Colombia jamás había sido testigo, ni en los peores tiempos de las dictaduras militares (Reyes, Rojas Pinilla) y un civil (Núñez) de un ataque tan miserable de la cabeza del Ejecutivo contra la cabeza de la Rama Judicial (Corte Suprema de Justicia) acusándola de ponerse al lado del terrorismo, ufanándose de tener sometido al tercer poder, el Legislativo (Congreso) para llamar a un referendo, dizque para repetir las elecciones presidenciales del año 2006, las que son irrepetibles ya que van dos años y cuando sea aprobado el referendo y convocado el país apenas faltara un año del periodo presidencial o menos, haciéndose evidente que de lo que se trata es de impulsar la segunda reelección (tercer periodo), teniendo como excusa (hecatombe) la decisión de la Sala Penal de la Corte, tergiversando el contenido de ella, desacatándola descaradamente y calumniándola al decir que ella había invadido la competencia de otros jueces, y que además no había valorado las pruebas en el proceso de Yidis Medina Padilla, pero como si todo lo anterior no fuera suficiente, que magistrados de su seno, le hacían favores al terrorismo, todo lo cual socava la institucionalidad del país consagrado en la Constitución Política.

Nada de lo argumentado por el Presidente, hoy ya no legitimo, sino de facto, respecto de la decisión del máximo tribunal de justicia tiene razón. Efectivamente dentro del proceso de Yidis Medina se probó su responsabilidad, siendo que ella sola no podía cometer dicho delito, cohecho propio, además de que ella confesó haber cometido el hecho punible y allego al proceso documentos que incluso arrastro con ella a los entonces representantes, Teodolindo Avendaño e Iván Díaz, ya detenidos. Habiéndose probado que Yidis Medina recibió un pago por su voto para aprobar el proyecto de Acto Legislativo en el quinto debate en la Comisión Primera de la Cámara, donde de no haberse contado con su voto el proyecto se hubiera hundido irremediablemente y Uribe no se hubiera podido presentar a elecciones en el 2006. La votación quedó 18 – 16, con la ausencia interesada de Teodolindo, en una Comisión de la que hacen parte 35 representantes, donde para aprobar un Acto Legislativo se requiere mínimo 18 votos.

Lo anterior hace que aplicando el principio universal del restablecimiento del derecho, que no es sino volver las cosas a su estado anterior a la comisión de un hecho punible, la Corte Suprema compulsó copias para que la Corte Constitucional adelante el trámite de su competencia, ya que eliminado el voto de Yidis, la mayoría se reduciría a un resultado de 17 – 16, con mayoría a favor de la reelección inmediata, pero sin alcanzar la mayoría que obliga la constitución, es decir, 18 votos a favor, con lo que la Corte Constitucional debería como consecuencia de la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia pronunciarse nuevamente sobre la constitucionalidad de dicha reforma a la constitución, ya que al momento en que lo hizo en el 2005 no se conocía la forma como se había obtenido su aprobación, más cuando no de lógica el argumento que el Ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio sostiene que la conducta dolosa de un congresista no invalida una ley o un Acto Legislativo, toda vez que la decisión es de una corporación y la responsabilidad penal es personal, lo que es cierto cuando ese voto no es el definitivo, como ocurrió en el 2004 donde si Yidis hubiera votado en contra la reelección no se hubiera dado, así de importante lo era.

Ahora no se puede olvidar tampoco que la propia Fiscalía General de la Nación ya empezó a tomar decisiones al respecto en lo de su competencia, aunque esa entidad la dirige un incondicional del gobierno, tanto que hizo parte de él, Mario Iguarán Arana. Ya fue llamado a indagatoria Sabas Pretelt de la Vega, por la época de la aprobación de la reelección Ministro del Interior y Justicia, siendo así vinculado al proceso, lo que para nadie que es investigado penalmente es causa de jubilo, como intentó hacerlo ver el hoy Embajador en Roma, ya que para un llamamiento a injurada se requiere que existan elementos de juicio de los que se desprenda la participación en un delito.

Ahora Uribe decide desacatar a la Corte Suprema de Justicia y deja ver como tiene sometido al Congreso, eliminando los pesos y contrapesos creados en el siglo de las luces por Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu (1689 – 1755) en su obra El espíritu de las leyes (1748), donde dijo: “Cuando el poder legislativo está unido al poder ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad porque se puede temer que el monarca o el Senado promulguen leyes tiránicas para hacerlas cumplir tiránicamente. Tampoco hay libertad si el poder judicial no está separado del legislativo ni del ejecutivo. Si va unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo legislador. Si va unido al poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor”. “Todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, de los nobles o del pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares”, quedando estructurado el Estado moderno, dividido en tres poderes, que se debían controlar unos a otros y desde 1810 apenas asomamos a una incipiente independencia, establecimos un Estado dividido en tres poderes, el que mal o bien se ha mantenido hasta ahora, con algunas excepciones, hasta hoy cuando Uribe decidió que estaba por encima de tal división y que él debe tener todos los poderes a su servicio, soportado en su popularidad, que no es lo mismo que la legitimidad, es más bien legitimado.

Es popular o legitimado, pero no es legitimo su gobierno, pretendiendo llamar al pueblo colombiano a que refrende un delito, así todos los colombianos nos convertiríamos en cómplices del mismo y de paso él llegaría a su segunda reelección (tercer periodo), sin importar que ha sido apoyado por políticos de su coalición con reconocidos nexos con los peores asesinos de nuestra historia, los paramilitares. El pueblo tiene la palabra, espero después de reflexionar por encima del poder de los grandes medios de comunicación que se convertirán en la mejor forma de convencer con argumentos engañosos al pueblo a veces ignorante en estas materias, precisamente como resultado de la mediocre educación que el mismo Estado le ha brindado. Han abonado el camino de la ignominia para Colombia.

Nota 1: ¿Será que Diego Palacio también denunciara al Procurador General de la Nación por afirmaciones infamantes en su contra, ya que el formuló pliego de cargos por el caso de Yidis Medina?. Amanecerá y veremos si es inocente.

Nota 2: Ahora el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo acusa a los Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de tener nexos con paramilitares, cuando antes los había acusado junto con el Presidente de facto, de administrar justicia en forma sesgada cuando les negó a los paramilitares haber cometido delitos políticos, y resaltó que cometían era delitos comunes, como concierto para delinquir, narcotráfico, etc. Esa es la coherencia de éste gobierno.

Nota 3: El gobierno olvida que la Corte Constitucional ya dijo que por referendo no se puede modificar ningún periodo y el Presidente de facto, ahora quiere llegar a su tercer periodo por éste mecanismo de participación.

Publicado en el semanario Peripecias Nº 103 el 2 de julio de 2008. Se permite la reproducción del artículo siempre que se cite la fuente.