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Los resultados electorales
del 30 de septiembre de 2007 cierran un período dentro de la actual etapa
democrática y abren un campo de perspectivas en el que caben expectativas e
interrogantes. Este período culmina con el cumplimiento de la principal oferta
de campaña de Rafael Correa: la Asamblea Constituyente.
Una Constituyente que, en
base a sus poderes plenos, no se limitará a dictar una Constitución sino que
procederá a una renovación parcial de las instituciones estatales y a legislar
en estrecha relación con el gobierno.
Los resultados electorales
marcaron el hundimiento, tal vez definitivo, de los partidos políticos que
protagonizaron cerca de treinta años de democracia; y significaron la
inclinación del electorado ecuatoriano a pronunciarse mayoritariamente por una
sola opción... en términos lúdicos, a jugarse el todo por el todo a un solo
casillero de la ruleta. Por primera ocasión, un movimiento político naciente se
impone con tanta contundencia en tres elecciones seguidas –la elección de Rafael
Correa, la aprobación de la convocatoria a una Asamblea Constituyente y el
triunfo abrumador de Alianza País, tendencia de gobierno, en la elección de
asambleístas-; y esto último ocurrió en todas las regiones, cuando hasta hoy, la
característica había sido de una segmentación regional de la votación –ningún
partido por sí solo alcanzó en una elección pluripersonal la mayoría absoluta– y
una regionalización del voto, con partidos muy votados en una región, pero
sumamente débiles en otra. En esta ocasión, Alianza País alcanzó entre el 50 y
el 75% de los votos en por lo menos 20 provincias (de las 23).
Si bien se puede argumentar
que la intervención del presidente Rafael Correa en el período electoral fue
determinante, no es menos cierto que la oposición ha desaparecido por el momento
y que las dos fuerzas electorales que siguieron en segundo y tercer orden –
Sociedad Patriótica apuntalada por el ex presidente Lucio Gutiérrez y el PRIAN
financiado por Álvaro Noboa- gozaron también de condiciones relativas ventajosas
frente al resto de opciones; sin embargo de lo cual, su electorado es hasta
cuatro o cinco veces inferior al de Alianza País.
La derecha económica no
consiguió integrar un solo frente, sus dirigentes participaron en el proceso
electoral atomizados, en el afán de convertirse tras estas elecciones, en los
nuevos representantes del sector. La izquierda que quedó por fuera de Alianza
País, buscó también probar suertes e intentar aglutinar por separado a los
distintos fragmentos, paradójicamente dispersándolos y polemizando entre sí. En
ese sector, tal vez la fuerza política más afectada podría ser Pachakutik, que a
nombre del movimiento indígena tuvo un sorprendente surgimiento hacia 1996, pero
que desde entonces no consiguió fortalecerse y se encuentra ahora obligada a
revisar toda su estrategia y preguntarse si todavía representa al sector
indígena y si no comparte una profunda crisis conjuntamente con la propia
organización indígena nacional, la CONAIE.
Las líneas anteriores nos
llevan a adelantar una de las interrogantes que el fenómeno Correa y Alianza
País genera: las enormes dificultades que va a vivir el movimiento social para
recuperarse, reconstituirse y fortalecerse al margen del gobierno. Parece
visible que el peso específico de Alianza País será un obstáculo para la
renovación necesaria de un movimiento social independiente del gobierno y que
actúe como tal, como un contrapeso.
Por tanto, sin una oposición
de derecha fortalecida, sin una alternativa en el campo de la propia izquierda y
con movimientos sociales sumamente debilitados o con relaciones ambiguas con el
gobierno, la responsabilidad de marcar límites al ejercicio del poder y evitar
autoritarismos recae en las propias manos del gobierno y de Alianza País,
obligada a fijarse sus propios linderos y a promover un ambiente democrático de
debate y de creación de consensos enriquecidos en el espacio del desacuerdo.
Elementos como los medios de comunicación tampoco aparecen como factores de
contrapeso y favorables a encontrar un equilibrio, pues se han convertido,
incluso sin asumirlo expresamente, en la última trinchera de los intereses
corporativistas y de las élites del poder económico.
Las
expectativas y el discurso presidencial
Mientras tanto, las
expectativas que se abren, se afirman en el propio discurso presidencial
acompasado por un carisma particular y poco común del presidente Rafael Correa,
y que en el futuro el gobierno buscará concretarlos en políticas a mediano
plazo, dentro del propio Plan de Desarrollo presentado en los últimos meses:
• Fortalecimiento del Estado
frente a un largo período de dubitaciones neoliberales, pasos en falso y
políticas que a nombre del robustecimiento del sector privado frente al Estado,
han socavado las bases del segundo y no han permitido el despegue del primero.
• Renovación del pacto
político y del acuerdo social con la aplicación de una línea política dura, con
confrontaciones abiertas con actores económicos y políticos determinados, línea
leída por más de un sector como autoritaria.
• Aplicación, sin
ruborizaciones, de subsidios y ajustes tributarios que apuntan a disminuir la
brecha entre los más ricos y los más pobres. En términos de subsidios, se pueden
señalar tres notas diferenciadas con políticas anteriores: la conversión del
bono de desarrollo incrementado en un instrumento de microcrédito y en el marco
de un cambio de concepción del ministerio de Bienestar Social, hoy Ministerio de
Inclusión Económica y Social; la ampliación del bono de la vivienda pero
sacándolo de esquemas de construcción de conjuntos habitacionales gerenciados
desde el Estado sino dispersándolo por todo el país bajo un esquema de acuerdo
entre el beneficiario y el constructor privado local; y la apertura de una línea
de crédito subsidiado para pequeños productores.
• Aplicación de programas
que favorezcan a los sectores productivos nacionales y a la inversión del ahorro
nacional; propuesta que pone en cuestión la exportación del ahorro nacional
protagonizado por el sistema financiero y el Banco Central, que mantienen
importantes volúmenes de dinero en el sistema financiero norteamericano.
• Participación en una
estrategia regional que busque una ingeniería financiera por fuera de la
tradicional vinculación con el FMI y el Banco Mundial; estrategia que se
concreta, por el momento, en la creación del Banco del Sur como una fuente de
crédito menos rígida y alimentada por los propios países de América del Sur, y
que podría ampliarse con la creación de una especie de FMI sudamericano, evocado
en los discursos oficiales de algunos países.
• Revisión profunda de los
términos aceptados por el Estado a lo largo de la última década y media, en
cuanto a convenios y acuerdos con el sector privado (particularmente
multinacional) en áreas como las telecomunicaciones, la explotación y
comercialización petrolera, la provisión de combustibles (con la creación de
infraestructura estatal que disminuya la dependencia de la importación de
derivados).
• Un discurso marcadamente
crítico hacia el sector que controla la economía privada, financiera y
productiva, en el afán de desmontarlo, pero sin concreciones todavía. Una
intención manifiesta de desmontar el corporativismo, con la reforma de aquellos
espacios del Estado en los que existe presencia de los sectores privados.
• El fortalecimiento de la
infraestructura hidroeléctrica, vial, de riego, a ser manejada en gran medida
por el Estado, frente a la tendencia de la creación de entes privados encargados
de administrar recursos públicos.
• Diseño de una nueva
organización territorial del país que favorezca procesos de descentralización.
Se podría ensayar en este punto una cierta confrontación entre los afanes
descentralizadores y el interés del Ejecutivo de controlar centralizadamente
ámbitos del Estado que han actuado hasta hoy con cierta autonomía, como Banco
Central, Superintendencias, Contraloría. Este hecho se manifiesta, a pesar de
que en la reforma constitucional se apunte a una independencia de los organismos
de control.
• La recuperación, para el
Estado, del rol planificador desaparecido en la primera mitad de los años
noventa; se reinstauró la Secretaría Nacional de Planificación que elaboró un
Plan de Desarrollo para el período presidencial y que ha ido concentrando roles
cada vez mayores que le convertirán en el ente rector de las políticas
estatales.
• El Plan de Desarrollo es
un paso esencial que ha tardado varios meses en concretarse; es producto de una
serie de mesas de trabajo con diversos sectores de la sociedad. La conclusión
del Plan de Desarrollo es un paso importante que permitirá al gobierno orientar
y evaluar de forma más sistemática su propuesta política. El Plan se compone de
doce ejes que subrayan la búsqueda de cohesión social y equilibrio regional,
mejorar la calidad de vida de la población con acceso a servicios; soberanía
nacional y construcción de integración regional; un sistema económico solidario
con apoyo al pequeño productor y con generación de empleo, y construcción de una
sociedad participativa e intercultural.
Por el momento, estos campos
de intervención se han alimentado de decisiones aisladas del gobierno tomadas al
calor del debate al interior del régimen y a nivel nacional; acciones que hacen
parte del Plan de Desarrollo y se desarrollarían a través de proyectos de ley
que el ejecutivo piensa canalizarlos por medio de la Asamblea Constituyente.
Secciones del reciente análisis de coyuntura del
Comité Ecuménico de Proyectos (CEP),
de Quito (Ecuador), difundido en octubre de 2007. Reproducido en el semanario Peripecias Nº
72 el 7 de noviembre de 2007. Se reproduce en nuestro sitio únicamente con fines
informativos y educativos. |
