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M. Ochoa Urioste es abogado boliviano,
investigador de la ciencia jurídica y escritor.
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El economista egipcio Samir Amin, en su libro “El capitalismo en la era de
la globalización” [1], advierte el problema de las luchas étnico - raciales,
el declive del Estado nación, y la secesión de países del Tercer Mundo en
las últimas décadas del siglo XX. Amin propone la reorganización del sistema
mundial a partir de grandes regiones, que agruparían zonas dispersas de la
periferia para enfrentar los efectos más adversos de la globalización
económica.
El bloque de la burguesía conservadora y la regionalización del conflicto
social
En Bolivia, tras la caída del régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada, las
fuerzas políticas de la derecha histórica diseñaron estrategias orientadas
al mantenimiento y la ampliación de privilegios de ciertos grupos de poder
económico. En primer lugar, a nivel ideológico y programático, tales ideas
se materializarían en la “regionalización del conflicto social”, vale decir,
en la socialización de supuestas diferencias históricas, culturales y
políticas entre los diferentes departamentos del país y sus habitantes.
Con este motivo se creó la agrupación neofascista “Movimiento Nación Camba
de Liberación” (MNCL), que no es precisamente un grupo aislado de la
burguesía conservadora boliviana; por el contrario, muchos de sus miembros
fundadores son a su vez asesores del Comité Cívico de Santa Cruz y de las
fuerzas parlamentarias de la derecha histórica. El MNCL tuvo desde sus
orígenes el rol de ser el articulador de todos los radicalismos discursivos
de este animado conflicto regional, con el fin de perpetuar las diferencias
en la votación del electorado boliviano de la última década.
Paralelamente, se propulsó la elección inconstitucional de los prefectos
departamentales; y se potenció a nivel mediático la presencia de los comités
cívicos.
En su conjunto, esta corporativización de la vida política boliviana
permitiría que la derecha histórica actúe internamente desde diferentes
frentes, a saber: 1) en la sociedad civil, a partir de los comités cívicos;
2) en el sistema de partidos políticos, mediante la mutación de otros
viejos, o su simple permanencia –en este frente se encuentran Poder
Democrático Social, Unidad Nacional y Movimiento Nacionalista
Revolucionario–; 3) en el régimen interno, por medio de algunos prefectos,
quiénes pese a ser aún representantes del Poder Ejecutivo, se autodenominan
falazmente “gobernadores”; 4) en los medios de comunicación, a través de los
periódicos, canales de televisión, y radiodifusoras de mayor audiencia.
Este bloque no persigue precisamente la secesión de Bolivia aunque su
discurso exacerbe demagógicamente los ánimos colectivos, y en otros casos,
alerte sobre la posibilidad de guerras civiles y la división del país. Esta
afirmación se explica en razones estrictamente económicas que “inviabilizan”
cualquier proyecto independentista, a saber: la dependencia del mercado
interno de los empresarios ganaderos y agroindustriales del oriente
boliviano; la necesidad de preferencias arancelarias en la Comunidad Andina
de Naciones para la exportación de soja; las millonarias inversiones del
sector financiero y de servicios provenientes del occidente boliviano; etc.
Sin embargo, esta “regionalización del conflicto social” tiene como
finalidad primaria la atomización del Estado, y más precisamente, la
división territorial del electorado para así lograr una mayor penetración de
los capitales multinacionales, la permanencia de los latifundios y la
ortodoxia neoliberal en ciertos enclaves geográficos. El proyecto de las
autonomías departamentales –tal como está concebido por el Comité Cívico de
Santa Cruz y otros grupos afines en su propuesta hecha pública– no persigue
una mayor descentralización política y administrativa; contrariamente, esta
consigna es utilizada por la derecha más conservadora para que en
determinados territorios de la República sus autoridades detenten mayores
competencias ejecutivas, legislativas y judiciales, y de esta manera se
reemplace la pérdida de representación política de los partidos políticos
tradicionales en el Gobierno Central y el Parlamento.
En las actuales circunstancias internas e internacionales, un auténtico
proyecto político de izquierda enmarcado en la democracia multipartidaria,
debería en todo caso propender a las siguientes tareas: 1) el
fortalecimiento del rol del Estado en la economía con la finalidad de
contrarrestar las adversidades del neoliberalismo y la globalización
económica; 2) el mantenimiento y la ampliación de alianzas políticas y
económicas, profundizando la integración latinoamericana, y los acuerdos de
complementación económica con países de Asia y África; 3) la superación del
conflicto económico y laboral de los trabajadores, sin discriminaciones o
diferencias étnico –raciales que además de ser irreales– puesto que las
burguesías y las oligarquías no tienen color de piel, patria ni idioma -
sólo contribuyen a radicalizar el discurso atomizador de la derecha
histórica, y perpetuar el electorado de este bloque que con el transcurso de
los años se afianzó en los departamentos ubicados en el oriente y el sur del
país.
El indigenismo y su funcionalidad
El Movimiento al Socialismo está integrado por agrupaciones y personalidades
de distinta orientación ideológica y programática: campesinos propietarios
de pequeñas parcelas, organizaciones de pueblos indígenas, pequeños y
medianos empresarios, profesores universitarios, etc. Esta heterogeneidad
explica la existencia de lecturas de la realidad muchas veces
contradictorias en este partido político que pretenden, entre otras cosas,
conciliar el pensamiento indianista de Fausto Reynaga, con aquél de Sergio
Almaraz, Karl Marx, Michael Foucault, Antonio Negri y la teoría económica de
John Keynes. Pero en los hechos, los niveles de decisión de la
administración de Evo Morales se circunscriben a un reducido grupo de
asesores bastante más conservadores y “pragmáticos”, que en los últimos
meses definió el rumbo de la Asamblea Constituyente, además de apostar por
la continuación de una rígida disciplina fiscal, dependencia y sujeción
plena a las medidas impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional, erradicación forzosa de los cultivos de coca, permanencia de
rentas bajísimas en la industria minera, etc.
Este vacío ideológico y programático se pretende superar aludiendo que el
Presidente y sus políticas de gobierno tienen legitimidad suficiente por la
simple razón que se encontraría al mando de la Nación un ciudadano indígena
por primera vez en la historia de Bolivia. Si a esto se añade que el
campesinado y ciertas organizaciones sociales herederas de idearios
indigenistas radicales –que persiguen, entre otras cosas, la reconstitución
del Qullasuyu– son el brazo social del Movimiento al Socialismo, ello
explica porqué ciertas autoridades de gobierno se decantan cada vez más en
un estéril discurso populista que gira entorno a revanchismos étnicos, que
en los hechos, sólo contribuyen a perpetuar la división territorial del
electorado boliviano, y por consiguiente, una importante representación
política de la burguesía conservadora en el Senado de la República, las
prefecturas departamentales, y la Asamblea Constituyente.
En efecto, desde las elecciones generales del año 2002 el mapa electoral
boliviano no cambió sustancialmente y se halla dividido geográficamente en
dos; cuestión ésta que se explica en gran medida como consecuencia de la
permanente interacción del discurso y la propaganda indigenista y
regionalista.
Pero quizás el mejor ejemplo de la funcionalidad de este indigenismo dentro
de la estratagema política del bloque de la burguesía conservadora sea la
propuesta constituyente de un Estado comunitario sobre la base de una nueva
división política y administrativa del país, que toma como criterio
inequívoco la existencia de una treintena de etnias que reclaman al Estado
boliviano, entre otras cosas, la asignación de tierra, territorio,
autonomías y competencias para definir el uso y el aprovechamiento de los
recursos naturales.
No obstante una parte considerable de la población habitante de las
comunidades campesinas y los pueblos indígenas vive por debajo de la línea
de pobreza –situación que no le es exclusiva, por cuanto también afecta a la
población urbana del país– no es menos cierto que algunas de sus autoridades
“naturales” buscan simplemente una mayor concentración de poder político y
económico a partir de nuevas competencias delegadas y atribuciones que,
sumadas al reconocimiento pleno del derecho consuetudinario indígena en la
reforma constitucional del año 1994 y la Convención 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, pueden terminar fragmentando aún más el Estado
boliviano.
Crítico de los etnicismos y los culturalismos, Amin refiere que algunas
prácticas políticas y sociales como la del comunitarismo norteamericano, que
da prioridad a las supuestas identidades comunitarias por sobre las demás
dimensiones de la identidad (pertenencia de clase, convicciones
ideológicas), se fundan en el pensamiento culturalista. Por ello, el
culturalismo étnico puede conducir a la fragmentación más amplia de
identidades construidas históricamente: la “etnia” invocada, enfrentada a la
“nación”, se escinde en subetnias, las tribus en clanes y así
indefinidamente.
¿Es posible en estas condiciones internas que Bolivia afronte con meridiana
capacidad las consecuencias nocivas de la mundialización moderna?, o por el
contrario, ¿las exaltaciones desmesuradas de lo regional y lo étnico,
sumados a la consiguiente pérdida de competencias y participaciones del
Estado en la economía, en su conjunto sólo contribuirán a profundizar el
declive del Estado nación para hacerlo todavía más vulnerable a los “cinco
monopolios” [2] del centro del sistema capitalista?
Notas:
1. Amin, Samir, El capitalismo en la era de la globalización, Edit. Paidós,
Barcelona, 1999.
2. Según Samir Amin, los cinco monopolios que distorsionan el funcionamiento
del mercado actual son el monopolio tecnológico, el control de los mercados
financieros mundiales, el acceso monopolista a los recursos naturales del
planeta, el monopolio de los medios de comunicación y el monopolio de las
armas de destrucción masiva.
Publicado en enero de
2007 en BolPress. Reproducido en el semanario Peripecias Nº
33 el 31 de enero 2007. Se
reproduce en nuestro sitio únicamente con fines informativos y educativos. |