Desde la década pasada la aplicación unilateral de una serie de leyes que fomentan el libre mercado, ha provocado muchas crisis focalizadas entre el gobierno y las organizaciones indígenas, pues los impactos negativos de la extracción de recursos autorizadas a grandes empresas nacionales o transnacionales en territorios indígenas, han sido tan graves como invisibilizados ante la opinión pública.

Desde el 8 de agosto, diversas organizaciones indígenas de la Amazonia peruana, tanto en el sur como en el norte (Bagua y Utcubamba en Amazonas, Datem del Marañón en Loreto, Echarate, en La Convención-Cuzco) realizaron una serie de acciones como el bloqueo de carreteras y la toma de instalaciones energéticas, demandando al gobierno la derogación de un paquete de leyes que violan sus derechos fundamentales, y que jurídicamente son inconstitucionales.

Los DL N° 1015 y N° 1073 reducen de 66% a 50% +1 los votos necesarios para que la Asamblea Comunal apruebe la venta de tierras. Una mayoría simple bastante precaria que según muchos analistas, es una sentencia de extinción para las comunidades, pues se mediría sólo entre los asistentes presenciales, además los miembros con derecho a voto sólo necesitarían tener un año de antigüedad dentro de la comunidad.

El artículo N° 89 de la actual Constitución Peruana (1993), aún cuando limitó una serie de derechos ya reconocidos, avala la autonomía de las comunidades indígenas (”nativas” y “campesinas”) en lo organizativo, lo económico y en lo que se refiere al uso del territorio.

El Convenio 169 de la OIT que tiene carácter vinculante y ha sido firmado y ratificado por el gobierno peruano en 1993, avala los derechos colectivos al territorio y a la consulta previa e informada (artículos 6, 15, 17). La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, aprobada en septiembre de 2007 y firmada por el gobierno peruano, ratifica este derecho.

Si bien las acciones de fuerza pueden cuestionarse, lo cierto es que el gobierno nunca ha atendido las demandas formales de los pobladores, y carece de una estrategia realista para la prevención de conflictos. Al declarar el Estado de Emergencia en las zonas de conflicto y eludir el diálogo al más alto nivel con el Presidente y el Premier, el Gobierno y los medios oficialistas subestimaron los alcances político-sociales de las protestas.

Al reducir a los indígenas a ser un grupo de violentistas desinformados, manipulables por ONG y organizaciones de izquierda, no sólo traslucieron el racismo inscrito en su discurso y práctica, sino negaban el peso político y simbólico de los hechos: por primera vez los indígenas amazónicos han consensuado demandas comunes y madurado una agenda sustentada para debatir las leyes que afectan sus vidas y su futuro.

El 20 de agosto las protestas se suspendieron tras el compromiso del Congreso de debatir la derogatoria de las leyes. El día 22 el Congreso derogó los decretos en cuestión, generando entusiasmo y esperanza en las organizaciones indígenas. El Presidente (”un error histórico”) y diferentes altos funcionarios consideran que con esto se condena a los pueblos indígenas a seguir en la pobreza y el abandono, un visión muy unilateral, ya que el desarrollo no sólo depende de inversiones económicas sino de políticas públicas adecuadamente implementadas.

Qué pasa en las comunidades andinas afectadas principalmente por proyectos mineros, hidroeléctricos y energéticos, donde yá rige la legislación que los pobladores amazónicos rechazan. La propiedad colectiva de la tierra ha sido mucho más erosionada, generando que las comunidades rurales se “vacíen” de jóvenes que emigran a las ciudades para vivir en la mayoría de casos en los cinturones de pobreza, y convertirse en precarios consumidores de un dudoso “bienestar”.

La tendencia a parcelar y titular individualmente es incluso deseada por los pobladores para poder vender y acceder a nuevos espacios de la economía de mercado imperante, pues no existe una política coherente de desarrollo agrario en el Ande.

El programa Sierra Exportadora no tiene estrategias de investigación, revaloración y posicionamiento de la biodiversidad y el conocimiento local, sino que tiende a insertar cultivos foráneos para satisfacer mercados externos, agregando a ello la amenaza del ingreso de transgénicos.

Todo esto por supuesto ha desestructurado profundamente las unidades productivas, el tejido social y la cultura tan admirable que hay en el Ande. No sólo en el campo sino en las ciudades, se ven los efectos caóticos de la globalización descontrolada.

Hasta ahora, el gobierno ha legislado sin informar ni consultar a las comunidades andinas y amazónicas, tratando de aplicar un modelo de inversiones primario-exportadoras que no redistribuye la riqueza, sino que promueve una lamentable aculturación y mayores brechas sociales.

No se trata de mantener una tradición inamovible, sino de proyectarse a la modernidad a partir de la matriz cultural propia. Los pueblos indígenas quieren tener libertad de decidir qué tipo de desarrollo, de modernidad y de alianzas les benefician, y no resignarse a una asimilación que significa más empobrecimiento, e incluso la desaparición como pueblos.

Los/as pueblos andino-amazónicos necesitan (deben) estar mayor y mejor informados, fortalecer a sus representantes locales, fortalecer sus alianzas dejando de lado discrepancias individuales, participar más en la toma de decisiones y la implementación de proyectos que afectan su futuro. El gobierno se fortalecería siendo más dialogante, teniendo apertura a otras formas de concebir el bienestar y el desarrollo. Sólo así, las leyes que se hagan serán más justas y estables, y lograremos verdadero progreso con paz social.

Publicado el boletín Wayra, producido por el Centro de Documentación del Centro de Culturas Indígenas Chirapaq Año 4, agosto 2008 N° 49. Reproducido en el semanario Peripecias Nº 112 el 3 de septiembre de 2008. Se reproduce en nuestro sitio únicamente con fines informativos y educativos.