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J. da Cruz es analista
de información en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología
Social).
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Fallas de seguridad, alarmas y emergencias ocurren cada poco tiempo en la
industria nuclear. Debido a sus propias características las centrales
atómicas son permanente origen de inquietud, y también un problema social y
político. En nuestro país cada tanto tiempo se alzan voces reclamando la
instalación de reactores para producir energía, pero es necesario plantearse
complejas interrogantes.
El martes 25 de julio pasado informó la prensa que un percance había
detenido el funcionamiento de la usina nuclear de Forsmark, cercana a
Estocolmo, pero que el reactor no estaba afectado. Sin embargo, dos días
después la Inspección Nuclear del Estado (INE) calificó el suceso como muy
serio. El 1º de agosto, el antiguo director de obras de la usina comentó que
el incidente había sido el más serio después de los desastres de Harrisburg
y Chernobil. ¿Qué había sucedido?
Todo comenzó cuando un cortocircuito activó unos fusibles y de este modo se
perturbó el sistema de reserva para la refrigeración del núcleo del reactor.
Si no se refrigera, el reactor se funde debido a su propia generación de
altísimas temperaturas. Con el sistema de seguridad fuera de función hubo
que detenerlo. En realidad, una central atómica es una gran caldera para
hervir agua y el vapor resultante mueve turbinas que producen electricidad.
En el accidente de Harrisburg en 1979 se produjo una fusión parcial del
núcleo del reactor, pero el blindaje resistió y no escaparon gases
radiactivos; en Chernobil en 1986, el reactor explotó a causa de materiales
inadecuados sometidos a una prueba de resistencia mal hecha. Si en Forsmark
no pasó algo parecido se debió a que el reactor toma el agua de enfriamiento
de la red pública de cañerías, pero cuando el sistema suplementario de
seguridad quedó inutilizado, el riesgo de desastre estaba muy presente.
Forsmark cobró fama mundial en ocasión del accidente de Chernobil, pues la
primera señal de que algo raro estaba pasando fue que la radiactividad
medida fuera de la planta era mayor que la que existía junto al reactor.
Esto produjo alarma y temores pues basta con mínimas porciones de material
para que la radiactividad se difunda en el ambiente. ¿Alguien había retirado
material radiactivo de las instalaciones? Dudas y confusiones se disiparon
recién cuando se supo que el origen de la radiación había llegado desde
Ucrania con el viento del mar Báltico.
Aquella alarma inicial se transformó en alabanzas a la seguridad y al alto
nivel constructivo de las plantas nucleares suecas así como al personal
competente y habilidoso que las manejaba: esas cosas podían pasar en otro
lado, pero nunca en casa. Sin embargo, el periodista Fredrik Lundberg
analizó los accidentes ocurridos a lo largo de los años y presentó su
opinión divergente: pudiera ser que la mitad de los reactores de Suecia
estuvieran en realidad por debajo del nivel de seguridad internacional. En
parte, el hecho depende de que es imposible hacer controles de inspección
totalmente independientes.
En efecto, la Inspección Nuclear del Estado está encargada de investigar las
anomalías de funcionamiento, pero para descubrirlas depende de que la
industria nuclear le informe que algo anda mal. La INE controlará que se
haga lo que la industria dice que se hará para mejorarlo, pero no puede
hacer más. La inspección es un trabajo de colaboración entre industria y
autoridades y supone mutua confianza; sin esa colaboración y confianza, la
INE no puede hacerse una idea de lo que en realidad sucede en las plantas
atómicas, escribe Fredrik Lundberg.
Colaboración y confianza son una causa probable de que entre 1974, cuando se
instituyó la ley reguladora de la tecnología nuclear, y 2001, límite de la
investigación de Lundberg, solo un par de las muchas faltas denunciadas,
mayores o menores, alcanzaron los tribunales, y ninguna desembocó en una
condena judicial. Sin embargo, la INE comprobó que en varias ocasiones los
sistemas de seguridad habían estado inactivos, los sistemas de enfriamiento
de emergencia desconectados, había habido fallas de aislación y escapes,
problemas de diseño sin atender... Tales errores se cometieron y se siguen
cometiendo.
No es un problema específico de Suecia, sino de los aspectos sociales de la
tecnología. Los ciudadanos no perciben directamente los posibles efectos de
una planta nuclear: un escape radiactivo no huele, no duele, no mancha, no
se ve ni se escucha, pero envenena y mata. La única forma de detectarlo es
con dispositivos a cargo de técnicos que, de un modo u otro, están ligados
en simbiosis con la industria nuclear o con las autoridades que colaboran
con ella. Un incendio, por ejemplo, no se puede ocultar a los ojos del
público y éste puede defenderse por lo menos huyendo del lugar; un escape
radiactivo presenta un panorama completamente diferente.
La cuestión tiene, incluso, una dimensión política: la seguridad de la
sociedad entera queda en este caso prisionera de la confianza pública en una
rama de la actividad económica, incluyendo a quienes la controlan. ¿Qué pasa
si esa confianza se resquebraja o nunca logra ser establecida? ¿Qué tendría
que hacer la sociedad por su propia seguridad? ¿Repartir a todos contadores
Geiger y suponer que van a ser utilizados de manera correcta?
Ejemplos similares pueden hallarse en industrias de procesamiento químico y,
por supuesto, en las misteriosas elaboraciones militares. La existencia de
secretos comerciales no mejora las cosas y tampoco lo hace la –falta de–
presencia de un Estado débil. Si pensamos en el caso del Uruguay surgen
interrogantes lógicas. Cuando comiencen a producir las fábricas de celulosa,
¿podrá algún vecino definir si el habitual olor a repollo hervido implica
escapes de furanos y dioxinas? Furanos y dioxinas ¿dependen del olor, en
realidad? ¿Huelen? ¿Y qué pasa si el sistema de control de la empresa y el
control paralelo que piensa instalar el Estado muestran valores diferentes?
Mientras no sucede un desastre los riesgos emigran del debate. Así lo
indicaron las reacciones de los políticos suecos en los días posteriores al
incidente, desde las más conservadoras –“no hay motivo para rever las
disposiciones de seguridad”– hasta las de tinte ambientalista –“ningún
reactor debería estar en funcionamiento sin una seguridad del 100 por
ciento”. Todo siguió como siempre.
Los riesgos no residen solo en la misma producción de electricidad mediante
fusión nuclear sino que la minería de uranio es peligrosa, el manejo de los
residuos radioactivos no está para nada resuelto, muchas centrales nucleares
no cubren sus propios costos y la seguridad total de la explotación nunca
podrá garantizarse. Además, en Suecia, un plebiscito de 1980 decidió que la
producción de energía nuclear sería sustituida en la medida en que se
desarrollaran fuentes alternativas, y que la futura producción estaría en
manos del Estado. Nada de esto se ha cumplido. ¿Se cumplirían en nuestro
país disposiciones parecidas?
Basado en un artículo de Lisa Berthelson en la revista ETC, a quienes
saludamos.
Publicado en el semanario Peripecias Nº
12 el 30 de agosto 2006. Se permite la
reproducción del artículo siempre que se cite la fuente. Licencia de Creative Commons con algunas restricciones.
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