El precursor constitucionalista de EEUU, James Madison, expresó que “el fin de toda constitución política debería ser conseguir primeramente como gobernantes a los hombres que posean mayor sabiduría para discernir y más virtud para procurar el bien público; y en segundo lugar tomar las precauciones más eficaces para mantener esa virtud mientras dure su misión oficial”. Aquellas sabias palabras deberían mantenernos unidos por una misma tesis; la democracia radica en el pueblo, las leyes en protegernos, y consecuentemente las autoridades están atadas a gobernar a favor de la mayoría ciudadana.

El reciente episodio en el que se expulsó a Ximena Bohórquez e Irina Vargas del Congreso Nacional demuestra a quienes realmente representa el Poder Legislativo ecuatoriano. Las diputadas recientemente elegidas fueron expulsadas al no compartir la postura del Partido Sociedad Patriótica de rechazar una eventual asamblea constituyente. La gran mayoría del país (contraria a la mayoría Congresista alias “La empacadora”) está de acuerdo en que se necesita una reforma política urgente y que el mejor método es por medio de una Asamblea elegida con un estatuto libre de los amarres de la partidocracia.

Es muy posible que las decisiones de las diputadas de apoyar la Asamblea Constituyente hayan sido tomadas debido a los factores antes mencionados, al 6% de credibilidad que posee el Congreso Nacional, y quizás hasta por rendición de cuentas temiendo el gran mandato del pueblo ecuatoriano (hago referencia en el temor, mas no en una conciencia cívica que considero inexistente en ellas). Sin embargo, es antidemocrático destituir a una diputada por decidir representar a aquellos que votaron por ella y, con esa decisión, ignorar el mandato dictatorial de su cúpula partidista. Esto es aún menos ético cuando aquella diputada respalda de igual manera los ideales y propuestas originales en las cuales su partido político fue constituido. Cierta minoría de la población asegura que el congreso recientemente posesionado está compuesto en el 80% por nuevos diputados y que al fin, después de varias décadas de hacer lo que les vino en gana, reformarán la constitución. Me imagino que deben haber varios diputados que valen la pena, pero mientras la mayoría sean siervos de los líderes en sus partidos, la imagen del Congreso seguirá por los suelos. Ante la ausencia de una entidad legislativa legítima, la Asamblea Constituyente será considerada la única forma de restaurar las diferentes instituciones del Estado. No obstante, la Constituyente no debe ser confundida como la panacea de todos los problemas, pero como un instrumento que debe ser bien utilizado para el bien común.

Aun así existen personas que le ponen reparos a la Asamblea Constituyente y creen que una reforma política no incide en el progreso de la economía, en la creación de empleo, ni en la inversión en infraestructura. Pero, ¿acaso no existe un costo que todos pagamos por la corrupción penetrante que existe en el Ecuador? Sólo en el año de 1997 se calculó que entre el soborno y la evasión tributaria de todo tipo, esto es, impuesto a la Renta, Consumos especiales, IVA y aduanas hay una fuga de recursos para el país de aproximadamente mil quinientos millones de dólares. Pienso que todos están de acuerdo en que esos mil quinientos millones de dólares es un costo elevado e innecesario. Tales costos no incluyen los salarios de la burocracia dorada, que como en el Banco Central es totalmente autónoma y en las que existe la impunidad y el derroche de recursos. ¿Se imaginan cuántos micro créditos se pudieran otorgar, cuántas viviendas y hasta represas hidroeléctricas se pudieran construir? Hay que escoger entre intentar frenar esta perdida de recursos con un gasto electoral necesario o conformarnos con ese costo de la corrupción que nos afecta no solo económicamente pero también como sociedad.

Se dice que una Constituyente es innecesaria para el Ecuador ya que es campeón en leyes y de lo peor en aplicarlas. A pesar de que es verdad que tenemos demasiadas leyes, lo que se busca no es mayor cantidad, mas bien mayor calidad en las leyes que nos rigen... leyes que los politiqueros se dedican a interpretar a su antojo. Existen tantas cosas que se deben cambiar y que el Congreso (ya confirmamos a quienes representa) nunca reformará porque no se van a dejar quitar el biberón del poder. Entre las cosas que se deben cambiar están: la forma como se eligen a los congresistas, la politización que existe en los tribunales y entidades reguladoras, la burocracia dorada entre otras la del Banco Central que es autónoma y en el cual el Ejecutivo no puede controlar ni salarios ni número de empleados / pipones. El Congreso, lleno de representantes de los lideres de los partidos políticos (no de los ciudadanos que los eligieron), viola la Constitución mil veces y cuando alguien quiere terminar esos amarres se rasgan las vestiduras e interpretan la ley a su antojo queriendo dar clases de ética y civismo. El problema actual es que no existe una constitución ni una estructura gubernamental que ayude al pueblo a erradicar las sinvergüencerías. Lo que existe en el Ecuador son leyes que legalizan el dudoso accionar de los dirigentes de nuestra patria.

Se dice que en la vida hay tres opciones: huir, callar, o actuar. No caigamos presos del miedo a la traición, ya que el próximo presidente bien sabe que una explosión social se avecina si no existen cambios radicales (otra razón por la que no puede claudicar al llamado a una Constituyente). No huyamos por el miedo al cambio, mas bien actuemos hacia la victoria y no perdamos la fe.

Publicado en CRE Blog el 12 de enero de 2007. Reproducido en el semanario Peripecias Nº 32 el 24 de enero 2007. Se reproduce en nuestro sitio únicamente con fines informativos y educativos.