La finalización de un periodo gubernamental genera condiciones para hacer un balance sobre los avances, retrocesos y/o estancamientos en la implementación de planes de gobierno, así como de las políticas públicas en general. De igual manera nos encontramos con la oportunidad de discutir ampliamente sobre los grandes retos hacia el futuro, a partir de una lectura crítica de la situación del país tanto en materia económica, social, política como cultural, para identificar con mayor certeza cuáles son aquellos valladares que impiden un desarrollo integral de la mayoría de la población.

En la última década hemos asistido a la consolidación de la tendencia neoliberal que trajo consigo la disminución de las responsabilidades, capacidades y obligaciones del Estado; mientras que en los años más recientes se dieron los procesos de ratificación de Tratados de Libre Comercio en condiciones desventajosas para el país; la apertura a procesos de Concesiones para la explotación de recursos naturales (minería, petróleo, agua) y la entrega de los servicios de las telecomunicaciones (teléfonos, aeropuertos, puertos y carreteras), así como la promoción de Megaproyectos Agrícolas orientados a la explotación de agrocombustibles afectando la producción nacional de alimentos.

En la actualidad se evidencia un precario goce de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales que se manifiesta por los siguientes hechos:

• A pesar que el porcentaje de la población que vive en condiciones de Pobreza disminuyó levemente, la población en situación de Pobreza Extrema se incrementó y se concentró en el área rural e indígena.

• Más de un millón de guatemaltecos/as han emigrado al extranjero, como única alternativa de sobrevivencia, constituyéndose el envío de Remesas en el principal amortiguador de las situaciones de pobreza.

• Más de la mitad de la población infantil se encuentra en situación de Desnutrición, mientras que la población en situación de Hambre se duplicó en un lapso de 10 años. Actualmente viven en Guatemala más de 3 millones de hambrientos, siendo el único país centroamericano que no logra frenar el crecimiento de esta población.

• El 75% de la Población Económicamente Activa labora en condiciones de informalidad, en actividades que son reprimidas, mientras que el Salario Mínimo no logra alcanzar el costo creciente de la Canasta Básica Alimentaria.

La instalación de un nuevo gobierno abre la oportunidad para discutir sobre que país queremos, cuánto nos cuesta y cuál es el aporte de los diferentes sectores. Desde la perspectiva de las organizaciones sociales la agenda estratégica debe estar centrada en el fortalecimiento del Estado y en especial en su función de redistribución del ingreso y la riqueza. El Estado debe promover, orientar, planificar y regular el desarrollo económico y social, con el fin de buscar el bien común, promover la inversión, el empleo y el crecimiento económico con equidad. Un Estado que juegue un papel fundamental en la dirección del proceso de desarrollo económico y social, al servicio de la población y no en función únicamente de las elites políticas y económicas, políticas y las mafias.

Es fundamental la construcción de un Estado que garantice la plena vigencia de los derechos humanos, el combate y erradicación de la impunidad, que garantice el acceso a la justicia sin discriminación y privilegios. Un Estado que se reconozca así mismo como multiétnico, pluricultural y multilingüe, que promueva y garantice los derechos de los pueblos indígenas, que respete las diferencias socio-culturales y combata la discriminación y el racismo. Dentro de las tareas estratégicas se encuentra el impulso de una Reforma Agraria de carácter Integral que promueva la propiedad de la tierra para los/las campesinas/os así como la asistencia técnica, crediticia y de mercados.

Otro de los aspectos fundamentales es el impulso de la Reforma Tributaria y Fiscal progresiva que fortalezca la tributación directa, para incrementar el gasto y la inversión social; ampliar la Seguridad Social para los trabajadores del campo y del sector informal; equiparar el Salario Mínimo a la Canasta Básica Vital y garantizar los Derechos Laborales.

Hay que alcanzar la cobertura universal de los servicios de educación hasta el nivel básico; concretar la Reforma Educativa contenida en los Acuerdos de Paz; garantizar el primer nivel de atención en salud y ampliar el acceso a los medicamentos. Hay que luchar también por la implementación de un Código Agrario; la Ley de Regularización de la Tenencia de la Tierra; y, la Ley de Tierras Ociosas. Así como por el fin de la impunidad; el respeto de los derechos humanos; la reducción del Ejercito; la reconversión militar y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

Convencidos de que la vigencia integral de los Derechos Humanos no solamente es necesaria sino también posible con voluntad política de quienes ejercen el poder público, hacemos un llamado al nuevo gobierno, encabezado por el ingeniero Álvaro Colom, a promover procesos que aborden las situaciones que impiden el pleno respeto de los Derechos Humanos de la población guatemalteca.

Guatemala, diciembre 2007.

Reporte de CONGCOOP (Coordinación de ONG y Cooperativas) y CIIDH (Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos).

Publicado en la revista electrónica Albedrío el 18 de diciembre de 2007. Reproducido en el semanario Peripecias Nº 78 el 19 de diciembre de 2007. Se reproduce en nuestro sitio únicamente con fines informativos y educativos.