A estas alturas, todo parece indicar que la escalada de precios de los alimentos y la crisis alimentaria tienen un carácter global y estructural. Esta situación que va más allá de las señales, debería desencadenar en nuestro país un proceso urgente de reflexión y toma de decisiones que abarque esferas públicas y privadas.

Según el FMI, los precios de los productos del sector agropecuario crecieron, en menos de dos años, en un 48 por ciento: aunque parezca increíble, a un ritmo similar al del oro. Lamentablemente, ciertos productos con incrementos muy altos son al mismo tiempo muy sensibles para la economía de las familias más pobres: es el caso del arroz con un nivel de incremento de 110 por ciento, el trigo con, 80 % y la soya, con más del 70%.

Los factores que explican este comportamiento son diversos y tienen que ver con limitaciones en la oferta así como con expansiones en la demanda de alimentos en el mercado global.

Así, las crisis de suministro, asociadas a problemas climatológicos e interrupciones coyunturales de la producción explican el panorama de limitaciones en la oferta. En el caso del mercado mundial de cereales, se evidencia un dramático cambio de situación expresado por una crisis de cosecha. En efecto, de una situación de superávit de la oferta respecto de la demanda hace sólo 3 años –equivalente a 48 millones de toneladas–, se transitó a una de déficit de alrededor de 17 millones de toneladas.

Para comprender los cambios registrados por el lado de la demanda, se debe considerar que la prosperidad existente en la economía mundial durante los últimos años ha estado directamente asociada al crecimiento de China, que representa un 20% del consumo global de trigo, maíz y soya, e India; cuyas poblaciones –más de un tercio del total mundial–, demandan cada vez más alimentos. De hecho, actualmente ambos países se han convertido en las variables imprescindibles a considerar para analizar lo bueno o lo malo que le pasa a la economía global.

La convulsión social generada por la escalada de precios se ha dejado sentir no sólo en países latinoamericanos como México –con relación al maíz– y Argentina –que sufrió una huelga agraria– o del continente africano, sino también en países europeos. El Banco Mundial ha advertido que una situación de hambruna podría afectar a más de 100 millones de personas.

La dinámica verificada en los mercados de productos alimenticios plantea para nuestro país dos retos a encarar de manera simultánea: una situación de emergencia nacional destinada a velar por los más pobres que podrían convertirse en los más castigados por la crisis alimentaria global así como también una ventana de oportunidad para el desarrollo de una serie de cadenas productivas del sector agropecuario nacional.

Ambos retos sólo podrán ser encarados adecuadamente, si existe una acción coordinada de los agentes productivos nacionales y del Estado. Se trata de una nueva razón y de un estímulo concreto para el restablecimiento de una lógica de aproximación y entendimiento entre los actores públicos y privados.

Es necesario tener en cuenta que si se logra mayores niveles de productividad y competitividad en determinadas cadenas productivas, donde Bolivia tiene ventajas comparativas, no sólo se generará más divisas y empleos para la economía nacional sino también mejores condiciones para apoyar a los más pobres frente a una situación de crisis alimentaria global.

Publicado en Los Tiempos (Bolivia) el 1 de mayo de 2008. Reproducido en el semanario Peripecias Nº 95 el 7 de mayo de 2008. Se reproduce en nuestro sitio únicamente con fines informativos y educativos.