Durante la sesión del 6 de junio del 2008, un día después del día clásico del liberalismo ecuatoriano y del día del ambiente a nivel internacional, la Asamblea Constituyente fue el escenario de uno de los momentos que sin lugar a dudas pasará a la historia. Al decir de Eduardo Galeano, por primera vez en la historia universal, se reconoció –en primer debate– el derecho de la Naturaleza de tener derechos.

Esta acción remite al pensamiento de Eloy Alfaro, líder del liberalismo, crítico a su manera de la dependencia, audaz en asunto de derechos e innovador en temas económicos, sobre todo en relación a la deuda externa. El pensamiento liberal de Alfaro le habría llevado a alegrarse al Viejo Luchador por el hecho de que se reconozcan derechos a la Naturaleza en esta Constitución, que se elabora justamente en su ciudad natal, 113 años más tarde del triunfo de la revolución liberal. Se revierte, con esta decisión, una tradicional práctica conservadora de desconocer derechos, sea a los indios, a los negros, a las mujeres...

Hay que reconocer que la preocupación por el ambiente ha estado presente en diversas Constituciones del Ecuador. En 1945 se incorporó el derecho de proteger los “lugares notables por su belleza natural y la flora y la fauna peculiares del país” (art. 145, sección de educación y cultura). En la Constitución codificada de 1984, en el art. 19, numeral 2 se introdujo “el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y la obligación del Estado a tutelar la preservación de la naturaleza”.

A partir de allí, en las sucesivas reformas, se mantuvo este derecho. Sin embargo, en la Constitución de 1998 la Naturaleza fue vista todavía desde una visión antropocéntrica. Ésta era considerada como el medio ambiente del cual los seres humanos dependen. Esta visión implicó que para ejercer mecanismos constitucionales de protección al ambiente se requiera que los impactos negativos o daños ambientales necesariamente tengan relación con la afectación a los derechos de las personas.

Aún cuando el avance en los temas ambientales ha sido lento, éste ha sido constante. Y su acumulado histórico da resultados. Así, en la Constitución que estamos construyendo, hay importantes elementos que se han incorporado en los diferentes capítulos. La sustentabilidad como norma básica; el Buen Vivir como forma, contenido y objetivo del régimen económico; la soberanía alimentaria y energética; la protección de los ecosistemas: el derecho al agua como un derecho humano fundamental; son temas que se han incorporado en diferentes capítulos. El ambiente se convirtió en un tema transversal.

Sin embargo, el verdadero reto que asumimos, y por el cuál ésta será una Constitución realmente innovadora, es que se reconocieron los derechos de la Naturaleza, no como objeto, sino como sujeto de derechos. Conforme a lo planteado en el debate, “la Naturaleza tiene el derecho inalienable e imprescriptible a existir, perdurar, mantener y regenerar sus ciclos vitales, estructura y funciones”.

Desde las primeras discusiones sobre los derechos de la Naturaleza hasta la sesión plenaria que los sometió a primer debate en la Asamblea, hemos vivido un verdadero proceso de aprendizaje. El escepticismo que al principio se manifestaba en algunos asambleístas ha ido transformándose y retroalimentando los conceptos hacia una construcción más elaborada de derechos y una progresiva superación de las dudas y temores. Como diría el asambleísta Leonardo Viteri, “al principio pensé que era un absurdo que la Naturaleza tenga derechos, pero por qué va a ser absurdo si hasta las compañías tienen derechos”.

Estos derechos son el resultado de la búsqueda de un equilibrio entre los derechos de las personas y las colectividades, la producción de bienes y servicios y el respeto y la preservación de la Naturaleza, que es fuente de vida. Lo que de acuerdo la asambleísta Gabriela Quezada denominamos “el buen vivir supone que todos quienes participamos de ella seamos sujetos de reconocimiento de existencia y, por ende, de derechos.”

El reconocimiento de estos derechos, al decir del asambleísta Rafael Estévez, desde el inicio uno de los más fervientes impulsores de esta transformación revolucionaria, implica la necesidad de construir instancias que los garanticen. Se ha planteado la creación de una Defensoría del Ambiente y la Naturaleza o de una Procuraduría que asuma su defensa, y en todo caso será necesaria una Ley Orgánica de los Derechos de la Naturaleza.

Para otros asambleístas, como Mae Montaño existe una serie de decisiones políticas que deberán ser desarrolladas; por ejemplo, ¿quién realiza las acciones de reparación, a la que la Naturaleza tendrá derecho? Su propuesta es que las poblaciones locales, con la debida formación, podrían hacerlo, evitando así, que quienes se beneficien de estas acciones, hoy obligatorias por la Constitución, sean las grandes empresas remediadoras, como ha sucedido en el caso de los derrames petroleros.

Del debate de los derechos de la Naturaleza hay dos elementos que resaltar:

• Nunca fue tan profundo el debate sobre los impactos ambientales en nuestro país, ni tan digno el escenario en el que este dio. El país ha sido testigo de un trabajo intenso, serio, democrático en el seno de la Asamblea.

• En intensas sesiones se había logrado importantes niveles de acuerdo y hasta de consenso sobre el tema. Desde todas las bancadas se levantaron voces de respaldo a esta nueva visión en relación a la Naturaleza.

Pensar que los temas ambientales dejaron de ser marginales, es algo que debe llenarnos de orgullo a los y las asambleístas, al igual que la Naturaleza tenga finalmente derecho a tener derechos. Este es, a no dudarlo, un esfuerzo digno de la herencia liberadora de Eloy Alfaro.

Publicado en el blog de Alberto Acosta en la página de la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador el 17 de junio de 2008. Reproducido en el semanario Peripecias Nº 101 el 18 de junio de 2008. Se reproduce en nuestro sitio únicamente con fines informativos y educativos.