En el marco del acuerdo donde el gobierno de Bolivia pagará 112 millones de dólares por las refinerías de Petrobras en ese país, el ex-ministro de energía Andrés Solíz Rada ofrece un punzante análisis.

Podría provocar hasta una despectiva sonrisa afirmar que Bolivia al re comprar a Petrobrás, casi al mismo precio, dos refinerías vendidas hace seis años (gobierno de Banzer), cumplió un acto de dignidad nacional que debe generar más dignidad. Cabe preguntarse si no se exagera la importancia de un mero acto comercial, de algo más de 100 millones de dólares, que para la estatal brasileña, una de las diez petroleras más grandes del mundo, que factura 100 mil millones de dólares al año, significará no percibir, aunque de manera ilegal, una renta adicional de 70 millones de dólares anuales. Sin embargo, el tema adquiere relevancia al recordar que Brasil es el país que más territorio usurpó a Bolivia, en su historia de permanentes mutilaciones territoriales, y que los gobiernos de Brasilia consideran al débil vecino como a su propio patio trasero, sobre el que creen tener mayores "derechos" que las transnacionales y los centros de poder mundial.

En 1996, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL) liquidó a YPFB, el ente estatal controlaba la exploración, explotación, transporte, refinación y comercialización de los hidrocarburos. Poco después, la casi totalidad de esa cadena productiva estaba en manos de Petrobrás, que iba acaparando hasta las gasolineras de barrios pobres. En 1999, al comenzar las exportaciones de gas a San Pablo, Petrobrás anunció que la materia prima serviría para instalar 49 termoeléctricas: 25 en Brasil y 24 en Bolivia. Ni una sola fue instalada en suelo boliviano. Luego aceptó instalar una planta en la zona boliviana de la frontera. La termoeléctrica fue construida en el lado brasileño, alimentada con un gasoducto clandestino. Al producirse el reclamo pertinente, autoridades de Corumbá (Brasil) dispusieron, como represalia, que los enfermos bolivianos, internados en el hospital de esa población, fueran desalojados. El abuso se prolongó por varias semanas.

En 1990, gobierno de Jaime Paz Zamora, Petrobrás ingresó al país a condición de operar en los mega campos de "San Alberto" y "San Antonio", lo que logró en sociedad con la francesa Total y la española Repsol (Andina). El contrato permitía a Bolivia cobrar el 50 % de regalías, además de impuestos adicionales. GSL clasificó a los mega campos, descubiertos y, en el caso de "San Alberto", explotado por YPFB, de "inexistentes", lo que hizo rebajar la regalía del 50 al 18 %. Admitamos, no obstante, que la prepotencia brasileña cabalgó siempre sobre la complicidad de gobernantes apátridas.

Al comenzar el gobierno de Evo Morales (enero de 2006), la brasileña EBX, apadrinada por Brasilia, se aprestaba a explotar mineral de hierro boliviano con carbón vegetal, lo que iba a provocar una descomunal deforestación. El Presidente ordenó, ante la incredulidad de la burocracia vecina, la expulsión de la EBX por incumplir normas ambientales. Era obvio que la sumisión se había resquebrajado. La nacionalización de los hidrocarburos, del 1-05-06, afectó principalmente a Petrobrás, por el control casi total que ejercía sobre la cadena productiva. El histórico decreto dispuso que la tributación en los campos de "San Alberto" y "San Antonio" se incrementara del 50 al 82%, por seis meses, lapso en el que Petrobrás y las transnacionales debían suscribir contratos de operación. Lula aceptó la medida aduciendo que había resuelto ser comprensivo con un país pobre, sin admitir que, en realidad, estaba atado de manos por la dependencia de San Pablo del gas boliviano, que satisface casi el 50 % de sus requerimientos.

La Resolución Ministerial (RM) 202, de 29-08-06, dictada en mi gestión de Ministro de Hidrocarburos y Energía, buscó ejecutar el Decreto de Nacionalización, al determinar que YPFB controle el petróleo crudo, convierta las refinerías de Petrobrás en meras prestadoras de servicios, establezca el margen de refinación y exporte los productos refinados que la estatal brasileña comercializaba en su propio beneficio. La RM 207 fue congelada, sin conocimiento del Ministro, por el vicepresidente Alvaro García Linera, quien fue presionado por el asesor del Presidente Lula, Marco Aurelio García, lo que provocó mi renuncia al cargo.

El 6 de mayo último (un año después de la Nacionalización), el gobierno dictó el Decreto Supremo 29122, por el que aplica en lo esencial la RM 207 y retoma la defensa del patrimonio público, a pesar del retroceso que implicó la firma de contratos de producción compartida con las petroleras. El impulso patriótico ha alcanzando a otras áreas, con la recuperación estatal de la fundición de estaño de Vinto (Oruro), de la que se había apoderado COMSUR, de GSL, y transferido a Glencore, del delincuente internacional Mark Reach, socio del ex Presidente. El gobierno pugna por controlar la mayoría del paquete accionario de Empresa de Telecomunicaciones (ENTEL), hoy en manos de Euro Telecom, de Italia, y ha abandonado el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial.

La petrolera brasileña ha resuelto no comprar más gas de Bolivia, a partir del 2019 (año de finalización del contrato), y adelantó que diversificará su abastecimiento del hidrocarburo desde el 2008. Entre tanto, Bolivia no pudo ser asfixiada al ampliar por 30 años la venta de gas a la Argentina, lo que le da tiempo para impulsar la industrialización del gas en su propio territorio. Brasil había sostenido que congelaba sus inversiones en Bolivia. Sin embargo, la brasileña Braskem anunció que está dispuesta a invertir 1.500 millones de dólares en un polo petroquímico. Como puede advertirse, el sometimiento origina más sometimiento y la dignidad genera más dignidad.

Publicado por Bolpress el 13 mayo de 2007. Reproducido en el semanario Peripecias Nº 48 el 16 de mayo de 2007. Se reproduce en nuestro sitio únicamente con fines informativos y educativos.