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Y. Solana es socióloga dominicana, coordinadora de
proyecto en INSTRAW (Instituto Internacional de Investigaciones y
Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer).
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Desde el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las
Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer –INSTRAW–, nos gustaría aportar
una serie de reflexiones derivadas del trabajo que el Instituto desarrolla en
marco del proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional, “Fortalecimiento de la Gobernabilidad con enfoque de género y a
la participación política de las mujeres en el ámbito local en América Latina”,
que tienen un vínculo directo con este Foro abierto en URBARED. El aporte
intenta relacionar la lucha contra la exclusión, descentralización y políticas
públicas locales desde un enfoque de género.
Si bien puede haber un cierto consenso en que un conjunto políticas públicas
locales coordinadas e interrelacionadas que ataquen de raíz el conjunto de
factores que producen las exclusiones serían, sin duda, una forma contundente de
enfrentarlas, antes de poner en marcha ese conjunto de políticas, los gobiernos
locales responsables de implementarlas han de disponer de una serie de
condiciones previas, pudiéndose señalar las que siguen entre las más
importantes: tener transferidas desde el gobierno central competencias,
funciones y recursos financieros; presentar capacidades políticas,
institucionales y técnicas como autoridades municipales y disponer mecanismos
eficaces de participación ciudadana y de rendición de cuentas. Por ello:
1) Es imprescindible que, desde el Estado, exista un modelo de descentralización
adecuado que permita la generación de esas condiciones en el nivel local, sobre
todo las que tienen que ver con /la transferencia de competencias, funciones y
recursos financieros/. En este sentido, la descentralización es aún un proceso
abierto en muchos países de América Latina y, en la mayor parte de los casos,
son necesarios muchos esfuerzos aún para crear esa verdadera autonomía
municipal. Esta situación, refleja además fragilidad en los propios mecanismos
institucionales responsables de la descentralización.
Las mujeres han debido de enfrentar las consecuencias de modelos mal definidos,
como aquellos en los que la transferencia de competencias no ha ido acompañada
de los recursos necesarios para asumirlas, en cuyo caso, los servicios y
prestaciones responsabilidad del gobierno municipal ha recaído fundamentalmente
en las mujeres, incrementado el fuerte trabajo no remunerado que ya realizaban.
En otros casos, cuando se realiza la transferencia de recursos, difícilmente
ello lleva aparejado la designación de un porcentaje específico para las
cuestiones de género.
Al tratarse la descentralización de un proceso abierto, se presenta una
interesante oportunidad de incorporar el enfoque de género a esta reforma del
Estado de manera articulada entre lo nacional y lo local.
2) En cuanto a las capacidades políticas, institucionales y técnicas de las
autoridades municipales, en gran parte de los municipios latinoamericanos
existen aún dificultades para ejercerlas plenamente, y más si se miran desde un
enfoque de género. Desde el escaso entendimiento de este concepto por parte del
personal técnico, hasta la cultura política, predominantemente patriarcal, es
difícil que los planes de desarrollo local, cuando existen, incorporen la
perspectiva de género. Por ello es necesario que la perspectiva de género
implique a las instituciones, el personal y al sistema político local
integralmente.
3) Respecto a los mecanismos eficaces de participación ciudadana y de rendición
de cuentas, vemos que mientras que las mujeres ejercen una participación
política en su sentido amplio de manera masiva y central para la supervivencia
de los municipios, siguen sin estar presentes de manera equilibrada en los
puesto de toma de decisión de los gobiernos locales; siendo 50’4 % de la
población total, según la información recabada de 16 países –con un total de
15,828 municipios– se comprueba que las mujeres alcaldesas sólo representaban
5,3% de dicho total (…) entre los años 1999 y 2002 (Massolo 2006).[1]
En resumen, entendemos que para luchar contra las exclusiones, además de
emprender un conjunto integral de políticas públicas, es preciso contar con
grados de institucionalidad suficientes a nivel local, nacional e incluso
regional que den soporte y continuidad a esas políticas y fomentar una mayor
presencia de actoras/es sociales y/o políticos en todos los niveles, dotados/as
de suficiente capacidad para desarrollar agendas propias, así como de incidir,
negociar y concertar a través de ella con los/as agentes de gobierno. Sin una
perspectiva de género, ninguna de estas medidas será exitosa para enfrentar las
exclusiones de manera consistente.
Nota:
[1] MASSOLO, Alejandra. Participación política de las mujeres en el ámbito local
en América Latina. 2006. Disponible en:
http://www.un-instraw.org/participacionpolitica/docsdisponibles.htm
El presente artículo es parte del debate sobre
Mujeres y Gobiernos Locales en
UrbaRed, una iniciativa conjunta del Instituto de Investigaciones
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del
Instituto Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento de
Argentina (UNGS).
Publicado en
UrbaRed el 14 de setiembre de
2007. Reproducido en el semanario Peripecias Nº 68 el
3 de octubre de 2007. Se reproduce en nuestro sitio únicamente con fines
informativos y educativos. |