El campo es una bienvenida fiesta que brinda una imprescindible base de sustentación para cualquier proyecto de desarrollo en un país con las características de Argentina. Las señales de precio de esa bonanza son evidentes: los precios en dólares del maíz, girasol, trigo y soja han registrado un recorrido alcista hasta marcar picos históricos. Las cosechas y rindes han registrado máximos. Este boom viene acompañado de producción récord de maquinaria agrícola, fertilizantes y agroquímicos. Este favorable cuadro económico se tradujo en un alza pronunciada del valor de los campos, generando lo que se denomina efecto riqueza positivo de los dueños de la tierra. Y el contexto internacional ofrece una perspectiva muy alentadora para suponer que el actual ciclo se prolongará durante varios años más. Frente a ese escenario, uno de los impactos más relevantes en la economía mundial ha sido el alza de los precios de los alimentos. Incluso algunos analistas empezaron a especular con que esos precios se duplicarán en pocos años.

Ante esa perspectiva se plantea una cuestión clave para los gobiernos: cuál es la política para asegurar la soberanía alimentaria. Se trata de una cuestión con escaso debate público, reservado por ahora a ámbitos académicos. A nivel masivo sólo se ha expuesto la paradoja de que un país como Argentina, que produce alimentos para más de 300 millones de personas, un importante porcentaje de sus 40 millones de habitantes no puedan alimentarse adecuadamente. Pero ahora la discusión es más amplia, por caso, debido a que se ha puesto en controversia una función milenaria del campo como fuente para producir alimentos para las personas, para pasar a ser proveedora para elaborar biocombustibles.

Por ejemplo, la explosiva demanda de maíz por parte de Estados Unidos, primer productor y exportador mundial, para la producción de etanol como combustible gatilló una disparada del precio de esos granos. Así, por ejemplo, se colocó a México, uno de los principales consumidores de maíz, grano base de la alimentación de su población, en una situación de vulnerabilidad e inseguridad alimentaria. Se plantea, entonces, la opción entre el derecho a la alimentación y la ampliación de la actividad agrícola como proveedora de materias primas para elaborar combustibles.

La búsqueda de fuentes de energía alternativas y, a la vez, las transformaciones de pautas de consumo a nivel mundial, en especial en Asia, donde se van incorporando millones de personas al mercado de alimentos, provoca una fuerte alteración de un mercado sensible: la accesibilidad de los alimentos, por precio, calidad y cantidad, para la mayor parte de la población. Lo que se define como soberanía alimentaria.

Esos cambios estructurales, que generan un complejo y fascinante fenómeno a nivel mundial, tienen su traducción en lo que ahora se ha convertido en un término de moda: agflation, la combinación de agricultura e inflación. Consiste en un aumento en el precio de los alimentos que se produce como resultado de un incremento de la demanda de consumo humano y su uso como una alternativa en materia de recursos energéticos. En casi todos los países la agflation está produciendo manifestaciones de protesta. Aquí fue el boicot al tomate; en México la rebelión fue por el alza de la tortilla de maíz. Lo que se pone en cuestión con la agflation es lo que se conoce como soberanía alimentaria.

En Argentina, ese fenómeno se despliega en un contexto de incremento de la demanda por la mejora del ingreso medio de la población, de crecimiento de las exportaciones alentadas por los atractivos precios internacionales y por el elevado tipo de cambio. Ante esa situación, el gobierno apeló a casi todas las herramientas disponibles en el manual básico de intervención:

1. Subsidios mediante un mecanismo de compensaciones en la cadena del trigo (harina-pan) y del maíz (ganado vacuno y porcino), entre las más importantes.

2. Retenciones a las exportaciones para evitar que los elevados precios internacionales se trasladen a los locales.

3. Mecanismos para facilitar la importación, en el caso de la papa.

4. Restricciones a las exportaciones de trigo y carne para asegurar el abastecimiento interno.

5. Fijación de precios de referencia de venta al público en los principales cortes de carne y frutas y verduras.

6. Acuerdos de precios con las cadenas de comercialización y principales productores de alimentos.

7. Intervención en mercados concentradores, el de Hacienda y el Central.

8. Boicot de compra, en el caso del tomate.

Esas medidas tuvieron resultados dispares en cuanto a su efectividad, en un contexto donde los países van buscando mecanismos para enfrentar el aumento del precio de los alimentos. Caminos que se van explorando en un mundo que está caminando por un sendero desconocido como el de convivir con alimentos caros durante un prolongado período.

Publicado en ITF (Iniciativa para la Transparencia Financiera). Reproducido en el semanario Peripecias Nº 83 el 30 de enero de 2008. Se reproduce en nuestro sitio únicamente con fines informativos y educativos.