El día de la juramentación del nuevo gabinete, el pasado diciembre, el presidente Alan García anunció la creación del Ministerio del Medio Ambiente. En los últimos días se ha discutido acerca de las funciones que debe cumplir ese ministerio. Un breve análisis.

El gobierno ha puesto al ambientalista Antonio Brack al mando de una comisión que se encargará de la implementación del nuevo ministerio. Brack es uno de los más reconocidos expertos en el tema de conservación de recursos naturales. Ha publicado una decena de libros sobre el tema y en 1996 obtuvo el Premio Nacional del Medio Ambiente (fuente: La República).

Sin embargo, en los últimos tiempos, Brack ha recibido críticas de ciertos sectores que ven un giro en sus posiciones con respecto a la minería. Concretamente, sus críticos alegan que ha pasado a hacer una cerrada defensa de los intereses de la gran minería. Brack asegura estar a favor de una minería limpia, con responsabilidad social y que respete los estándares ambientales (fuente: La República). Según el ambientalista, la minería formal está en mejores condiciones de cumplir con esos estándares.

Una de las mayores ventajas que ve Brack en la creación de la nueva cartera radica en que su titular tenga voz y voto en los consejos de ministros, y que las decisiones que adopte se hagan al más alto nivel político (fuente: El Comercio).

La tarea inicial que deberá abordar Brack es componer el equipo con el que diseñará el plan para la constitución del ministerio. Su intención es convocar a representantes de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), de Comex Perú, de la Defensoría del Pueblo, de la sociedad civil, de ONGs especializadas en el tema e incluso a delegados de las comunidades que se encuentran en zonas aledañas a la actividad minera. El proyecto deberá estar listo en dos semanas.

Si bien la inclusión de los diversos sectores afectados es positiva ya que le da cierta legitimidad al proceso de definición del marco normativo de la nueva cartera, no parece muy acertada la intención inicial del gobierno de dejar a la minería al margen de la fiscalización ministerial. En un borrador que se discutió originalmente en el gabinete y que fue filtrado a la prensa por el Ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, se dejaba la fiscalización de la actividad minera fuera del ámbito del nuevo ministerio (fuente: Correo). Brack no ha confirmado si esta propuesta inicial se mantendrá o no en el nuevo proyecto.

El tema de la fiscalización del cumplimiento de los estándares ambientales de las actividades minera y de hidrocarburos es, sin duda, el más sensible de la agenda. De 78 conflictos sociales activos y latentes registrados por la Defensoría del Pueblo en diciembre, un 47% están referidos a asuntos socioambientales (fuente: Defensoría del Pueblo). Estos conflictos están estrechamente ligados con el desarrollo de la actividad minera que sigue siendo percibida en muchas zonas como una de las principales fuentes de contaminación.

En la actualidad los estudios de impacto ambiental y los permisos de funcionamiento de las mineras están a cargo del Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, esta cartera debe, al mismo tiempo, velar por la promoción de la actividad minera, con lo que se produce un evidente conflicto de intereses. Esto se podría resolver traspasando las funciones de control al nuevo Ministerio del Medio Ambiente.

Pero el presidente y sus ministros no parecen ser los únicos que se muestran a favor de mantener a la minería al margen de la fiscalización del nuevo ministerio. Para el espceialista en temas de hidrocarburos, Aurelio Ochoa, las funciones de supervisión del cumplimiento de las normas ambientales deberían mantenerse a cargo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) (fuente: El Comercio).

Si bien el OSINERGMIN es un organismo independiente, parece sensato traspasar sus competencias al Ministerio del Medio Ambiente para, de esa manera, simplificar el proceso regulatorio. Además, como ha advertido el analista José de Echave a La República, “[c]ontinuar con el OSINERGMIN como ente fiscalizador no es el esquema más adecuado, pues su función principal es ser supervisor de los servicios públicos, y si bien la energía es un servicio público, la minería no lo es”.

Los próximas dos semanas serán claves para terminar de definir los lineamientos del nuevo ministerio. El gobierno debe entender que un mejor control de la actividad minera es un paso necesario para ganar la confianza de las comunidades que se ven afectadas, como en el caso de la Oroya, por niveles de contaminación indignantes.

Publicado en Perú Político el 12 de enero de 2008. Reproducido en el semanario Peripecias Nº 81 el 16 de enero de 2008. Se reproduce en nuestro sitio únicamente con fines informativos y educativos.