Las reacciones en apoyo y crítica al mandato minero, aprobado por la Asamblea Constituyente el día 18 de abril, con 95 votos a favor, 1 en contra y 25 abstenciones, no deberían sorprender a nadie.

Debemos reconocer que no es un tema fácil. Por una parte los actores que se sienten afectados por este mandato: las empresas transnacionales mineras, los empresarios nacionales y algunos trabajadores o quienes creen que podrían convertirse en tales, temen por el futuro de la minería en el país. Por otra parte, algunas comunidades directamente amenazadas por esta actividad y las organizaciones de ecologistas que critican o mantienen reservas con el mandato, demandan una posición de abandono total de las actividades mineras.

Lo interesante es que en este marco de críticas, opiniones y posiciones, todos acuden al argumento del interés de la mayoría de la población. Sin embargo, la mayoría de la población es un actor ausente, o si acaso solamente influenciada, no por argumentos, sino por calificativos.

El Mandato Minero más allá de haber puesto un freno real al “feriado minero”, ha abierto un tiempo para traducir los adjetivos en argumentos; las promesas, en datos reales. Es la oportunidad para sembrar con esta información, lo que pueden ser las decisiones fundamentales para el país que estamos construyendo.

Tenemos la oportunidad y la obligación de utilizar bien este tiempo. Necesitamos, por ejemplo, saber qué pasa realmente con la actividad minera existente en el país. Conocer las reservas probadas, probables y posibles -que no son lo mismo-, pero que se manejan como sinónimos. Manejar información calificada -que no es lo mismo que interesada- sobre la probabilidad de ocurrencia de esas cantidades estimadas de minerales; los impactos ambientales probables y la valoración de aquellas riquezas y servicios que se pueden perder. Saber que se produjo una “hemorragia” de concesiones mineras (de las más de 5 mil entregadas, apenas un 7% estaban en fase exploración y explotación, el resto prácticamente era especulación); que los concesionarios no tenían que presentar planes de exploración, ni explotación; que los estudios de impacto ambiental, si los había, eran menos que mediocres; que la consulta previa fue una verdadera tomadura de pelo a las comunidades, a las que muchas empresas mineras dividieron y en varios casos agredieron; que el Estado no recibía regalías (que se pagaba un dólar por hectárea al año como derechos superficiarios al inicio, para llegar apenas a diez y seis dólares por hectárea al año en la fase de explotación).

Con este Mandato, lo que se pretende es analizar los costos y la factibilidad de las acciones que se proponen para superar tantas aberraciones. Sin embargo, estos y otros temas aún no están en los espacios de diálogo y reflexión.

Necesitamos desarrollar el marco legal y la institucionalidad del Estado capaz de intervenir y controlar las actividades mineras, que existen en el país desde hace muchos años, pues incluyen minería de áridos (los materiales de construcción), minería artesanal o de subsistencia, entre otros.

Noruega, para citar un caso concreto, ha sido reconocida por su modelo de explotación y uso de la renta petrolera y minera. Pero, ¿cuáles son las características de Noruega? Ese es un Estado social, democrático, con una fuerte tradición política equitativa. Es un Estado desarrollado, con una competente compañía estatal con tecnología. Poseen un marco legal con controles ambientales rigurosos, con reglas estrictas en lo referente al manejo y destino de la renta. Y seguramente Noruega no tiene una biodiversidad tan rica como la que posee el Ecuador...

El mandato minero justamente propuso la creación de una Empresa Minera del Estado, porque ésta era una pieza central para regularizar e intervenir en aquella actividad minera que decidamos mantener. Una empresa nacional bien manejada, puede invertir en tecnología, establecer otras reglas, independizarse de las transnacionales, contribuir con tecnología y financiamiento a los pequeños mineros artesanales, para que estos superen definitivamente sus prácticas depredadoras.

Las minas en producción han sido excluidas del Mandato justamente para no crear incertidumbre, ni desempleo de los trabajadores. Así mismo, ha sido excluida la minería de pequeña escala y artesanal, no porque no haya problemas allí, al contrario, hay muchos que deberemos resolverlos, a fin de garantizar una vida, trabajo y ambiente saludables, para todos los ecuatorianos y ecuatorianas.

Es más, el mandato minero protege a millares de trabajadores que sentían sus derechos lesionados, me refiero a los agricultores que querían seguir siendo agricultores, o quienes ejercían pequeñas iniciativas productivas de turismo que estaban perdiendo sus trabajos por la amenaza de una actividad de alto impacto y en ausencia de control.

Con el Mandato estamos corrigiendo los horrores –errores– de una época que no velaba por los intereses de los pobres, sino que empobrecía a la gente y al ambiente.

Estamos ganando tiempo y condiciones para desarrollar controles ambientales fuertes, y esto demanda de controladores fuertes: para tener regulaciones fuertes, se requiere de reguladores fuertes. La actividad minera exige de un proceso de consulta, que no puede ser la misma del pasado, que ha acumulado resentimientos y desconfianza de las comunidades. Son precisos verdaderos estudios de impacto socioambiental y cultural, sustentados en valoraciones multicriteriales que permitan valorar la conveniencia o no de los grandes proyectos mineros.

Todos estos temas son materia de la Asamblea Constituyente.

Para la ley minera, que debería inspirarse en el nuevo marco constitucional aprobado, el Mandado estableció un término de 180 días (más de seis meses). Este tiempo es necesario justamente para permitir una congruencia con los temas de la nueva Constitución. No puede ser interpretado como un golpe de gracia a la minería, sino como el tiempo necesario para regularizar la operación minera en el país, tanto la minería artesanal o de subsistencia, la pequeña minería, como la minería de los áridos, pero sobre todo lo que podría ser la minería a gran escala. Son días indispensables para tomar colectivamente decisiones sobre el país que queremos, incluso para decidir si el Ecuador puede ser declarado un país libre de la gran minería metálica a cielo abierto.

Publicado en el blog de Alberto Acosta en la página de la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador el 13 de mayo de 2008. Reproducido en el semanario Peripecias Nº 98 el 28 de mayo de 2008. Se reproduce en nuestro sitio únicamente con fines informativos y educativos.