Eduardo Gudynas es director del Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), con sede en Montevideo, Uruguay. Es un experto en temas de desarrollo sostenible y trabaja como consultor e investigador en varios países del continente. En Ecuador se ha publicado su manual “Economía, Ecología y Ética del Desarrollo Sostenible” (AbyaYala), y es co-editor con Alberto Acosta de la colección de ensayos “Libre comercio: mitos y realidades” (AbyaYala). La semana pasada mantuvo encuentros con los integrantes de las mesas constituyentes de Recursos Naturales y Biodiversidad (5), Régimen de Desarrollo (7) y Soberanía, Relaciones Internacionales e Integración Latinoamericana (9). Fue expositor en el Desayuno Conversatorio “Innovaciones Constitucionales: Soberanía, ambiente y desarrollo”, invitado por la Asamblea Constituyente en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECI. En este contexto, le formulamos las siguientes inquietudes.

¿Es posible hablar de Soberanía Alimentaria en una realidad como la ecuatoriana?

Entiendo que no sólo es posible, sino que es indispensable. Países como Ecuador poseen todas las potencialidades para asegurar la mejor dieta a sus habitantes, y que a la vez eso sirva para sostener un vigoroso sector productivo y elevar la calidad de vida de la población rural. El problema que se vive en muchos países es que la producción agroalimentaria es manejada como si se tratase de exportar minerales o hidrocarburos, y por lo tanto se enfatiza en la explotación agroindustrial volcada esencialmente al comercio internacional, desatendiendo los mercados internos y generando la expulsión de campesinos y pequeños productores rurales.

Volver los ojos al desarrollo de nuestros mercados internos es la clave entonces... ¿Cómo podría una Constitución, como la que se está construyendo en el Ecuador, garantizar la inclusión de la soberanía alimentaria como uno de los ejes para el nuevo modelo de desarrollo?

Sin duda, por la relevancia del tema, se requiere que éste sea contemplado en cualquier constitución. La soberanía alimentaria no puede ser mencionada apenas como una aspiración o un deseo, sino que deben darse algunos pasos más: por ejemplo, insertar la soberanía alimentaria dentro de un marco de desarrollo rural. La producción de alimentos no puede quedar restringida a una mera actividad empresarial, sino que es parte de un desarrollo rural que también debe proteger a los campesinos y a los pequeños productores rurales, amparar sus estilos de vida y asegurar la calidad de vida de la familia rural. Estas metas apuntan a un nuevo estilo de desarrollo.

¿Cómo vio el trabajo de nuestros asambleístas en este sentido? Usted mantuvo reuniones con las mesas de Recursos Naturales, Régimen de Desarrollo y Soberanía...

Por el trabajo que he visto en la Mesa 7, sobre Régimen de Desarrollo, se están discutiendo con profundidad las alternativas posibles. También debemos reconocer que no es posible pensar en soberanía alimentaria ni en desarrollo rural si a su vez no se protege el suelo y el agua (Mesa 5), si a su vez no se conserva la base de recursos naturales sobre la que descansa la agricultura y la ganadería. Otros pasos implican reconocer las particularidades de la economía agropecuaria. En varios países se está cayendo en una visión reduccionista, donde se enfatiza únicamente su papel como proveedora de productos de exportación. En lugar de exportar minerales o hidrocarburos, se exportan granos o carne. Se desatienden los mercados internos para priorizar las exportaciones, y en especial por los altos precios que se obtienen en los mercados internacionales. A su vez, esto arrastra un aumento de los precios de la canasta básica de alimentos. Por lo tanto la soberanía alimentaria debe atender con mucho cuidado las fuerzas del comercio internacional. En muchos países, las estrategias nacionales quedan totalmente subordinadas a los vaivenes de los precios internacionales, por ejemplo determinados en la Bolsa de Chicago, y no en nuestras capitales. Por lo tanto, a mi modo de ver, cualquier cambio en el régimen de desarrollo debe brindar claras orientaciones en materia de política exterior e inserción internacional.

¿Se torna urgente, por lo tanto, pensar en la implementación de nuevos modelos de desarrollo en los procesos constituyentes de nuestros países?

Ese es justamente uno de los asuntos centrales. Por supuesto que una Constitución no necesariamente debe llegar a los detalles que se esperan en las leyes nacionales o en un plan de desarrollo a mediano plazo, pero debe encauzar y ofrecer un marco sobre el estilo de desarrollo al que se aspira. En general ha primado la idea de desarrollo como crecimiento económico. Frente a esto, algunas de las propuestas en discusión entre los asambleístas en Montecristi apelan a la noción del “buen vivir”, lo que es bienvenido ya que ello exige regresar a objetivos basados en la calidad de vida y el bienestar de las personas. No quiero negar la importancia de los procesos económicos, o del papel del sector empresarial, sino que deseo subrayar que éstos son mediaciones para alcanzar las metas de bienestar. La crisis económica en marcha en Estados Unidos es un ejemplo que nos debe servir de advertencia, ya que es producto de una desregulación y falta de vigilancia sobre bancos y agentes financieros. Su resultado hace que casi todos los economistas, incluso los más ortodoxos, están llamando a mejorar los sistemas de control y regulación. Por lo tanto, los circuitos económicos tradicionales deben ser fortalecidos y expandidos por su indudable contribución al desarrollo, pero es necesario ponerlos bajo una regulación social para que sirvan genuinamente al bienestar de las personas y de la sociedad toda.

En algún momento, el también académico e investigador Alberto Acosta, hoy presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador, planteó la necesidad de abrir un debate sobre nuevas economías: “post petroleras”, decía él. ¿Estamos hablando de un cambio de época, es el momento de trascender de la la economía extractivista, y fundar con ello las nuevas formas de concebir el desarrollo?

Esa es una de las cuestiones claves. En el caso de los sectores extractivistas tradicionales como la minería o el petróleo, que son recursos no renovables, sólo es posible una práctica de extracción del recurso. No hay otras opciones. Pero en la agropecuaria es muy diferente, ya que son recursos renovables, y por lo tanto puedo llegar a nuevos equilibrios donde es posible cosechar la riqueza de la naturaleza dentro de sus propios límites y capacidades de regeneración. El problema actual es que la producción agroindustrial de exportación se comporta como si fuera un sector extractivista: extrae los recursos del suelo, los erosiona, los contamina con agroquímicos y exprime esa riqueza, generando crecientes niveles de erosión, desertificación y cambios ambientales que son irreversibles. También existen consecuencias económicas ya que habría que restar del PBI (Producto Bruto Interno) agropecuario las pérdidas de capital por erosión, contaminación o pérdida del agua. Es así que un análisis económico serio, que toma en cuenta todas las ganancias pero también todas las pérdidas, se da la mano con la perspectiva del desarrollo sostenible, y desemboca en la necesidad de alentar un nuevo modelo de desarrollo rural. A mi modo de ver existen muchas mayores opciones, tanto económicas, como sociales y ambientales, en la alternativa de una nueva agropecuaria que en seguir insistiendo con los sectores extractivistas convencionales.

La soberanía alimentaria empieza a ser bandera también de las organizaciones indígenas y campesinas de Ecuador. De una u otra forma, este discurso siempre ha estado presente en sus proclamas. ¿Cuál es el papel de las campesinas y campesinos en este proceso?

Son los actores fundamentales. El nuevo desarrollo rural los pone en primer lugar, no sólo a ellos, sino a toda la familia rural. La soberanía alimentaria no es posible sin campesinos. Por lo tanto son actores que son tanto el punto de partida como el punto de destino de las reformas en el campo.

Finalmente, ¿cuáles son las implicancias de los acuerdos de libre comercio para la articulación de estas nuevas nociones de desarrollo: economías post extractivistas, soberanía alimentaria, desarrollo sostenible…?

Cualquier acuerdo comercial tiene implicancias potenciales enormes para el sector agroalimentario. Por ejemplo, un acuerdo de liberalización unilateral frente a grandes productores y exportadores, sea Estados Unidos o Brasil, puede significar el desplazamiento de la producción nacional por importaciones. Eso usualmente desemboca en desplazar a los campesinos, que no logran competir frente a productos importados, mientras que la producción agropecuaria sobreviviente se concentra en unos pocos productos que logran cierta competitividad exportadora. Justamente en procesos de este tipo, la consecuencia es dependencia alimentaria. Se cae en la paradoja de que un país debe exportar más de otros productos primarios, como minerales o petróleo, para obtener los dineros que le permiten comprar alimentos en el exterior o establecer planes de ayuda estatales para los pobres del campo. Frente a esto es necesario generar acuerdos comerciales que sean parte de un proceso de integración más amplio, y que por lo tanto incorporen una articulación de la producción agropecuaria, y permitan mantener los programas que eviten el empobrecimiento en el medio rural.

Asamblea Constituyente del Ecuador,

Ciudad Alfaro, 1 abril 2008

Publicado en la página de la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador el 1 de abril de 2008. Reproducido en el semanario Peripecias Nº 91 el 9 de abril de 2008. Se reproduce en nuestro sitio únicamente con fines informativos y educativos.