La Asamblea General de la ONU aprobó el 13 de setiembre la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, un instrumento internacional cuyas negociaciones tomaron dos décadas y que protegerá a los más de 370 millones de personas pertenecientes a esas comunidades en todo el mundo. El texto fue adoptado con 143 votos a favor, 4 en contra –Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia– y 11 abstenciones.

La Declaración consta de 46 artículos y establece parámetros mínimos de respeto a los derechos de los pueblos indígenas, que incluyen propiedad de la tierra, acceso a los recursos naturales de los territorios donde se asientan, respeto y preservación de sus tradiciones y autodeterminación.

El documento también reconoce derechos individuales, y colectivos relativos a la educación, la salud y el empleo. Uno de los puntos más importantes del texto es el referente al apego de los indígenas a la tierra. Varios artículos mencionan su derecho a poseerlas, utilizarlas y desarrollarlas. En este sentido, dispone que los Estados aseguren el reconocimiento y la protección jurídica de esas tierras, territorios y recursos y que no procedan a ningún traslado “sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa“.

El texto también hace hincapié en la importancia de la educación bilingüe y alude a la implementación de medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de las condiciones económicas y sociales de los ancianos, mujeres y menores, en particular.

La Declaración no es jurídicamente vinculante, pero representa un instrumento dinámico en las normas internacionales, que ayudaría a proteger a los indígenas contra la discriminación y marginación.

El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, acogió con beneplácito la adopción de la Declaración, a la que se refirió como un triunfo para todas las comunidades indígenas del mundo. En un comunicado, afirmó que se trata de un momento histórico en el que los Estados Miembros de la ONU y los pueblos indígenas se han reconciliado con sus dolorosas historias y han demostrado su disposición de avanzar juntos por el camino de los derechos humanos, la justicia y el desarrollo para todos.

El titular de Naciones Unidas urgió a los gobiernos y la sociedad civil a integrar de inmediato a sus agendas de derechos humanos y desarrollo los asuntos relacionados con las garantías de los indígenas. Asimismo, los instó a elaborar políticas y programas a todos los niveles para garantizar que la Declaración se convierta en una realidad.

Algunas voces latinoamericanas

El canciller de Bolivia, David Choquehuanca, que estuvo presente durante la votación, se mostró sorprendido por el voto negativo de países como EEUU o la abstención de otros, como Colombia, el único Estado iberoamericano que no votó a favor de la declaración, que asegura proteger los derechos de las minorías indígenas. “Espero que recapaciten. Este es un instrumento que nos permite luchar contra la discriminación y el racismo”, manifestó. A pesar de que la declaración no tiene carácter vinculante (no es obligatorio incluirla en las constituciones nacionales), Choquehuanca advirtió que el texto adoptado tiene una importancia similar a la Declaración de los Derechos Humanos.

En Bolivia ya se celebra la declaración. En medio de una entrega de tractores en Cochabamba, el presidente de la República, Evo Morales, señaló que es un hito histórico para el movimiento indígena. El Presidente convocó a un encuentro mundial de indígenas a realizarse el 10 y 11 de octubre y a una gran fiesta para el 12, “para recordar la invasión de los españoles”, dijo.

Pedro Nuni, directivo de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, anunció que su institución pedirá que sea reconocido como una ley de la República y que sea tomado en cuenta por los 255 asambleístas. “Que la Constituyente lo sepa y se adecue con los términos que corresponden. La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia dará un mandato a los asambleístas para que tomen como referencia esta declaración. Desde ahora son vanos los argumentos de los sectores contrarios de los pueblos indígenas”, dijo.

Los primeros en alegrarse por la declaración fueron los partidarios del Movimiento Al Socialismo. Raúl Prada aseguró que será tomada en cuenta para la nueva Constitución, e incluso antes de ser aprobada por la Organización de las Naciones Unidas, el partido oficialista reconocía el derecho a la libre determinación de los pueblos. El segundo vicepresidente de la Asamblea, Mauricio Paz, calificó de interesante la declaración de la ONU, ya que “es una conquista justa de la demanda de los pueblos indígenas”. Sin embargo, considera que al no ser una declaración vinculante a los países miembros, es una resolución en el ámbito sociológico. “En los efectos jurídicos es un reconocimiento para que los pueblos indígenas, en el marco de sus usos y costumbres, puedan determinar sus normativas para su uso dentro sus sociedades, pero siempre dentro del espacio nacional”, concluyó.

Por su parte, el representante del Consejo de Todas las Tierras del Pueblo Mapuche, el chileno Aucun Huilcaman, dijo que la decisión transforma a partir de ahora las difíciles relaciones entre los pueblos indígenas y los gobiernos de América Latina. Huilcaman consideró que la implementación de la declaración puede llevar a la creación de regímenes autonómicos y nuevos marcos jurídicos para las comunidades indígenas. “El derecho internacional ha dado un paso importante en el reconocimiento de los derechos colectivos”, estimó.

Tras su primera presentación en 1982 ante la entonces Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, varios países occidentales y africanos preocupados por la repercusión de la declaración en su soberanía lograron impedir su avance mediante continuados llamados a su renegociación. Estos retrasos fueron considerados por los activistas indígenas como intentos de proteger los intereses de las grandes empresas de estos países en las explotaciones económicas de sus tierras ancestrales. En 2006, después de ser adoptada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, lograron aplazar de nuevo su consideración hasta el actual 61 periodo de sesiones de la Asamblea General. Las diferencias con Estados africanos se solventaron en sesiones que incorporaron nueve enmiendas. Una especifica que los derechos reconocidos a los indígenas no se pueden interpretar como un peligro para la integridad de los Estados.

La aprobación de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas por la Asamblea General de la ONU es un hecho "histórico" para las comunidades nativas, especialmente para las de América, según indicó el dirigente y politólogo guatemalteco Álvaro Pop. Se trata de un hito "verdaderamente histórico", enfatizó Pop, politólogo indígena y presidente de la organización "Naleb'" (inteligencia en la lengua Q'eqchí).

Guatemala cuenta con unos 13 millones de habitantes, de los el que 46 por ciento pertenece a las 22 etnias mayas del país. Pop, quien es uno de los líderes de la misión indígena que observó las elecciones generales celebradas el pasado domingo en Guatemala, añadió que la ratificación del texto en la ONU representa "un hito importante en términos de legislación a nivel mundial".

En el marco de la globalización, "nos estamos dando cuenta de que las fronteras desaparecieron hace un tiempo y que, en ese sentido, las culturas, los pueblos, las migraciones y los derechos específicos, tienen un significado verdaderamente clave en el ámbito de las nuevas relaciones", subrayó.

Pop dijo que todos los pueblos indígenas del mundo, pero en particular los de América, "pueden apelar a estos derechos establecidos en la Declaración sabiendo que existen contextos que van a ir perneando las legislaciones nacionales".

En su opinión, las legislaciones nacionales tienen que prepararse para tomar en consideración los derechos de los pueblos indígenas, particularmente en contextos como el medio ambiente, la tierra y las relaciones que los inmigrantes empiezan a generar en algunos Estados de América Latina y el resto del mundo.

"El tema de los pueblos indígenas era particularmente importante porque había Estados que les interesaba mucho que se pudiera aprobar, pero habían otros que veían con preocupación un planteamiento que pudiera afectar definiciones de Estado al interior de sus países", anotó.

La otra cara de la moneda

Para las naciones que votaron en contra, la declaración otorgaba derechos a las poblaciones indígenas que entran en conflicto con los del resto de la población y con el marco constitucional de los países democráticos. Para ellos, el mayor problema es la interpretación de la palabra autodeterminación, que temen pueda interpretarse como derecho a la separación territorial o provoque la ‘balcanización’ de sus territorios.

“Australia ha expresado su oposición al uso del término autodeterminación, que más bien está relacionado con situaciones de descolonización (…) No podemos respaldar un texto que pone en peligro la integridad territorial de un país democrático”, expuso el embajador de ese país ante la ONU, Robert Hill, en su intervención.

Canadá apuntó que el documento no se adecua a su legislación en materias como la propiedad de tierras, su explotación o su uso por parte de las fueras armadas.

Entre los puntos más polémicos de la declaración figura un artículo según el cual “los estados deberán otorgar reconocimiento legal y protección” a las tierras, territorios y recursos que son tradicionalmente propiedad de los indígenas, así como a las áreas “ocupadas, usadas o adquiridas” por estos pueblos. También se polemizó por la idea de que los pueblos indígenas tienen el derecho al resarcimiento, lo cual puede incluir la restitución o, cuando no es posible, una compensación justa y equitativa por sus tierras y recursos, “que han sido confiscados, tomados, ocupados, usados o dañados sin su libre, previo e informado consentimiento”. Se objetó asimismo la disposición que obliga a los Estados a solicitar de los pueblos indígenas el consentimiento para cualquier proyecto que afecte a sus tierras, territorios y otros recursos.

A pesar de las resistencias de algunos, se ha dado un paso importante en el reconocimiento de los derechos indígenas; más allá del derecho sobre sus tierras originarias (que parece ser lo que más preocupa a ciertos gobiernos), su cultura y tradición. Para ser efectivo, este avance en la “democratización” de los derechos a nivel global debe ser complementado con políticas nacionales específicas, poniendo verdaderamente en práctica a la declaración, y haciéndola trascender más allá de los salones de la ONU.

Elaborado en base a reportes de prensa. Reproducido en el semanario Peripecias Nº 66 el 19 de setiembre de 2007. Se reproduce en nuestro sitio únicamente con fines informativos y educativos.