A principios de los 90, en buena parte de América Latina, incluido el Perú, se llevaron a cabo reformas legales e institucionales en las actividades extractivas –minería, petróleo, gas natural–. quince años después, queda claro que ésta se ha agotado.

Para atraer la inversión extranjera se dio una serie de incentivos legales (convenios de estabilidad jurídica), económicos y tributarios (depreciación acelerada, reinversión exonerada del impuesto a la renta). Asimismo, se permitió la virtual eliminación de la obligación de abastecer el mercado interno (petróleo), libre disponibilidad de divisas y arbitraje internacional para la solución de controversias, entre otros.

El eje central de la reforma consistió en aumentar la “competitividad tributaria”: cada país cobraría menos impuestos y regalías que su vecino. Comenzó así una “carrera hacia el fondo del pozo” (“race to the bottom”). En términos simples: a menos impuestos, más inversión extranjera. Pero los países estaban equivocados: esa competitividad tributaria es espuria y nada tiene que ver con la competitividad real.

Pero los inversionistas extranjeros no desaprovecharon la oportunidad de pagar pocos impuestos. La inversión sí vino a los países en la década del 90, con las diferencias inherentes a la dotación de recursos de cada país y a su particular juego de políticas.

Pasada la euforia inicial y, sobre todo, cuando comenzó la recesión 1998-2002 (por la salida de capitales y la crisis rusa), los países constataron que el crecimiento por sí mismo no trae desarrollo y que, por el contrario, puede profundizar las desigualdades. Luego, cuando los precios aumentaron –desde el 2004– los incentivos tributarios pasaron su factura: el país recaudaba poco en relación a los recursos naturales extraídos.

Esto no quiere decir que, en algunos casos, los impuestos no hayan aumentado. La cuestión radica en que el reparto de la torta aumentó en su desigualdad, llevándose las empresas una mayor proporción del alza de los precios internacionales.

Comenzó entonces un proceso desordenado pero con un solo objetivo: recuperar la renta cedida en los 90. En Chile, el Presidente Lagos se puso al frente del “royalty” a las mineras, lo que logró. En Argentina, hasta ahora lamentan haber vendido YPF y se ha creado una nueva estatal petrolera. En Bolivia y Venezuela, el movimiento ha ido tan lejos como conocemos y en Ecuador está planteado aumentar la participación del Estado en la producción de petróleo.

En Perú, en el 2000, se eliminó la reinversión de utilidades mineras exonerada de impuesto a la renta y en el 2004 se aprobaron las regalías mineras (que no están pagando las empresas que tienen contratos de estabilidad tributaria).

Recientemente, se ha planteado renegociar el contrato de Camisea para evitar el alza de precios del gas natural y también está sobre el tapete el cobro de impuestos a las sobreganancias petroleras y mineras, lo que implica renegociar los contratos de estabilidad tributaria.

Cada uno de estos temas tiene su particularidad, como se puede apreciar en este informe. En todos los casos, sin embargo, el objetivo es claro: se trata de aprovechar la renta diferencial que otorgan los recursos naturales, es decir, la diferencia entre el costo de producción y el precio de venta internacional.

Por ejemplo, el costo de producción de un barril de petróleo es de US$ 8/barril (el costo total es algo mayor pues se añaden los costos administrativos y financieros), mientras que su precio internacional hoy es de US$ 70/barril. De su lado, el costo de producción de cobre para Southern Peru es de US$ 0,48/libra y el precio hoy es US$3,99/libra. Mientras que el costo de producción del oro en Perú está alrededor de US$ 120/onza y su precio internacional ha superado los US$ 700/onza.

En todos los casos, el alza de precios se debe a factores exógenos económicos (crecimiento de China y Estados Unidos) ó geopolíticos (guerra en Irak, problemas con Irán). Por tanto, en esta coyuntura es legítimo el Impuesto a las Ganancias Extraordinarias, como lo hizo Ronald Reagan en EEUU en la década del 80.

Un país pobre como el Perú debe aprovechar al máximo esta oportunidad de elevar su recaudación tributaria (lo que no hace este gobierno), que apenas alcanza el 13,7% del PBI (una de las más bajas de América Latina), monto insuficiente para atender las demandas sociales y de infraestructura. Sin embargo, el comportamiento del gobierno de Toledo ha sido, en esta materia, igual al seguido por el régimen fujimorista: no ha mantenido el equilibrio entre las necesidades de la población y la búsqueda de ganancias por parte de las empresas. Pero también debe haber un adecuado uso productivo –y social– de esta renta.

Actualmente, una porción de los recursos provenientes del canon minero, petrolero y gasífero está empozado porque existen pocos proyectos de inversión y/ó porque son escasas las capacidades de gestión y administración de los mismos.

Aquí la responsabilidad recae en la política de desmantelar el Estado y reducir su capacidad de inversión. Durante los 90, bajo Fujimori, se eliminó el Instituto Nacional de Planificación y sus oficinas sectoriales y se desactivó la descentralización. El centralismo limeño dirigió todo el proceso desde las CTARes y, a través de organismos como Foncodes y Pronamachcs, promovió las dádivas del caudillo neoliberal.

Pero hoy, desde el Estado, los funcionarios culpan a los gobiernos regionales y locales de una deficiente “capacidad de gestión”, la que no fue corregida por este gobierno (aunque han habido iniciativas para superarla). Para tratar de “quitarle presión” al movimiento que clama por un mejor reparto de la renta –y desacreditarlo-, ahora se destaca que los gobiernos locales hacen “obras
improductivas” (plazas de toros, monumento al lagarto, entre otras), sin mencionar que éstas constituyen una pequeña porción del total, lo que no quiere decir que, evidentemente, no deben ser realizadas.

La recuperación de la renta de los recursos naturales –y su uso adecuado– es uno de los ejes del cambio económico que reclama el país y que se ha expresado con fuerza en la votación de abril, sobretodo en el sur. Eso no tiene nada de “populista” ni “estatista”. Lo que pasa es que quienes no quieren cambiar nada para que nada cambie, se esfuerzan en mostrar “cucos” donde no los hay, para quedarse con el íntegro de las sobreganancias, sin compartirlas con el dueño del recurso, la Nación peruana. Lo que está en la agenda es salir del dogma neoliberal y poner el péndulo económico al medio. Ya es hora.

El presente artículo fue publicado en la revista Actualidad Económica de Perú. Reproducido en el semanario Peripecias Nº 5 el 12 de julio 2006. Se reproduce en nuestro sitio únicamente con fines informativos y educativos.