos lotes, contestó: "Es absurdo decir que hay pueblos 'no contactados', cuando nadie los ha visto. Entonces, ¿de qué 'no contactados' nos están hablando?" (Reuters, 25/4/07). Sin comentarios.

Ecuador define su política energética incorporando las preocupaciones sobre el cambio climático y los derechos de los pueblos indígenas, poniendo al Estado en el centro de las decisiones políticas sobre el uso de los recursos energéticos. Nuestra política de extracción de los recursos petroleros no tiene por qué ser la misma (ese tema lo ya lo hemos tratado en otros artículos). Pero sí tenemos la obligación de respetar las Áreas Naturales Protegidas sin denostar a la Defensoría del Pueblo, a los grupos ambientalistas ni a los indígenas "no contactados". Pero, sobre todo, debe ser el Estado (y no las empresas privadas), quien defina la política energética del país.

El presente artículo fue publicado en el periódico La República, y está disponible en la bitácora del autor Cristal de Mira. Reproducido en el semanario Peripecias Nº 52 el 13 de junio de 2007. Se reproduce en nuestro sitio únicamente con fines informativos y educativos.