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N. Castro Herrera es educador, político
y periodista panameño.
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Este año, importantes conferencias internacionales han robustecido el consenso
ya existente sobre los principios fundamentales de la comprensión entre las
culturas y religiones, y su valor para cooperar por la paz [1]. Agrada
constatarlo, aunque aún falte bastante más para concretar la implementación
social de dicho consenso a escala mundial, y materializar los resultados que
deseamos.
Completar esa tarea requiere persistentes esfuerzos y respaldos a muchos
niveles, lo que sobrepasa la capacidad de los gobiernos. La efectiva
implementación de ese consenso reclama una amplia movilización ciudadana que las
organizaciones sociales –con la pluralidad de sus enfoques y campos de acción–
pueden impulsar.
Desde luego, promover la tolerancia y la comprensión entre las culturas y
religiones es premisa indispensable para armonizar naciones y grupos sociales.
Sin embargo, no es suficiente para garantizar ese objetivo y su perduración. La
convivencia fructífera entre gentes de distintas culturas y creencias sólo se
consolida cuando ellas comparten expectativas y proyectos, y confían en poder
realizarlos mediante esfuerzos comunes.
Aunque las desavenencias y reencuentros culturales y religiosos tienen su propia
dinámica, deben examinarse en su circunstancia, junto con otros factores. Como
se ha dicho, la rivalidad de intereses económicos, ambientales y territoriales
suele motivar tensiones que luego pueden ser manipuladas y exacerbadas en el
campo étnico, cultural y religioso. El problema es aún más complejo cuando hay
injerencia de intereses foráneos. Por eso mismo, evitar esas interferencias, y
propiciar cooperaciones y sinergias que contribuyan a un aprovechamiento
mutuamente provechoso de esos recursos contribuirá a acercar a las partes.
Recientemente, la Declaración [2] que reconoce los derechos culturales y
religiosos de los pueblos originarios o indígenas agregó un progreso adicional.
Para promover una convivencia más equilibrada entre los distintos integrantes
étnico-culturales de un país, es indispensable reconocer y valorar el legado
cultural de los pueblos nativos que, junto a las aportaciones de las poblaciones
inmigradas y criollas, enriquece y le da identidad propia al conglomerado
cultural de cada nación.
Además, ese reconocimiento es valioso en la lucha de esos pueblos por satisfacer
otras exigencias del desarrollo humano, como la ciudadanía, la justicia y la
igualad de oportunidades, que mitigan las diferencias con los demás grupos
sociales.
Es natural que, luego de siglos de marginación, muchos pueblos originarios
reclamasen el reconocimiento de su cultura y creencias como una ardorosa
reivindicación. Pero, a veces, ello ha servido para atizar resentimientos y
fomentar confrontaciones que le restan integridad socioeconómica y
gobernabilidad a Estados pluriétnicos. El caso extremo ha sido el de guerras
civiles que en nada sirvieron para mejorar las condiciones de vida material ni
espiritual de los pueblos afectados.
Para evitarlo, es preciso ayudar a que ese reconocimiento pueda asumirse, por
unos y otros, no como una exaltación de las desigualdades, sino como ocasión
propicia para convivir, intercambiar aportaciones y entender las diferencias
como oportunidades de complementarse en proyectos compartidos. Lo contrario es
ir a contrapelo de la historia, que hoy privilegia los procesos de integración
nacional y regional.
La alternativa de construir relaciones orientadas a la cooperación demanda
resaltar lo mucho que las culturas y religiones tienen en común, como formas
diferentes de sustentar aspiraciones morales y humanitarias que son similares o
compatibles. No obstante, para que el énfasis acentúe lo que hay de común, o
recaiga en las divergencias, se requiere un perseverante apoyo de los sistemas
educativos y los medios de comunicación.
En lo que toca al sistema escolar el Estado tiene responsabilidades que las
autoridades pueden cumplir. Pero, en lo que corresponde a los medios de
comunicación, hablamos de entidades privadas que con frecuencia invocan un
concepto de libertad de expresión renuente a acoger orientaciones estatales. En
tal caso, las organizaciones sociales pueden desempeñar un papel esclarecedor y
crítico en el esfuerzo por erradicar de dichos medios toda expresión de racismo,
xenofobia o intolerancia y exclusión cultural.
Nadie puede por sí solo completar el propósito que hoy nos reúne. También
organismos internacionales, gobiernos, organizaciones sociales necesitan
complementarse, junto a cada comunidad cultural y religiosa, para que la paz se
concrete como una realidad incluyente y duradera.
Notas:
[1]
Por ejemplo: La Resolución “Logro del respeto y la coexistencia pacífica de
todas las comunidades y creencias religiosas en un mundo globalizado”, adoptada
en la 116ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, Nusa Dua, Bali, el 4 de
mayo. También, la “Declaración de Nanjing sobre el diálogo interreligioso”,
acordada por el Tercer Diálogo Interreligioso de la ASEM en Nanjing, China, el
21 de junio. Además, la “Declaración y el Programa de Acción de la Reunión
ministerial del Movimiento No-Alineado sobre Derechos Humanos y Diversidad
Cultural, aprobada en Teherán, República Islámica de Irán, el 4 de septiembre.
[2]
Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea
General el 7 de septiembre de 2007.
El presente artículo es una intervención del autor en el
“Diálogo de alto nivel sobre la comprensión y la cooperación entre
religiones y culturas en pro de la paz”, Asamblea General de la ONU, 31 de
septiembre de 2007.
Publicado en el semanario Peripecias Nº 24 el 24 de
octubre de 2007. Se permite la
reproducción del artículo siempre que se cite la fuente. Licencia de Creative Commons con algunas restricciones.
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