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Al finalizar el año pasado, en el documento de trabajo que publicamos “Los
derechos humanos en la Bolivia del 2007” concluimos que la intolerancia era
el marco en el que se desarrollaban las controversias entre gobierno y
oposición, lo que ha provocado enfrentamientos; en la actualidad podemos
afirmar, que las fuerzas políticas continúan sometiendo a los bolivianos y
bolivianas a la incertidumbre y la inseguridad.
Los temas de confrontación continúan siendo, los relativos a la tierra, las
autonomías, los recursos naturales y económicos, la nueva Constitución Política
del Estado aprobada por la Asamblea Constituyente y los Estatutos Autonómicos,
la vulneración de la institucionalidad democrática, la discriminación y el
racismo, además de la inseguridad ciudadana y la aparición de grupos
paramilitares.
Es necesario que los operadores políticos, del gobierno y la oposición, sean más
amables con la ciudadanía y que asuman la responsabilidad que les corresponde,
más allá del impacto mediático y de la política del discurso y la agitación. Los
bolivianos y bolivianas esperamos soluciones y que los grandes males sean
encarados de forma efectiva. Más que escenas mediáticas de confrontación,
necesitamos la intervención firme del Ministerio Público, que procese y sancione
a los explotadores de hombres y mujeres, a los especuladores de las tierras y a
todos los delincuentes políticos y comunes que quedan en la impunidad y que
puedan reparar el daño causado a las víctimas.
Que en el marco de la justicia social, la normativa jurídica vigente y los
derechos humanos, terminemos con las vergonzantes situaciones que como sociedad
aún somos cómplices de: las nuevas formas de esclavitud reflejadas en la
servidumbre, la explotación extrema, la corrupción, el hambre, el maltrato
infantil entre otros, para ello necesitamos autoridades políticas capaces y con
la decisión política inquebrantable, que determinen luchar efectiva y
responsablemente, no coyunturalmente, en contra de estos males.
El bien común está supeditado a la voluntad e interés partidario y de grupos,
las necesidades y demandas sociales y económicas de la población no han sido
satisfechas, las determinaciones y políticas asumidas no mejoran efectivamente
la calidad de vida de bolivianos y bolivianas. La política opositora, está lejos
de la proposición y no contribuye en la solución de los males estructurales que
como nación continuamos enfrentando.
Se está haciendo costumbre, para diversos sectores políticos y sociales, forzar
y violentar la institucionalidad para lograr un propósito, bueno o malo, el
desconocimiento y atropello contra las instituciones, debilita la confianza en
las mismas; por ejemplo, sería irónico aplicar la pena de muerte para
reivindicar el derecho a la vida. Esto es lo que sucede con los referéndums
autonómicos, que antes de armonizar criterios de consultas, se atropellan
procedimientos institucionales y por otro lado posiciones políticas pretenden
limitar la participación ciudadana.
La debilidad que muestran las instituciones democráticas y la polarización de
las fuerzas políticas, están determinando, posiciones extremas como la aparición
de grupos armados al margen de los organismos de seguridad del Estado. Las
denuncias provienen de ambos lados, como la que ha llegado a instancias
judiciales, el caso reportado por la FELC, en la ciudad de Tarija de un miembro
del Comité Cívico de Tarija , que fue detenido en posesión de armamento de
guerra.
Los operadores políticos de la oposición y del gobierno, aún mantienen su
política de la provocación, para que la reacción del adversario, sea la que
determine el curso de su estrategia, en torno al interés partidario, por lo que
abandona su responsabilidad social, afectando el interés común de bolivianas y
bolivianos.
Fácilmente podríamos mantener el parágrafo del Informe del 2007 que dice “La
intolerancia y discriminación, han sido en el pasado y continúan siéndolo en el
presente, un mal endémico de nuestra sociedad y lo que en la actualidad viene
horadando más las diferencias, entre segmentos sociales, hasta asomarnos
peligrosamente a la confrontación. Los tiempos que vivimos están marcados, por
la irracionalidad, la intolerancia, la mezquindad y el revanchismo; estas
conductas que pueden ser fácilmente atribuidas a algunos funcionarios estatales,
líderes cívicos y políticos; y reflejan prácticas inapropiadas, que desmerecen a
las ideologías contrapuestas y a los avances conseguidos”.
Escenarios del diálogo Nuevamente ciudadanos y ciudadanas estamos sometidos por
fuerzas contrapuestas, con la intención de asumir posiciones extremas, en los
que los escenarios de diálogo se van agotando y los facilitadores tienden a ser
cuestionados si la imparcialidad no se inclina a uno de los lados.
La participación ciudadana, como dirimidor de las concepciones divergentes, no
está garantizada, por la fragilidad que muestra la Corte Nacional Electoral,
ente rector de las consultas democráticas. Los sectores políticos, no
flexibilizan su interés partidario y su intransigencia vulnera el respeto a las
diferencias, aspecto que podría incidir en las formas de solución que se
busquen.
Derechos humanos
Se ha repetido muchas veces que el tema de los derechos humanos, es inherente a
todas las personas, sin distinción de ninguna índole; derechos que en muchos de
los casos pretenden ser manejados de acuerdo al interés de los involucrados, al
extremo que su manipulación, pone en riesgo la vigencia de los mismos,
malinterpreta su sentido y principalmente pretende desvirtuarlos.
Hemos insistido y lo seguiremos haciendo en que los derechos humanos están por
encima de las ideologías, los partidos, los intereses de grupos y otras
mezquindades.
Impunidad
Es
una presencia que no termina de abandonar a las víctimas y menos reparar sus
derechos, las confrontaciones y los saldos lamentables que se tienen no han
merecido el seguimiento del Ministerio Público, para reparar el daño y lograr
justicia para las víctimas.
Los
hechos de impunidad si bien eran una carga para las víctimas de la intolerancia
política, hoy día continúan siendo una carga para las víctimas políticas, pero
también de las víctimas del vandalismo, la discriminación, el racismo, de la
represión a los movimientos sociales.
El
22 de enero, La Paz. Las oficinas de la Representación Presidencial para la
Asamblea Constituyente (REPAC) fue víctima de un atentado dinamitero. [1]
El
27 de febrero, Santa Cruz. Rónald Din Larsen, de nacionalidad estadounidense y
de 64 años de edad, instigó a cometer actos de violencia (lanzando pedradas y
balazos) en Caraparicito, distante a 80 kilómetros de Camiri (Santa Cruz),
contra funcionarios gubernamentales del Instituto Nacional de Reforma Agraria
INRA. [2]
9 de
abril, Puerto Rico, Pando. Una pugna del concejo de Puerto Rico derivó, en el
secuestro de la presidenta del Concejo, María Isabel Chipunavi, del secretario
ejecutivo de la Federación de Campesinos de la región y dirigentes sindicales
por un grupo de seguidores del concejal Jalbert Campos, ex miembro de la
agrupación ciudadana Poder Amazónico y Social (PASO), para obligarla a que
renuncie ya que hace dos meses fue reelecta como presidenta del Concejo del
municipio de Puerto Rico. [3]
13
de abril, Cuevo, Santa Cruz. Tres camionetas del INRA, fueron retenidas en esa
localidad, cuyas llantas fueron cortadas y pinchadas, totalmente destruidas,
saqueadas y desmanteladas. Se perdió valioso material de trabajo y documentación
del INRA, equipos de GPS y provisiones. [4]
El 4
de abril, Santa Cruz. Una nueva comisión encabezada por autoridades de Gobierno,
acompañada pacíficamente por policías y comunarios guaraníes, que se dirigían a
la comunidad indígena de Itacuatía, para dar comienzo al proceso de saneamiento
de tierras, fue atacada en el mismo sitio por ganaderos y personal contratado
por el Sr. Larsen con piedras y palos. La policía no pudo disuadir a los
agresores. Las acciones violentas se dirigieron especialmente contra los
indígenas guaraníes y contra la policía, resultando gravemente herido el Capitán
policial que acompañaba la comisión.
El
13 de abril, en la localidad de Cuevo, a pocos kilómetros de Camiri, una
delegación del pueblo indígena Guaraní fue interceptada y atacada brutalmente
por una turba de gente a instancias de hacendados de la región, dejando un saldo
de 46 personas heridas y 5 desaparecidas, tres de ellos periodistas y otros
asesores del pueblo Guaraní.
El
26 de abril, Tarija. Un operativo realizado por la Fuerza Especial de Lucha
Contra el Narcotráfico encontró en el domicilio de Jarol Flores Morales,
Vicepresidente del Comité Cívico Juvenil de Tarija, dinamita, munición de
mortero, granadas y balas.
La
acción negligente del Ministerio Publico es visible porque el (27/04/08), los
medios de comunicación reflejaron las intenciones de Jarol Flores: “…si alguna
vez tomamos medidas de hecho, necesitamos material, este material es
específicamente para eso, nosotros siempre vamos a estar prestos a defender a
Tarija…”, esto sumado a los antecedentes del Cívico en la toma de las oficinas
del Servicio de Impuestos Nacionales y el Instituto Nacional de Reforma Agraria
en diciembre del 2007, además de las agresiones publicas en plena plaza
principal a Héctor Dávalos y Jesús Gira por considerarlos “traidores a Tarija”.
Este hecho hubiese bastado para lograr la detención preventiva del implicado.
Abril 28, Cochabamba. El alcalde del municipio de Achacahi, Eugenio Rojas,
acompañado de dirigentes de varias organizaciones sociales locales, anunció la
reorganización del Ejército Indígena Popular para hacer frente, el domingo 4 de
mayo, al referéndum sobre los estatutos autonómicos en Santa Cruz. [5]
28
de abril, Uncía Potosí. Los pobladores de Uncía lograron la renuncia de siete
concejales y del alcalde de ese municipio, tras el avasallamiento de las
viviendas de dos concejales y la destrucción de sus bienes. La Dirección de
Fortalecimiento Municipal de la Prefectura de Potosí confirmó ayer que los siete
concejales titulares y el alcalde de Uncía, César Villca, dimitieron a sus
cargos. [6]
Derecho a la vida
El
derecho a la vida es un derecho fundamental de los derechos humanos que no puede
estar sometido a condicionamiento alguno, como por ejemplo, propiciar la muerte
por mano propia, delito que pretende escudarse en la Justicia Comunitaria, que
es derecho de los pueblos indígenas originarios y comunidades campesinas,
administrada por las autoridades de los pueblos indígenas, que gozan de la
legitimidad y apoyo de la comunidad para reparar el daño ocasional por una o
varias personas.
El
linchamiento ejercido por una multitud, es un delito no es justicia comunitaria,
porque se la realiza sin la presencia de autoridades comunales, no se toma en
cuenta las normas y procedimientos de los pueblos indígenas, originarios y
comunidades campesinas.
En
los tres primeros meses del 2008, según datos de la Fuerza Especial de Lucha
Contra el Crimen (FELCC), se han registrado 53 casos sobre linchamientos, 42
fueron intentos de linchamiento y 11 terminaron en muerte.
Intolerancia, discriminación, racismo y servidumbre
La
intolerancia se manifiesta como un mecanismo de resistencia a los cambios que se
producen y a la emergencia de grupos sociales que irrumpen en la vida política
del país, y tiene expresiones racistas y discriminatorias.
Los
grupos extremistas organizados, van cobrando más fuerza y se refugian en los
movimientos regionales y su accionar es agresivo y al margen de la Ley, las
discrepancias no se sostienen ideológicamente, no tienen sustento, porque asumen
defensa intransigente de consignas, posiciones partidarias o intereses
económicos.
No
es nueva la existencia de la sobre explotación laboral, social y humana a la que
son sometidos miles de bolivianos y bolivianas, acción que se manifiesta con
mayor intensidad y frecuencia en las grandes y medianas propiedades agrícolas,
ésta sobre explotación y la subvaloración de la condición humana es la que se
viene a llamar las nuevas formas de esclavitud, que no pueden persistir en estos
tiempos y deben ser sometidos a la justicia ordinaria y los tratados
internacionales para su procesamiento y sanción correspondiente.
La
servidumbre no es ajena al occidente, cuado a vista y paciencia de casi todos y
todas las ciudadanas estamos en complicidad de la sobre explotación laboral a
las trabajadoras del hogar, o los niños y niñas que bajo la relación de
ahijados, los cuasi emparentados, los explotan hasta el agotamiento extremo, sin
beneficio alguno.
Estas dos formas de explotación extrema deben ser castigadas con la mayor
severidad posible, en el marco de las leyes nacionales y los convenios y
tratados internacionales y cualquier comisión que se realice, no sólo debe
confirmar una dramática realidad a la que están sujetos nuestros compatriotas,
sino que al amparo de las leyes vigentes y encabezadas por el Ministerio Público
deben ser investigadas, encausadas y sancionadas a todas las personas que
resultaren culpables de los delitos contra la dignidad humana.
29
de febrero, La Paz. Las diputadas Ninoska Lazarte de Podemos y Marisol Abán del
MNR, además de varios periodistas y camarógrafos fueron agredidos verbal y
físicamente por manifestantes que cercaron el Congreso con el fin de evitar que
los opositores ingresen en el Parlamento, en el que se aprobó el pago de la
Renta Dignidad. [7]
7 de
marzo, La Paz. Las y los integrantes del denominado Comité Cívico Popular, afín
a sectores gubernamentales se trasladaron a la plaza Avaroa ubicada en la zona
de Sopocachi, para impedir de manera violenta la vigilia que intentaba realizar
el grupo que se autodenomina “pacifista” y que, indican sus impulsores, piden al
Ejecutivo que respete la democracia. Entre los "pacifistas" se destacó la
presencia de políticos de Unidad Nacional y Poder Democrático Socia. Después de
ser dispersados con gases por la Policía, un grupo de choque apedrearía el café
Ciudad de propiedad del Prefecto de La Paz, José Luis Paredes. [8]
26
de febrero, Santa Cruz. La Central Obrera Departamental llamó a una
concentración, en la ex terminal de buses para pronunciarse sobre los Estatutos
Autonómicos, en la que integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista provocaron a
los sectores sociales con expresiones obscenas.
La
situación de intolerancia llegó a tal punto que una madre de familia, que con su
hijo iba al mercado sufrió agresiones y el más afectado fue el pequeño que
resultó con heridas en las piernas producto de un petardo disparado por un
miembro de la Unión Juvenil Cruceñista. Asimismo, D
Asimismo, ero del 2008rovocaron a los sectores sociales reunidos ademria INRA.
os estudiantes de la Universidad Marcelo Quiroga Santa Cruz resultaron heridos.
[9]
13
de abril, Santa Cruz. Cuando un grupo de guaraníes de la Asamblea del Pueblo
Guaraní (APG) se dirigía a Itakuatia, Capitanía de Alto Parapetí, llegó a Cuevo
encontró dos bloqueos. Junto a ellos iba una comisión de 10 funcionarios del
INRA y del Viceministerio de Tierras, quienes fueron emboscados, y agredido de
manera brutal por grupos de choque, que armados de palos, piedras y armas de
fuego. Una lluvia de piedras cayó sobre las camionetas, el camión y el micro que
transportaba a hombres, mujeres y niños. Algunos lograron salir en los
vehículos. Los agresores haciendo uso de la violencia desproporcionada
persiguieron a los indígenas y funcionarios. [10]
10
de abril, Sucre. Wilber Flores, Diputado del MAS y presidente de la brigada
parlamentaria de Chuquisaca fue víctima de una golpiza que lo dejó
hospitalizado, con un diagnóstico de politraumatismo y con una baja de 10 días.
El diputado responsabilizó de la paliza, que se produjo cerca al mediodía en el
mercado central de la ciudad, a funcionarios de la Alcaldía de Sucre, quienes
antes le habrían perseguido profiriéndole insultos, cuando caminaba junto al
presidente del Comité de Vigilancia de Tarvita, Julián Oropeza. [11]
28 de abril, Cochabamba. Los pobladores de Achacachi, conocidos como los
"ponchos rojos" no descartan la lucha armada. [12]
El referéndum autonómico a realizarse en Santa Cruz el 4 de mayo, ha
incrementado los discursos racistas, tanto en oriente que hablan de una limpieza
étnica de collas y en occidente, de una limpieza extranjera.
28 abril, Santa Cruz. Residentes paceños viven un ambiente de incertidumbre en
Santa Cruz como consecuencia de las constantes amenazas que propalan miembros de
la Unión Juvenil Cruceñista de una limpieza étnica, luego de la consulta
autonómica prevista para este 4 de mayo.
"Gente de la Unión Juvenil Cruceñista nos amenazan en las calles y en los
mercados diciendo que a los collas nos van a sacar y que ya no nos quieren ver
más en Santa Cruz", afirmó Carla Moya, del mismo Comité de Residentes Paceños
que agrupa a gremiales, comerciantes y trabajadores de La Paz. [13]
28 de abril, La Paz. Roberto de la Cruz, dirigente de la ciudad de El Alto, del
Movimiento Octubre del 2003, declaró que después del 4 de mayo, si la Unión
Juvenil Cruceñista pretende hacer una limpieza étnica de collas, la población de
El Alto irá a Santa Cruz a hacer una limpieza de extranjeros. [14]
Libertad de expresión
Desde diferentes ópticas la libertad de expresión está seriamente afectada,
porque intereses de uno y otro lado se reflejan o influyen en la información,
estableciéndose un sesgo que deriva en una información dirigida.
A pesar de que la libertad de prensa, es reconocida y respetada en nuestro país,
la influencia de posiciones políticas e ideológicas y las presiones de
ciudadanas, han generado impedimentos en el ejercicio del derecho a ser
informados de todo lo que pasa en el país y las instituciones públicas.
El posicionamiento político en el que están incurriendo, algunos medios de
comunicación, ponen en riego a los trabajadores de la prensa, que se encuentran
en medio de las partes en conflicto y son objeto de las reacciones que derivan
en agresiones verbales y físicas en algunos casos daños a medios de
comunicación.
Los poderosos de uno y otro lado han olvidado que la libertad de expresión es
una garantía para una buena práctica democrática y el respeto a las diferencias.
El condicionamiento y la limitación son cadenas que atan el derecho a disentir y
mutilan el derecho democrático de ser o pensar diferente.
El ejercicio de la libre expresión tiene que ver con el respeto a los derechos
colectivos de las personas, con una información responsable, por lo que no puede
tomarse como una agresión al poder constituido, sino como una fortaleza
democrática y puede asumirse como una conducta preactiva.
Por lo que debemos condenar los excesos de y en contra de la prensa, sabiendo
que la libertad de expresión es una garantía para la libertad de los pueblos y
de las personas.
25 de marzo, Sucre. El Canal 7 y la Red Patria Nueva fueron víctimas de un
atentado por grupos exaltados que cortaron las transmisiones de ambos medios de
comunicación social del Estado. [15]
29 de marzo, La Paz. Falleció Carlos Quispe Quispe, de 31 años, empleado
de la emisora Radio Municipal Pucarani, en la ciudad del mismo nombre, a medio
centenar de kilómetros de La Paz (Oeste). El periodista sucumbió a las heridas
recibidas, dos días antes, en un violento ataque a la emisora de algunos
opositores del alcalde del MAS, Alejandro Mamani, que tuvo lugar en el recinto
del gobierno municipal, del que
depende la emisora. [16]
13 de abril. Santa Cruz. Unos habitantes de la localidad de Cuevo, ubicada al
Este del Departamento de Santa Cruz secuestraron y agredieron físicamente y
verbalmente a Tanimbu Estremadoiro y Fernando Cola, documentalistas
independientes, cuando se producía una confrontación entre representantes del
gobierno y propietarios de tierras de esa región opuestos a la reforma
agraria. [17]
Derechos laborales: entre las y los trabajadores dignos
o las “nuevas formas de esclavitud”
Una de las intenciones más serias de acabar con las y los trabajadores
organizados, sin duda, que fue la política económica del liberalismo a ultranza,
cuyos resabios subsisten hasta ahora: una profunda brecha social, disminución de
la calidad de vida, desprecio por los sectores sociales y sobre explotación de
sectores indígenas, al grado de servidumbre como fuerza laboral.
Los derechos de los pueblos indígenas como fuerza laboral agrícola, han sido
violados sistemática y permanentemente, ante el silencio cómplice de las
autoridades. Existen informes, denuncias e investigaciones y casos concretos de
sobreexplotación, lo que no existe son acciones legales del Ministerio Público y
las autoridades judiciales, para terminar con semejante barbarie.
Las nuevas formas de esclavitud, son condiciones laborales, que se manifiestan,
con mayor intensidad y de manera extremadamente cínica, en las grandes y
medianas propiedades de producción agrícolas y con menos intensidad pero con
igual frecuencia en las ciudades de todo el país, con el trabajo infantil que
muchas veces se disfraza de la cercanía casi “familiar” del padrinazgo con los
ahijados.
Las conquistas sociales del pasado son amenazadas, la discriminación de la mujer
embarazada es una práctica frecuente, la seguridad industrial es deficiente y en
algunos casos, inexistente, la seguridad social antes que un derecho laboral
está considerada como una pérdida empresarial y finalmente la falta de empleo y
subempleo continúa afectando la calidad de vida de las familias bolivianas.
Organismos de seguridad del estado
Las Fuerzas Armadas mantienen el carácter de privilegio que les proporcionan los
gobernantes, su influencia es cada vez mayor en las decisiones administrativas y
podría serlo, también en lo político. Existen muchos casos pendientes sobre el
tema de desapariciones, como el caso de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos
Flores Bedregal y Gualberto Vega Yapura, aunque aislado, el trato de servidumbre
a los conscriptos, la imposición institucional sobre la objeción de conciencia
que violenta los tratados y acuerdos internacionales sobre temas de derechos
humanos, además que mantienen el fuero militar, como parte de los privilegios
que arrastran desde el pasado.
19 de abril, La Paz. La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) detuvo a cinco militares y
los investiga por robo de munición de una unidad militar de la ciudad de El
Alto. La red de televisión ATB aseguró que los detenidos son dos oficiales y
tres suboficiales a quienes se investiga por la pérdida de 5.000 proyectiles de
calibre 9 milímetros de la Primera Brigada Aérea. [18]
La Policía Nacional aún carece de recursos y la atención gubernamental que se
les proporciona no es la necesaria, por lo que los riesgos en su lucha contra el
crimen organizado son mayores y en condiciones de desventaja. Existe una clara
intención de favorecer a los sectores ligados a la estructura gubernamental, y
no nos referimos a los pseudodemócratas o “pacifistas”, sino a otros sectores
sociales históricos como la COB.
Los primeros meses nos muestran una policía en conflicto, parcializados a los
adherentes del gobierno, como sucedía en otras épocas también; los miembros de
seguridad física, reiteran el cumplimiento de acuerdos que les permita mejorar
sus condiciones institucionales, asimilarse a la misma y principalmente mejorar
su situación económica. Los procesos de auditoria han determinado
irregularidades en la administración de recursos, el tratamiento que se ha dado
a este sector, ha estado caracterizado por el uso de la fuerza y la violencia,
además de la manipulación de niños y niñas en su piquete de huelga y
movilizaciones.
26 de febrero. Epizana, Cochabamba. Los policías Willy Álvarez Cuevas, Wálter
Ávila Fernández y Eloy Vidal Yupanqui, fueron torturados por más de 10 horas y
fallecieron en manos de un grupo de pobladores de la comunidad de Chillijchi
próximo a la población de Epizana. [19]
27 de abril. Santa Cruz. Tres policías fueron asesinados en la localidad de
Ascensión del departamento de Santa Cruz, cercana a la frontera con Brasil,
cuando dos personas en moto pasaron por delante de la comisaría de la localidad
y comenzaron a disparar hasta acabar con la vida de los tres agentes. Las
víctimas son: Los policías Sgto. Bernardo Choque Rosas y los policías Pedro
Salazar Cruz y Leandro Mancilla Avendaño, de la unidad Policía Rural y
Fronteriza de Santa Cruz. [20]
Migrantes
Después de un año de la imposición del visado por parte de la Unión Europea a
los bolivianos y bolivianas este colectivo sigue siendo uno de los más
vulnerables entre la población migrante latinoamericana en Europa.
Hay casi 400 mil bolivianos en el Viejo Mundo, de los cuales 350 mil están en
España y más de la mitad de ellos sin la documentación en regla, lo que les hace
objeto de explotación laboral, bajos salarios, detenciones policiales y abusos.
Las mujeres en su mayoría se dedican al trabajo doméstico, cuidan niños y
ancianos y no tienen contrato fijo ni prestaciones sociales. Ellas mismas deben
pagarse la seguridad social.
Los varones están aún peor. La mayoría trabaja en la construcción sector que ha
sido uno de los primeros afectados por la crisis económica en España que ha
elevado el nivel de desempleo en forma alarmante. Varios quieren retornar al
país y otros desean volverse micro empresarios, pero se enfrentan a la barrera
de no tener papeles. Es vital que las autoridades gubernamentales gestionen y
acuerden con sus homólogos de España, para que se les conceda permisos de
residencia temporales para trabajar y ganar de manera adecuada. Paralelamente,
hay serios problemas de división familiar y violencia domestica. [21]
Notas:
1. Agencia ABI.
2. Bolpress,
20 de abril del 2008.
3. Bolpress, 9 de abril del 2008.
4. WWW. INRA.
5. Periódico Los tiempos edición del 29 abril del 2008.
6. Periódico Los tiempos edición del 29 abril del 2008.
7. La Prensa,
sábado 1 de marzo del 2008.
8. El diario 7 de marzo del 2008.
9. Agencia ABI 27 de febrero del 2008.
10. WWW. INRA
11. La Razón 11 de abril del 2008.
12. Periódico Los tiempos edición del 29 abril del 2008.
13. Agencia ABI.
14.
Canal 7, Programa Bolivia Informa, 28 de abril del 2008.
15. Comunicado emitido el 26 de marzo del 2008 por Juan Javier Zeballos, Director
Ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).
16. Denuncia de Reporteros sin Frontera.
17. Denuncia de Reporteros sin Frontera.
18. TERRA / AP.
19. Periódico Los Tiempos, 26 de febrero del 2008.
20. Agencia ABI.
21. Edwin Pérez Uberhuaga, Director de la Revista Raiz Bolivia en España.
Reproducido en el semanario Peripecias Nº
95 el 7 de mayo de 2008. Se reproduce en nuestro sitio
únicamente con fines informativos y educativos. |
