La industria forestal está atravesando un momento de expansión en varios países de América Latina. En particular, Brasil sobresale como un ejemplo “paradigmático”, donde no solo la superficie forestada es elevada (5 millones de hectáreas implantadas) sino que también se destaca por presentar altísima productividad, con un crecimiento de las plantaciones que en promedio es ocho veces mayor al crecimiento que se produce en los países nórdicos, tradicionales productores mundiales de papel y pulpa para papel.

Como ejemplo de investigaciones recientes al respecto, es interesante abordar dos estudios referidos a la forestación en Brasil, cada uno enfocado en elementos y puntos de vista diferentes. El primero es un análisis empírico sobre la industria de papel y pulpa para papel en Brasil, donde las autoras Sueila dos Santos y Luciana Togeiro se propusieron investigar la calidad de la inversión extranjera directa (IED) que recibe el país en ese sector, en el sentido de si esta funciona para el desarrollo sostenible. Para lograrlo analizaron los desempeños y características de empresas transnacionales (ET) respecto a las nacionales que actúan dentro del mismo sector. El estudio se refiere a tres dimensiones que consideraron dentro del desarrollo sostenible: la ambiental, la social y la económica y se realiza una comparación entre ambos tipos de compañías. La investigación concluye que no se puede afirmar que la IED en la industria de pulpa y papel en Brasil funcione para el desarrollo sostenible.

La segunda investigación, publicada en la revista “Third World Quarterly” se llama “Cuestionando la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en la Mata Atlántica en Brasil: el caso de Aracruz Celulosa SA”. En esta, David Fig analiza el caso particular de la mega compañía que desarrolla su actividad económica en gran parte de la bioregión de la Mata Atlántica. Pueden encontrarse varias definiciones para aproximarse al concepto de RSE. Sin embargo, en el informe se sostiene que todos los criterios técnicos y formales en dichas definiciones pueden carecer de perspectivas históricas y culturales necesarias para referirse a problemas de desarrollo y derechos. Es así como surgen o pueden surgir las diferencias entre las percepciones de las firmas, que buscan maximizar los beneficios económicos por encima de cualquier otro objetivo, y las percepciones que sobre sus impactos mantienen distintos grupos de presión.

Es interesante observar como cada análisis apunta a las dimensiones ambiental, social y económica de manera muy diferente, lo que determina las conclusiones a las que llega cada uno. El enfoque de las autoras es relativamente acotado y se basa en cálculos de emisiones, certificaciones internacionales, entre otros indicadores. Fig, en cambio, presenta la situación actual de una mega empresa en el sector, estrechamente relacionada con las condiciones históricas, políticas, sociales, ecológicas y económicas que la han determinado. Este conjunto de factores explica la situación actual de esta poderosa empresa en Brasil, con las correspondientes consecuencias que a la vez determina su actividad productiva especialmente en su entorno.

Industria del papel y desarrollo sostenible

La investigación de las autoras culmina con la conclusión de no poder afirmar la contribución de la IED al desarrollo sostenible. Pero esta aseveración, que para algunos puede resultar sorpresiva, resume una realidad que puede estar sucediendo en otros sectores económicos que reciben inversiones extranjeras, especialmente los dedicados a la explotación de recursos naturales. Muchos piensan que las ET, provenientes de naciones más avanzadas tecnológicamente, van a tener impactos positivos para el país receptor, minimizando los aspectos negativos, en especial los del terreno ambiental. Dadas las ansias de crecimiento económico de estos países relativamente más pobres, el ambiente suele quedar relegado a un segundo plano frente a la potencial riqueza que los gobiernos esperan que generen las ET para la economía receptora. Es así como, aun siendo un aspecto crucial en el desarrollo de los países, la dimensión ambiental aparece muchas veces como menos urgente que la económica. Las economías latinoamericanas se embarcan así en proyectos económicamente activadores, sin prestar demasiada atención a los impactos reales en el ambiente en el mediano y largo plazo.

América Latina es rica en recursos naturales y en biodiversidad, por lo tanto es “racional” que esté en el centro de las inversiones en recursos naturales de los países más ricos, a diferencia de lo que ocurre en otras economías en vías de desarrollo de otras regiones del mundo, por ejemplo en el sudeste asiático, donde ingresan relativamente más inversiones en sectores industriales “de punta”. Las ventajas naturales de Latinoamérica hacen que estas inversiones sean más rentables que en otras partes del mundo, oportunidades que las grandes corporaciones no dejan pasar. En este contexto, Brasil constituye un claro ejemplo de esta dinámica.

El sector de pulpa y papel es por definición agresivo para el ambiente; su producción exige grandes volúmenes de recursos naturales, especialmente agua y madera y sus desperdicios son sustancias químicas tóxicas contaminantes para el agua y el aire. Aunque el informe rescata que la gran mayoría de la madera que se utiliza es forestada especialmente para su utilización en la producción de pulpa de papel, esto no impide que la superficie forestada con este fin no haya sido una vez ocupada por bosque nativo posteriormente eliminado. Más aún, la propia actividad de implantación de especies extranjeras donde antes había bosque nativo tiene intrínsecas consecuencias ambientales.

Por el momento, la demanda de papel sigue aumentando en el mundo, y las exigencias económicas “obligan” a aumentar la producción y la competitividad de este sector, tanto a las empresas locales como a las ET.

El sector de pulpa y papel en Brasil está compuesto actualmente por 220 empresas, ubicadas a lo largo y ancho de 16 estados del país. Los datos sobre esta industria muestran la importancia que tiene para la economía brasileña: el empleo directo generado por el sector ascendió a 108.000 trabajadores en 2005. Se produjeron más de 10 millones de toneladas de pulpa y 8,6 millones de tons. de papel, correspondiendo al 1,4% del PBI de Brasil. La competitividad del sector le permite gozar de un importante superávit comercial, que alcanzó los 2.500 millones de dólares en 2005, que corresponde nada menos que al 7% del total del superávit comercial logrado por Brasil en ese año. Estos datos muestran por un lado la relevancia de este sector en términos económicos, pero a la vez dan una idea de la exigente explotación a la que están sometidos los recursos involucrados en su producción.

Como se expuso anteriormente, el sector de pulpa para papel y papel en Brasil ha experimentado enorme crecimiento en los últimos años en el país. La IED en esta industria equivalía a solamente el 4,5% de la IED total en 2000, pero las inversiones dirigidas a este sector se incrementaron desde 8,6 millones de dólares al año entre 1996-1999 a 139,4 millones por año entre 2000 y 2004. Sin embargo, los auspiciosos datos económicos de corto plazo muchas veces enceguecen a los gobiernos de turno de la región, que convincentemente promueven estos emprendimientos justificando actividades ambientalmente agresivas.

Las investigadoras analizan una a una las dimensiones social, ambiental y económica, y los impactos que las ET causan en la economía receptora, siempre relativizándolos a la correspondiente performance de las empresas locales. Basándose en bibliografía existente sobre el tema de inversión y desarrollo sustentable, parten del planteo de algunas hipótesis que buscan contrastar.

Por otro lado, se encontró que las ET presentan un porcentaje apenas mayor que las compañías locales en la participación de la fuerza de trabajo en el departamento de investigación y desarrollo (1,72% de las ET frente a un 1,13% de las locales).

El nivel de educación de los empleados ocupados en esa sección, por su parte, varía de acuerdo a la categoría: los graduados en las empresas locales promedian los 10,8 empleados por empresa, mientras en las ET el número aumenta a 19. Sin embargo, los empleados con maestrías y doctorados en su haber alcanzan los 7,40 promedio en las empresas brasileñas, mientras son apenas 3,3 en las ET.

A pesar de tener relativamente importantes departamentos de I&D, las ET no establecen vínculos significativos con universidades u otros centros de investigación locales. Más bien, como se estableció antes, las ET estarían absorbiendo la tecnología desarrollada por los brasileños en el sector. En otras palabras, las filiales no están interesadas en generar mayor innovación en Brasil. La explicación que las autoras encuentran a este hecho es que las partes más complejas de los procesos de producción del papel no son hechas en el país, lo que refuerza la idea de que aprovechan los recursos naturales de ciertos países subdesarrollados para establecer la parte del proceso que no solo es intensiva en dichos elementos (algunos de ellos no renovables), sino también más contaminante. Como sucede en general en los procesos productivos de las transnacionales, las partes más complejas y menos nocivas para el medio ambiente permanecen en los lugares de origen de esas empresas, mientras se trasladan las fases menos amigables desde el punto de vista ambiental.

Otro aspecto que muestra la “vocación natural” del país se observa en “la debilidad de los productores brasileños de bienes de capital que surten a la industria de pulpa y de papel en Brasil”. En cuanto a las materias primas, su producción es casi totalmente realizada en el país, alrededor de un 96,8%; este porcentaje, a su vez, se divide entre empresas proveedoras brasileñas y extranjeras establecidas allí.

Dentro del control ambiental en el sector de pulpa y papel en Brasil, se consideraron los sistemas de gestión ambiental e indicadores de las emisiones como forma de valuar a las empresas operando en la industria en cuestión. Otra vez aparece un dato interesante: hay más plantas brasileñas certificadas con la norma ISO 14.001 que extranjeras.

Respecto a las emisiones producidas por las plantas, de seis indicadores tomados en el análisis (consumo de agua, volumen de los efluentes, entre otros), en cuatro de ellos las empresas locales muestran menores valores que las ET, demostrando una vez más que las brasileñas tendrían un mayor interés relativo en mantener las condiciones ambientales. Esto es bastante razonable si se considera que las ET no tienen su centro de interés en el país receptor, y por lo tanto no van a estar interesadas en esforzarse (y por lo tanto incurrir en mayores costos) a la hora de velar por un medio ambiente más sano en el largo plazo. Sin embargo, tampoco puede concluirse a partir de esto que las locales no contaminen. En definitiva, las empresas locales buscan (al igual que las ET) la mayor rentabilidad posible. Una de las explicaciones a su “buena” gestión ambiental es aducida a la aspiración de acceder a mercados internacionales exigentes en cuanto a la performance ambiental.

Más allá de los matices y ciertas diferencias numéricas, del estudio se desprende que no son demasiado importantes las diferencias entre uno y otro tipo de empresas, si bien las locales tendrían una mejor gestión ambiental relativa. No se trata de identificar a las empresas locales con las “buenas” porque tengan capitales nacionales y las ET con las “malas” ya que los objetivos últimos de unas como otras en definitiva son los mismos.

La verdad detrás de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

Al respecto de las conclusiones sobre performance ambiental y comportamiento del sector, es interesante tomar algunos lineamientos del trabajo de Fig y comparar los enfoques y resultados. Este autor justamente cuestiona la tal llamada RSE y realiza un vasto análisis sobre la trayectoria, actuación y efectos de una empresa en particular: Aracruz SA.

Aracruz no es cualquier productora de celulosa y papel: es la mayor de Brasil. Posee nada menos que 800.000 hectáreas en una zona clave y preciosa desde el punto de vista ambiental y de biodiversidad para todo el planeta, la zona de la Mata Atlántica. La empresa cultiva eucaliptos a lo largo y ancho de cinco estados brasileños. La estructura de propiedad de la empresa está dividida entre capitales extranjeros y locales, en particular por el Grupo Lorenzen de Noruega, el Grupo Votorantim (un holding local que tiene actividades en varios sectores y que en 2005 se ubicó en el lugar 25 dentro de las 500 mayores empresas de América Latina, según el ranking publicado anualmente por la Revista América Economía), el Banco Safra, también de capitales brasileños, y por último, con un 12,5% de participación dentro de los capitales de Aracruz aparece el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, el BNDES, que está impulsando de forma significativa grandes emprendimientos en recursos naturales en el país. Estos datos mostrarían que, al menos en el caso de Aracruz y sus impactos, se vuelve poco relevante la condición de la procedencia de los capitales, lo que en definitiva no se contradice con lo que se desprende del análisis realizado por dos Santos y Togeiro.

Respetar y cumplir con las normas internacionales de calidad, en especial ambiental y social, es atractivo para las empresas: el costo de cumplirlas muchas veces más que se compensa con una mejor imagen para la opinión pública y, más importante aún, acceso a mercados exigentes. El interés de las compañías en obtener tales certificaciones se puede asociar a una campaña de marketing a un costo relativamente bajo. Pero la “Responsabilidad Social Empresarial”, un concepto muy de moda en el siglo XXI tiene sus matices e interpretaciones, dependiendo del cristal con que se mire.

A pesar de las afirmaciones que realizan en su trabajo las autoras Dos Santos y Togeiro sobre la calidad ambiental y performances alcanzadas por las empresas productoras de papel tanto locales como extranjeras, resulta alarmante el hecho de que se haya constatado que “no hay un monitoreo sistemático e independiente de las emisiones y efluentes de la empresa, ni ninguna valoración de su impacto de largo plazo en la salud ambiental de la Mata Atlántica”, dice Fig. La agencia ambiental estatal de Espirito Santo no mide estos datos, confiando que la compañía los provea. Es decir que son las propias empresas las que revisan y controlan la contaminación que ellas mismas producen. Esto resulta en el mejor de los casos sospechoso, no se necesita ser especialista en temas ambientales para darse cuenta de que este sistema es ineficaz y engañoso, basta solo un poco de justificada suspicacia. Es esperable que los intereses de la empresa “acomoden” los datos diciendo que logran performances al menos aceptables desde el punto de vista ambiental. Es evidente que el Estado se da cuenta de la situación, del riesgo moral involucrado en el procedimiento. La pregunta es si el beneficio que el Estado espera tener siendo indiferente a esta situación es mayor que los impactos negativos que está provocando la empresa en el ambiente, y también es esperable que la respuesta sea negativa. El autor sostiene que a medida que la producción aumenta, las capacidades regulatorias del Estado no están preparadas para acompañar las necesidades crecientes de un desarrollo balanceado, incluyendo protección ambiental y eliminación de la pobreza. Y se observa que la tendencia es a confiar en el auto control más que en la supervisión y regulación estatal.

Es verdad que Aracruz ostenta numerosas certificaciones: ISO 9001 para la Unidad Barra do Riacho y Unidad Guaiba, ISO 14.001 para las mismas unidades, y también cuenta con certificaciones del Programa Brasileño de Certificación Forestal (Cerflor) en todas sus plantaciones, entre otras. Pero las ISO no indican calidad ambiental; solo indican que se siguen protocolos de gestión, y entre ellos uno de gestión ambiental. Estas no reemplazan a las normas ambientales nacionales, solo dicen que la empresa cumple con las exigencias nacionales; si esas exigencias son bajas, el cumplimiento de las mismas hace que la empresa acceda a una ISO.

La empresa tiene una larga historia de contaminación en el país, desde su establecimiento a fines de los 1970s, utilizando tecnologías muy agresivas, en un momento en que se le otorgaba muy poca importancia a la dimensión ambiental. En 1992, cuando se celebró en Brasil la Conferencia de Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, Greenpeace llamó la atención sobre la contaminación ejercida por la empresa. El crecimiento del movimiento ambientalista a nivel mundial llevó a que consumidores de los países ricos exigieran prácticas más amigables con el medio ambiente a las empresas. La presión ejercida por amplios grupos sociales llevó a que la mayor parte de las plantas industriales instaladas en los países nórdicos adoptaran una tecnología libre de cloro en el proceso de elaboración de la celulosa. Las empresas transnacionales localizadas en los países del sur no escaparon al fenómeno, y tuvieron que enfrentarse desde entonces y en forma creciente a demandas desde la sociedad. La corporación en cuestión no es la excepción, más bien puede considerarse representativa de los grandes conglomerados que extraen y/o procesan recursos naturales en estos países.

Si bien desde 1993 Aracruz comenzó a incorporar tecnología menos agresiva para el ambiente, esto no se aplica uniformemente en todas las plantas de la firma: las dos más antiguas utilizan cloro en sus procesos, mientras solamente la instalada en 2002 utiliza una tecnología llamada ECF en ingles, que significa libre de cloro elemental. Esta no es la mejor tecnología disponible, sino una un poco menos mala que la tradicional. Se sostiene que más de un quinto de la producción total está elaborada en condiciones especialmente nocivas para el ambiente. Claro que utilizar el proceso más limpio tiene sus costos, entonces las empresas que se encuentran con la libertad para elegir tomarán la opción más barata, la que reporta mayor rentabilidad, que coincide con la más contaminante. Nuevamente se observa la libertad de las empresas en el proceso productivo frente a la pasividad de las autoridades locales, que tienen un pobre desempeño en el control. Las empresas, por su parte, siempre pueden encontrar mercados menos exigentes donde colocar la producción realizada en condiciones que no sean las más sustentables. Respecto a la mejor tecnología, el informe de Fig resalta que un intento de utilizar el proceso libre de cloro TCF en Aracruz destinado a los mercados alemanes, fue abandonado en 1999. Es decir que con el sistema de producción de la empresa en parte de sus plantas localizadas en Brasil, el país se asegura un grado importante de dioxinas y otras consecuencias de dicho proceso productivo.

Algunos impactos ambientales

En Brasil no solo se da el fenómeno de que los árboles plantados crecen varias veces más rápido que en otros países, en especial comparado con los nórdicos, lo que les reporta a las empresas mayor rentabilidad, sino que el utilizar una tecnología más barata refuerza esta ganancia aun más. El mayor país de América del Sur tiene la particularidad de ser el productor que presenta los costos más bajos del mundo; se estima que se necesitan USD 120 por tonelada, mientras que en la región de Escandinavia se necesitan USD 400, más de tres veces la suma de Brasil.

Según el autor de la investigación, la Mata Atlántica está en serio peligro: esta área fundamental para el ecosistema, hábitat de multitud de especies (muchas de las cuales están en peligro de extinción) está protegida solamente en un tercio de su superficie. Para empeorar las cosas aún más, la fragmentación en las áreas que permanecen como mata atlántica produce un aumento en la pérdida de biodiversidad, en especial porque esa separación hace que las “islas” se vuelvan más vulnerables a los fenómenos de sequía y calor en relación a las superficies donde las extensiones de la mata son mayores.

La práctica del monocultivo, en este caso el del eucalipto, trae aparejadas severas consecuencias en el ambiente, cuestiones que la empresa niega, declarando un manejo sustentable de la actividad que realiza, y el gobierno parece obviar o minimizar, sin dar demasiada trascendencia a las demandas y evidencias presentadas por grupos de la sociedad civil a lo largo de los años de manera incansable. Además de los impactos más obvios de la producción en cuestión referidos a las emisiones y efluentes y la pérdida de biodiversidad, también se constata degradación del suelo (pérdida de nutrientes y erosión) y consumo de agua que conlleva la pérdida de corrientes de agua, entre otros efectos adversos. Algunos hablan de más de 150 cursos de agua que se han perdido en las zonas donde la compañía tiene sus plantaciones. A todos estos impactos debe sumársele la utilización durante años de pesticidas y herbicidas.

Reacciones Sociales

Las consecuencias sociales, por su parte, no son menos graves que las ambientales; incluyen una serie de cuestiones que abarcan desde la seguridad alimentaria (por extender el monocultivo en detrimento de la producción de alimentos e incluso verse mermada la cantidad de peces en los ríos, a consecuencia de los desechos vertidos en ellos) hasta el tema laboral y la propiedad (y expropiación) de las tierras de comunidades locales. Y en este punto encontramos una diferencia sustancial con el trabajo de Togeiro y Dos Santos: la dimensión social y los impactos de la firma sobre la sociedad van más allá de los puestos directos de trabajo generados y la específica capacitación con que cuenten una minoría de los empleados. Se refiere al impacto sobre la parte de la sociedad, que sin tener una vinculación con la empresa sufre los efectos adversos en la salud y en su propia identidad cultural, solo por encontrarse “en el camino” de estas grandes inversiones.

Entre los grupos de presión que se enfrentan a la papelera, se encuentran ambientalistas preocupados por el futuro de la Mata Atlántica, comunidades indígenas que sostienen que sus tierras les han sido enajenadas por las plantaciones extensivas de la compañía, y comunidades rurales independientes, descendientes de esclavos africanos que huyeron de sus dueños y también sostienen que sus tierras les han sido invadidas. Las comunidades indígenas constituyen los principales afectados de esta realidad: ellas reclaman un total de 13.274 has, reclamo que ha recibido reconocimiento por parte del órgano público responsable de las relaciones con los indígenas; sin embargo, esto no tuvo hasta ahora consecuencias, ya que la empresa no reconoce el derecho de las comunidades. Una vez más se observa que el poder de la empresa es mayor al que puede ejercer un órgano del propio gobierno. La historia de desentendimiento entre las comunidades y la empresa se remonta a la época de la instalación misma, hacia fines de los años 60. Los conflictos se han sucedido desde entonces y ya cuentan con cuatro décadas de existencia. Numerosos grupos sociales se han sumado a las protestas de los pobladores contra las acciones de la poderosa compañía: desde el Movimiento de los Sin Tierra hasta ONGs internacionales apoyan varias campañas que demandan desde la demarcación de las tierras de los pueblos originarios hasta la presión para que la empresa no obtenga certificaciones internacionales como la que otorga la Forest Stewardish Council (FSC).

En reiteradas oportunidades, tanto la empresa como el Estado han hecho caso omiso de las demandas de la sociedad. La demarcación de las tierras es un tema crucial en este sentido y ha sido más de una vez ignorada por las oficinas estatales. Las acciones llevadas adelante por los grupos interesados en recuperar las tierras y cuidar el ambiente abarcan desde cortar eucaliptos y plantar árboles frutales hasta demandas por revertir la polución en ríos y cursos de agua contaminados. Mientras tanto, la mega compañía sostiene que no ha hecho ningún daño al ambiente y se opone al proceso de definir bioregiones dentro de las tierras en las que opera.

Respecto a la certificación pretendida por la empresa, las presiones de la sociedad civil lograron que en 2006, la propia Aracruz renunciara a su certificado de la FSC. El autor afirma que la actitud de la compañía no solo dista de ser respetuosa de los derechos de los habitantes locales y del ambiente con su solo comportamiento económico, sino que además se tiene información de que la empresa realiza campañas desleales donde paga a personas para que se manifiesten contra dichos pobladores (haciendo una especie de contracampaña).

La situación ilustrada muestra que la etiqueta de “Responsabilidad Social Empresarial” no siempre refleja un verdadero interés de las empresas por las dimensiones social y ambiental. Pero más allá de las etiquetas, es evidente que dichos mega emprendimientos deben estar controlados con seriedad y responsabilidad. El papel del Estado en este punto es crucial, ya que si no actúa él, ejerciendo el poder que le es inherente, menos podrán hacer cada una de las pequeñas comunidades que están luchando por poder vivir en los lugares que les corresponden, tanto histórica como culturalmente, y por la naturaleza.

Es decir que aquí se muestra la relatividad tanto del concepto de RSE en general, como de muchas de las normas que se otorgan a nivel internacional y que muestran a la opinión pública una imagen “verde” y pro desarrollo sustentable de las empresas, mientras que el otro lado de la moneda muestra la desesperación e incapacidad de miles de personas que deben aceptar que frente a ciertos intereses, simplemente no pueden lograr nada. En el juego de presiones y lobbies de unos y otros frente a los gobernantes, la lucha es asimétrica y suelen predominar los intereses económicos de los grupos más poderosos. Es la ley de la selva donde irónicamente, los nativos son devorados por los forasteros.

Resumen de resultados comparados

Publicado en el semanario Peripecias Nº 74 el 21 de noviembre de 2007. Se permite la reproducción del artículo siempre que se cite la fuente. Licencia de Creative Commons con algunas restricciones.