Desde la segunda mitad del siglo XX los y las jefas de Estado, Presidentes y representantes de distintos países del mundo, incluido Chile, se han reunido para discutir acerca de la necesidad de abordar el problema ambiental y plantear medidas que contribuyan a mitigarlo. En 1972, se celebró en Estocolmo la primera Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente Humano, que dio lugar a la creación del Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), posteriormente vendría la primera reunión de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo –creada en la Asamblea General de la ONU de 1983– y que daría como resultado el Informe Nuestro Futuro Común (1987). Luego vendría la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (1992) que desencadenaría en la Agenda 21, hasta finalmente llegar a la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible llevada a cabo en Johannesburgo (2002).

A la luz de los hechos, pareciera existir cierto consenso a nivel mundial, acerca de la necesidad de que los Estados y los gobiernos se hagan parte de los planes y medidas necesarias de llevar a cabo para detener la crisis medioambiental que nos afecta y mitigar los efectos producidos por las actividades humanas al ecosistema.

Se ha manifestado un compromiso frente al deterioro medioambiental, pero en términos reales no se ha visto que ello sea efectivo de parte de los Estados, incluyendo al chileno. Antes de Estocolmo y después de Johannesburgo no han habido avances significativos, sólo medidas paliativas, y los y las gobernantes parecieran haber olvidado lo discutido y comprometido en cada una de esas reuniones. No es menor que el Protocolo de Kyoto aún no sea ratificado por países cómo Estados Unidos, Canadá o China (responsables en conjunto del 48% de las emisiones [1]), pese a que el compromiso fue asumido en 1997. Chile por su parte ha ratificado este y otros convenios internacionales como: el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (1992), Convención de la Naciones Unidas contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular África (1994) y la Agenda 21 (1992) [2]. En cada uno de estos acuerdos, se afirma un compromiso con la protección y cuidado del medio ambiente en pos de avanzar hacia la sustentabilidad ambiental. Compromiso que hasta ahora no ha tenido mayor significación en las políticas ambientales nacionales.

Lo anterior, da cuenta de cierta preocupación respecto del tema, pero ciertamente el asunto no es primordial, los jefes y jefas de Estado y representantes de gobierno, especialmente de países en desarrollo, argumentan que existen otras necesidades “más urgentes” que hay que atender y sobre las cuales se tienen que centrar todos los esfuerzos. Pobreza, exclusión, discriminación, desempleo, subdesarrollo, por nombrar algunos temas, parecieran ser las consignas y las preocupaciones en el corto y mediano plazo. A mi juicio, la protección del medio ambiente es transversal a todos estos temas y requiere de la atención y preocupación del Estado. Es más, debe ser una política de Estado “ahora”, por las siguientes razones:

Pobreza y deterioro medioambiental se retroalimentan: Para países, que cómo Chile, propenden al desarrollo, una adecuada calidad ambiental y una digna calidad de vida son los pilares fundamentales en los cuales se debe basar ese desarrollo. Cuando se habla de medioambiente, no se está haciendo una referencia exclusiva a la naturaleza, sino que a un sistema global, complejo, de múltiples y variadas funciones, y con una cantidad innumerable de interacciones que ocurren en un proceso dinámico y evolutivo, integrado por el conjunto de los sistemas físico, biológico, social económico, político y cultural en que vive la especie humana, en conjunto con otras especies [3]. Entonces cada vez que se contamina, deteriora o extingue alguna especie o recurso natural, se está empobreciendo la calidad de vida y alterando las interacciones que se producen. Así por ejemplo, es común ver campamentos en zonas no aptas para la instalación de viviendas, carentes de servicios básicos y donde la falta de planificación hace que sean más susceptibles a desastres naturales como inundaciones y aluviones. Paralelamente quienes se instalan en estos lugares, aumentan la contaminación del entorno en la medida que generan desechos y realizan prácticas poco sustentables para sobrevivir (tala de bosques, contaminación de aguas, erosión de suelos, etc.). Lo anterior sin mencionar todas aquellas personas que se instalan a vivir directamente en basurales, en condiciones carentes de salubridad e inadecuadas para la vida humana. Frente a esto ¿no es rol del Estado asegurar una adecuada calidad de vida a las personas?

Asegurar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, es a la vez asegurar el derecho a la protección de la salud. En nuestro país, al igual que en el resto del mundo, vivir en un entorno contaminado trae graves consecuencias a la salud de las personas y a las otras especies con las que convivimos, pudiendo incluso causar la muerte. Ejemplo de esto sobran: la lluvia ácida en Hiroshima, el accidente nuclear en Chernobyl, la epidemia del cólera en Chile a principios de los 90, la muerte de especies animales, aves y peces por contaminación de petróleo, la muerte de los cisnes en el río cruces y de peces en el río Mataquito por desechos contaminantes vertidos a las aguas, las enfermedades respiratorias producto de la contaminación atmosférica y bueno la larga lista de episodios que dan cuenta de la estela de enfermedad y muerte que ha dejado la degradación medioambiental. Por otro lado, quienes resultan más afectados y afectadas por estas situaciones son los grupos vulnerables de la sociedad (personas en situación de pobreza, niñas y niños y personas de tercera edad) que se ven imposibilitados(as) de “escapar” de sitios contaminados y a su vez la carencia de recursos económicos les impide costear medidas de precaución y tratamientos ante las enfermedades que les ha acarreado la contaminación. Y quienes logran escapar se han convertido en los nuevos “refugiados ambientales”. En este contexto, es un hecho comprobado que la permanente exposición a contaminación trae consecuencias para la salud de todas las personas (cáncer, disminución de la esperanza de vida, enfermedades respiratorias, malformaciones por exposición de mujeres embarazadas a pesticidas, por mencionar algunas) es por tanto responsabilidad del Estado implementar políticas y establecer regulaciones que por un lado mitiguen la contaminación y por otro sancionen a quienes causan daño ambiental.

Todas y todos tenemos derecho a que se respete nuestro “derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”. Con los últimos hechos de daño ambiental, ha quedado la sensación de que los “terroristas ambientales” circulan impune y libremente por nuestro territorio, gozando de una calidad de vida que pueden comprar gracias a los dividendos económicos obtenidos por la actividad económica que ejercen, que no es más que maximizar beneficios económicos a costa del deterioro medioambiental, CELCO es sólo la punta del iceberg en ello. Y da cuenta de lo olvidado que quedó el hecho de que “ninguna actividad económica -por legítima que sea- puede desenvolverse a costa del medio ambiente” [4]. El deterioro medioambiental causado por estas empresas no afecta “directamente” a los altos ejecutivos, ni a los accionistas ni los dueños del capital, ellos no viven de la pesca del río Mataquito, ni beben agua del río cruces, cómo tampoco viven en Pudahuel, comuna que registra los más altos índices de contaminación atmosférica. Entonces nos preguntamos ¿dónde está el Estado frente a esto? ¿dónde está el compromiso asumido en las reuniones y convenciones internacionales?

Los Estados y particularmente el chileno, deben velar por nuestro derecho –consagrado en la Constitución Política de la República de Chile– a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Para ello se requieren medidas efectivas y eficientes, cómo modificar la institucionalidad y fortalecer la normativa medioambiental. La Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente, ya no sólo no es efectiva contra las nuevas necesidades y problemas medioambientales, sino que además no es capaz de asegurarnos estándares ambientales mínimos. Cómo ciudadana “exijo de parte del Estado mi derecho a vivir en un medio ambiente sano, libre de contaminación”, para ello demando la necesidad de construir un nuevo Estado, que, cómo señala Norbert Lechner, esté acorde al nuevo contexto global que exige de su acción política la protección de los derechos humanos, igualdad de género, la defensa del medio ambiente, la lucha contra la extrema pobreza y la democracia, y que por cierto cumpla los compromisos establecidos en las reuniones y convenciones internacionales.

Notas:

[1] Honty, Gerardo, América Latina ante el cambio climático. Observatorio de la Globalización marzo de 2007. En www.energiasur.com

[2] Manzur María Isabel, 2005, Situación de la Biodiversidad en Chile: desafíos para la sustentabilidad, Programa Chile Sustentable, 208 p.

[3] Meynard Chistine y Ernst R. Hayek, Pobreza y Medio Ambiente en América Latina. Persona y Sociedad XIII: 185-199.

[4] Mensaje de S.E. el Presidente de la República, Don Patricio Aylwin Azócar, con el que envío al Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Bases del Medio Ambiente.

Publicado en el blog Generación Bicentenario, el 5 de julio de 2007. Reproducido en el semanario Peripecias Nº 56 el 11 de julio de 2007. Se reproduce en nuestro sitio únicamente con fines informativos y educativos.