Cuesta creer, la prometeica Asamblea Constituyente sometida y humillada por los partidos políticos y el Congreso Nacional, aquellos de los que justamente pretendió ser una legítima, saludable y democrática superación, para dejar atrás la crisis política a la que debe su existencia y plantear una reorganización estatal a fondo. No es fácil entender lo sucedido: Una de las primeras grandes discusiones de la Asamblea fue declararse soberana, originaria y plenipotenciaria, diciendo a viva voz, correctamente, que estaba por encima de los poderes constituidos –en especial del Parlamento– y, sobre todo, que buscaba refundar el país.

Ese histórico planteamiento de la Asamblea, presentado al medio de finas disquisiciones conceptuales y la oratoria de rigor para afrontar un reto histórico, termina antes de un año con su directiva haciendo antesala en los pasillos congresales, ofreciendo explicaciones ante el sistema político, sin refundar nada y con una ley inconstitucional que obliga a los constituyentes, invadiendo su reglamento, a votar por bloque y la fácil compensación de sueldos hasta que se promulgue la nueva Constitución. Pero claro, tampoco podría esperarse otra cosa de la Constituyente, si luego de cumplir su mandato el producto de cerca de medio millar de artículos proyectados por la mayoría, con casi la mitad aprobados por consenso y en tantos casos de inobjetable legitimidad, su nivel de formulación y coherencia hacen palidecer porque evidencian la ausencia de una dirección técnica y política en el trabajo de redacción de las comisiones y de organización del nuevo texto constitucional. Ni hablar del estancamiento en el procesamiento del impostergable reconocimiento de la plurinacionalidad del país y de las autonomías, sacrificados en el altar del desorden, la falta de conducción y la mediocridad política.

Sin ser muy pesimista, habría que concluir metafóricamente que la montaña parió un ratón. Y, entonces, unos y otros, tendríamos que preguntarnos ¿cómo nos volvemos a ver la cara, luego de estos resultados?

Difícil. Pero habrá que hacerlo, porque a pesar de los que nunca creyeron en la Asamblea Constituyente o que ahora baten palmas por estos resultados, lo menos que debe decirse por elemental honestidad intelectual, es que urge cambiar profundamente este país y que aquello sólo se puede hacer en un escenario político de esta envergadura. El problema está en cómo hacerlo, si en verdad casi nadie plantea seriamente cambiar en lo real, en lo concreto, en lo grande y en lo pequeño, empezando de cada uno, y por encima de poses y expresiones grandilocuentes. Cómo es posible transformar si tantos constituyentes o grupos de representantes institucionales, económicos, religiosos o productivos que están o se acercan a la Asamblea, sólo lo hacen buscando “constitucionalizar” pequeños, tradicionales y mezquinos intereses corporativos. O, peor, si imitando las ínfulas parlamentarias creen que es suficiente representar a un sector para que la opinión sea definitiva, que el cargo convierte en sabio, que basta trabajar de martes a jueves, etc. Está comprobado que pocos tienen la visión de imaginarse una reforma del país por encima de las particularidades, cuando el mandato histórico es, precisamente, el de construir un nuevo orden coherente y con futuro, por encima de las diferencias y en base a la diversidad.

En consecuencia, es imprescindible una seria revisión de lo sucedido y plantearse un enérgico cambio en la conducción política de la Asamblea, porque si no, los cuatro meses extras volverán a ser insuficientes y tendríamos que volver a las componendas políticas que casi hacen desaparecer a la democracia no hace mucho; y que, como vimos, rápidamente hincaron el diente y mostraron que son los mismos de siempre. En nuestra modesta opinión, viendo de cerca el proceso, debe empezarse por rescatar el desafío de entender esta Constituyente y su producto, una nueva Constitución Política, como el esfuerzo desesperado del país ante la extrema y desatada crisis de casi una década y que empezó a resolverse en las calles el año 2000 y terminó en los conocidos y trágicos límites de octubre del 2003. Consecuentemente, es imperiosa la urgencia de imaginarse otro país, resolviendo o, mejor, sentando las bases de un proceso que a corto y mediano plazo enfrente estos nudos gordianos de la construcción de un país para todos y que nos llevaron al callejón sin salida donde nos encontramos: la abismal exclusión social, cultural y económica que ha construido esos cercos de pobreza alrededor del “eje” y de las principales capitales de departamento y que tiene a las mayorías de indígenas, originarios y campesinos marginados y resentidos; el asfixiante centralismo gubernamental que impide resolver los problemas cotidianos de forma sencilla y barata y que produce tanto daño que hemos llegado a pensar como más importante el frasco de la capitalidad que la medicina del desarrollo; esas prácticas corporativas corruptas que hacen de lo público un negocio de grupos, logias o sindicatos, que diluyen la autoridad y la norma; etcétera.

En fin, otra vez contra el reloj y como es nuestra costumbre haciendo las cosas al final y a la carrera. El detalle en el cual reparar es que terminado el plazo de estos próximos y escasos cuatro meses, la diferencia puede ser un nuevo abismo de crisis política y regional de imprevisibles consecuencias o, con algo de suerte y sentido común, una etapa de reconstrucción y desarrollo, con todos y todas y para todos y todas, de un país esencialmente diverso pero único.

Y en esa alternativa, nadie podrá excusarse, para bien o para mal.

Publicado el 9 de agosto de 2007 en el boletín se noticias del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA). Reproducido en el semanario Peripecias Nº 61 el 15 de agosto de 2007. Se reproduce en nuestro sitio únicamente con fines informativos y educativos.